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CajaCanarias embarga al Gobierno por 6 millones de euros

UN JUZGADO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE DICTA UN AUTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA

La entidad de ahorro tinerfeña declina pronunciarse al estar sub iudice el proceso - El Gobierno regional se ha opuesto a la orden de ejecución.

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La Comunidad Autónoma de Canarias se enfrenta a un nuevo agujero económico en forma de impago de una operación financiera con la Caja General de Ahorros, CajaCanarias, por un importe principal de 5.289.073, 58 euros, más otro millón de euros inicialmente calculados para intereses y costas judiciales.

José Manuel Soria, consejero de Economía y Hacienda en la fecha de la orden de ejecución judicial de 27 de mayo.

José Manuel Soria, consejero de Economía y Hacienda en la fecha de la orden de ejecución judicial de 27 de mayo.

El Juzgado de Primera Instancia 10 de Santa Cruz de Tenerife ha dictado, desde el 27 de mayo pasado mediante un auto, una orden general de ejecución contra la Comunidad Autónoma de Canarias (Consejería de Economía y Hacienda) a instancia de la entidad de ahorro tinerfeña, por la cantidad referida en concepto principal y 1.000.000 euros más previsto para intereses y costas, "sin perjuicio de ulterior liquidación" de una póliza de crédito no satisfecha en tiempo y forma por el Ejecutivo regional.

El auto recoge, en resolución aparte, las medidas necesarias para hacer efectiva la orden del 27 de mayo, en la que se acuerda requerir a la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, entonces dirigida por el presidente del PP de Canarias, José Manuel Soria, por la cantidad reclamada en concepto de principal e intereses devengados, en su caso, hasta la fecha de la demanda, y si no pagase en el acto, "procédese al embargo de sus bienes en la medida suficiente para responder por la cantidad por la que se ha despachado ejecución más las costas de ésta".

Contra el auto judicial no cabe recurso alguno, si bien la parte ejecutada podía oponerse al despacho de ejecución en el plazo de díez días, una medida que según las fuentes consultadas llevo a cabo la Comunidad Autónoma, máxime cuando desde CajaCanarias, su gabinete de prensa explicó a CANARIAS AHORA este viernes que no estaban autorizados a hacer un pronunciamiento público sobre el procedimiento "por estar todavía abierto".

Al estar sub iudice el caso, CajaCanarias se remite al momento en que haya una resolución firme sobre la orden de ejecución, un plazo que estima sea "entre marzo o abril de 2011", sin poder concretar a qué responde la póliza de crédito suscrita de 5,2 millones de euros ni desde cuando dejó de cumplir con sus obligaciones el Ejecutivo regional para llegar a una sentencia firme condenatoria y esta orden de ejecución.

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