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Saber parar

Lo que en Cataluña, con la mitad de la población apostando con entusiasmo por la secesión, tiene visos de convertirse en el principio de una tragedia, aquí, en la España tropical, se asemeja mucho más a una comedia bufa.

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Desde el día que Rivero se sacó de la manga la consulta sobre el petróleo, tuve la certeza de que nunca se realizaría. Las idas y venidas del Gobierno regional en relación con este asunto han forzado la máquina de lo legalmente posible, pero también de lo socialmente asumible, hasta bordear el ridículo. Lo que en Cataluña, con la mitad de la población apostando con entusiasmo por la secesión, tiene visos de convertirse en el principio de una tragedia, aquí, en la España tropical, se asemeja mucho más a una comedia bufa. Aún así, el Gobierno de Canarias –al menos la parte del Gobierno que se mueve en el entorno del presidente Rivero- se resiste a aceptar que el Tribunal Constitucional le ha hecho un favor al suspender una consulta con graves defectos de planteamiento y escasísimas posibilidades de resultar un éxito.

En vez de hacer mutis por el foro, o emitir las consabidas declaraciones de condolencia y acusación a Madrid, Presidencia ha soltado a esa lumbrera que es Fernando Ríos Rull, para anunciarnos que Canarias disuadirá a Repsol por la vía de tributos contra las extracciones y ecotasas varias. ¿Alguien le ha dicho a don Fernando que Canarias no puede crear impuestos para actividades que no son de su competencia? Porque de competencia e incompetencia va la cosa. Canarias no es competente en la gestión de las extracciones, y Fernando Ríos en incompetente… básicamente en todo.

En fin: pongamos de una vez punto final a esta ridiculez. El Gobierno regional ha intentado parar las prospecciones y no ha salido, porque no tiene herramientas para ello. El Gobierno puede (y debe) seguir denunciando el trato indecente y desigual con el que el Gobierno de España y su ministro canario han tratado a esta región, apoyando decididamente las actuaciones de Repsol frente a las costas isleñas, mientras en Baleares o Valencia, se la han envainado sin mucha alharaca. El Gobierno regional puede (y debe) denunciar políticamente ese trato desigual, y puede (y debe) insistir en todas las vías judiciales que queden abiertas, aquí, en Europa y el todo el Universo Mundo. Pero debería impedir que sus holligans más aguerridos sigan pariendo una memez tras otra. El cupo del ridículo está más que cubierto. La pelea política por la candidatura de Coalición que movía a Rivero, perdida. Y agotada la amenaza de la consulta popular, en la que no creyeron ni siquiera ellos. Por cierto: que aquí no se encargaron nunca las urnas de cartón, eso es un secreto a voces. ¿Sabían ya que no se iba a celebrar la consulta?

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