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Canarias regularizará el alquiler vacacional

En caso de ser viviendas aisladas no necesitarán ninguna autorización, pero si se encontrasen en una comunidad de propietarios deberán contar con su visto bueno

Fernández de la Puente ha indicado que las condiciones físicas que se les exigen a las viviendas de uso turístico son similares a las de los alojamientos rurales

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 El viceconsejero de Turismo, Ricardo Fernández de la Puente en la reunión del Consejo Canario de Turismo, en el que estaban representados la comunidad autónoma, los cabildos, los ayuntamientos y las empresas del sector. EFE/Ángel Medina G.

El viceconsejero de Turismo, Ricardo Fernández de la Puente en la reunión del Consejo Canario de Turismo, en el que estaban representados la comunidad autónoma, los cabildos, los ayuntamientos y las empresas del sector. EFE/Ángel Medina G.

El proyecto de decreto que aprueba el reglamento de las viviendas de uso turístico en Canarias pretende garantizar la igualdad de oportunidades de todos los operadores y preservar los intereses de los turistas, ha dicho este miércoles el viceconsejero de Turismo, Ricardo Fernández de la Puente.

El decreto establece que todas las viviendas legales registradas en un ayuntamiento son susceptible de dedicarse a la actividad de vivienda vacacional con un período máximo de seis meses.

En caso de ser viviendas aisladas, no necesitarán ninguna autorización; pero si se encontrasen en una comunidad de propietarios, deberán contar con su visto bueno, ha dicho el viceconsejero antes de la reunión del Consejo Canario de Turismo celebrada hoy para analizar el proyecto de decreto.

El Consejo Canario de Turismo está formado por los consejeros de Turismo de los siete cabildos, la Federación Canaria de Municipios, las asociaciones Hoteleras, Extrahoteleras, del sector de la Restauración, Cafeterías y Bares, Agencias de Viajes, el sector del Ocio, el Colegio de Profesional de Diplomados y los Técnicos de Empresas y Actividades Turísticas.

También lo forman la Asociación Profesional de Guías de Turismo, y de Directores de Establecimientos Turísticos, Centro de Iniciativas Turísticas, Cámaras de Comercio, Industria y Navegación y los representantes sindicales.

El viceconsejero ha indicado que las condiciones físicas que se les exigen a las viviendas de uso turístico son similares a las de los alojamientos rurales y los propietarios deberán cumplir los requisitos exigidos a toda actividad económica.

El período de alegaciones al proyecto de decreto ha finalizado y actualmente se analizan las aproximadamente 180 presentadas.

Algunas de los críticos aseguran que el proyecto de decreto es excesivamente aperturista y demasiado flexible si se compara con otras comunidades, como Baleares y Madrid, según De la Puente.

El Gobierno pretende incluir a todos aquellos que cumplan los requisitos, pero hay exclusiones, como que los particulares no podrán alquilar habitaciones sueltas, al tiempo que se estudiarán cuestiones específicas, como las comunidades de propietarios que deseen unirse a la actividad turística.

Respecto al supuesto censo de viviendas de uso turístico que algunos sectores mencionan, el consejero ha indicado que se desconoce tanto el número de viviendas como el personas afectadas.

Por su parte, el presidente de Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT), Fernando Fraile, ha afirmado que los empresarios son partidarios de que las viviendas de uso turístico se regulen con exigencias similares a las que soportan los establecimientos turísticos, pues lo contrario "sería dar más facilidades a unos que a otros".

Actualmente, los complejos turísticos afrontan unas requisitos que encarecen el producto, y, a juicio de los empresarios, deberían extenderse a las viviendas turísticas.

Además, si no se establecen unas exigencias mínimas, ello devaluaría el archipiélago como destino turístico.

Fraile ha indicado que el borrador de decreto elaborado por el Gobierno "se acerca mucho a nuestras posturas con algunos pequeños matices".

Los empresarios consideran necesario acotar que se trata de que viviendas residenciales que pasan convertirse en turísticas, no que las que son actualmente turísticas puedan pasar a ser residenciales, pues "sería ir en contra de la propia filosofía".

"Es necesario dejarlo claro, así como dónde, cómo y con qué medidas se regular la actividad", ha insistido Fraile.

Asimismo, ha mencionado que la normativa actual del turismo rural en Canarias es muy restrictiva, con viviendas de más de 50 años de antigüedad y siempre fuera de los núcleos urbanos.

En caso de que, por ejemplo, algunas viviendas turísticas comenzasen a competir con las casas rurales, podrían hundir el sector.

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