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El fiscal rebaja a la mitad la petición de pena a los 53 acusados de pertenecer al entorno de ETA

A UNO DE ELLOS, JOSÉ IGNACIO URUÑUELA, LE RETIRA LA ACUSACIÓN

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El fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina rebajó este martes en casi la mitad la petición total de condena para los 53 acusados de integrar los aparatos político, financiero y social de ETA, e, incluso, a uno de ellos -José Ignacio Uruñuela- le retiró la acusación, aunque para otro solicitó más pena.

Tras más de 17 meses de macrojuicio, el más largo que ha celebrado en su historia la Audiencia Nacional, Molina, a quien acompañó en el estrado el fiscal jefe Javier Zaragoza, modificó sus conclusiones provisionales con una considerable rebaja de las penas reclamadas y que ahora oscilan entre los 4 y los 19 años de cárcel, mientras que al inicio del juicio, el 21 de noviembre de 2005, oscilaban entre 10 y 51 años.

Los máximos beneficiados por esta modificación han sido, además de Uruñuela, el ex dirigente de KAS Xabier Alegria, para el que antes pedía 51 años de cárcel y ahora solicita 13, el ex miembro de la Mesa Nacional de HB y ex presidente del Consejo de Administración del clausurado diario Egin José Luis Elkoro (de 48 a 19) y el ex consejero de Orain -editora de Egin- Francisco Murga (de 49 a 19).

Además, el fiscal pide que se declare responsables civiles por defraudar más de 1'6 millones de euros a la seguridad social, junto a la empresa ORAIN, a José Luis Elkoro, Francisco Murga, Isidro Murga -al único al que le aumenta la pena (de 16 a 19 años)-, Jesús María Zalakaín (de 48 a 19) e Ignacio José Zapiain (de 16 a 4).

También considera procedente "declarar asociaciones ilícitas y confirmar la disolución" de la Koordinadora Abertzale Socialista (KAS), de la organización EKIN -considerado el aparato político de ETA- y de la asociación europea Xaki, así como el decomiso y liquidación de su patrimonio.

Esta causa, instruida por el juez Baltasar Garzón, engloba las operaciones policiales contra KAS y su sucesora EKIN, el diario Egin, la revista Ardi Beltza, XAKI y la Fundación Joxemi Zumalabe por la llamada "trama de desobediencia civil".

Asimismo solicita que se decrete la ilicitud de las sociedades investigadas en esta causa: ORAIN, ARDATZA, HERNANI INPRIMATEGIA, ERIGANE, GADUSMAR, M.C. URALDE, UNTZORRI BIDAIAK-GANEKO y GRUPO UGAO, además de su decomiso y liquidación de su patrimonio.

Molina también pide que se declaren nulas las operaciones de transmisión patrimonial de ORAIN a la editora ARDATZA de 5 de marzo de 1993, y las transmisiones patrimoniales de ARDATZA a ERIGANE referidas a la nave industrial del Polígono Eciago y al inmueble de la calle Monasterio de Iranzu de Pamplona.

En la década de los 80, según relató el fiscal al leer sus conclusiones definitivas, el control por parte de ETA del resto de organizaciones de KAS (ASK, JARRAI, LAB y HASI) se extendió a toda la "izquierda abertzale".

La forma de poner en práctica dicho dominio -prosiguió- se desarrolló a través de lo que se conoce como la participación por "doble militancia", concepto que supone la intervención de miembros delegados directamente por ETA en KAS, mediante su integración en aquéllas otras estructuras del MLNV que quería dominar.

La puesta en práctica del propósito de ETA, a través de KAS, señaló el fiscal, se plasmó en lo que la organización criminal denominó "la utilización revolucionaria de la legalidad burguesa": el aprovechamiento de la legalidad democrática para, amparándose en ella, obtener más fácilmente sus fines.

Según el fiscal, "el grupo de comunicación ORAIN-EGIN, hasta su intervención judicial en el mes de junio de 1998, desarrollaba esencialmente tres funciones dentro" del llamado frente de masas, "constituyendo un instrumento de singular importancia para el conjunto MLNV controlado por ETA a través de la KAS".

En primer lugar, mantenía la cohesión interna del MLNV, servía además de instrumento de coacción como elemento al servicio de todos los frentes de la organización terrorista y por último -prosigue el fiscal- servía de "anestesia" de las masas afines al MLNV frente a los asesinatos del "frente militar" y las acciones de violencia.

Para Molina, dicha "pedagogía de la violencia" consiste en la capacidad de hacer asimilar a algunas personas afines del conjunto MLNV, pero con tendencias no violentas, "cuáles son los objetivos de ETA, cuál es el camino para conseguirlos y quien ostenta el control último del proceso, y a la sociedad española y a sus instituciones cuál es 'el precio por su obstinado rechazo a aceptar un proceso negociador'.

El proceso comenzó con 56 acusados en el banquillo, pero la cifra se ha reducido a 53 después de que el pasado 25 de abril uno de ellos, Jokin Gorostidi, falleciera a consecuencia de un infarto y de que el tribunal acordara excluir de la vista por motivos de salud a otros dos, Iñigo Elkoro Ayastui y José Ramón Aranguren.

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