Amorós reitera que en su gestión no hubo menoscabo de fondos públicos

El ex director general del Tesoro Alberto Amorós afirmó este lunes que los ingresos obtenidos por la Comunidad Autónoma de acuerdo con el convenio suscrito con entidades bancarias iban a los presupuestos del Gobierno y reiteró que en su gestión no se produjo un menoscabo de fondos públicos.

Amorós, que compareció por segunda vez ante la comisión que investiga su gestión al frente de la Dirección General, indicó que el convenio suscrito con el Banco Central Hispano y el Banco Bilbao Vizcaya en 1996 era novedoso y su firma, dijo, se produjo tras un “difícil parto” ya había que hacer las cosas adecuadamente.

El portavoz del grupo Socialista en esta comisión, José Alcaraz, dijo que con este convenio Amorós montó un “circuito extrapresupuestario” mientras que el portavoz del grupo Popular, Jorge Rodríguez, consideró que ello permitió crear una bolsa ajena al presupuesto público.

El ex director general del Tesoro y Política Financiera indicó que este convenio fue aprobado por el Consejo de Gobierno y aunque reconoció que al ser primero es susceptible de mejora, manifestó sentirse orgulloso de su resultado.

Indicó además que el beneficio de este convenio fue mutuo aunque apuntó que no se puede cuantificar.

José Alcaraz dudó de que Amorós no supiera cuanto dinero obtuvieron los bancos por este convenio y recordó que las entidades sí afirmaron que por este convenio la Comunidad Autónoma recibía 450.000 euros y 500.000 euros.

Consideró que el beneficio de los bancos era la colaboración y con ella se consiguió una mejor comunicación telemática de los procedimientos y de las actuaciones entre las entidades y el Gobierno.

José Alcaraz afirmó que hubo un hecho grave denunciado por una asesora jurídica departamental sobre la inclusión en los convenios de una adenda no informada en el que se permitía subcontratar con terceros.

Al respecto, Amorós dijo desconocer que había dos adendas del convenio y subrayó que sólo hay una, que fue la que se informó y se firmó.

Alcaraz sostuvo que en los trabajos de la Comisión se ha desmentido por parte de las entidades bancarias que el convenio no supusiera contraprestaciones económicas y reiteró que es necesario que se sepa qué rendimiento obtuvieron los bancos por este convenio.

Amorós defendió la legalidad de todas las actuaciones y dijo que gracias al convenio se obtuvieron las mejores condiciones del mercado para realizar determinadas operaciones, como el pago de las retenciones del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas y el pago de la Seguridad Social.

Además el ex director general aseveró que había una comisión de seguimiento formada por técnicos de la Consejería y de las entidades bancarias en la que se analizaba los resultados del convenio.

Agregó que las facturas de las actividades realizadas de acuerdo con el convenio eran pagadas por las entidades financieras y señaló que en el texto se definía la colaboración y en concreto qué tipos de actividades deseaba la Dirección General que se realizaran.

Dudas del PP y defensa de CC

Ante la afirmación de Amorós de que los bancos habían pagado a la Comunidad Autónoma “por nada” ya que sólo era por tener la cuenta y por dar servicios, el portavoz del grupo Popular, Jorge Rodríguez, mostró su extrañeza ya que dijo es difícil de entender que los bancos “den dinero porque sí”.

Rodríguez consideró que el convenio se utilizó para contratar trabajos “con quien usted quiso” y señaló que las propias entidades financieras afirmaron que se trató de un convenio rentable para ellas y que no sólo fue de patrocinio.

Amorós, que fue cuestionado por las jornadas celebradas en el hotel Bahía del Duque, dijo que además de ser un asunto acogido al convenio también era patrocinado por las entidades bancarias por lo que señaló desconocer el pago de ciertas facturas, como el de la actuación de un grupo folclórico contratado para amenizar una cena.

José Miguel González, portavoz del grupo de Coalición Canaria, afirmó que en el caso de las retenciones del IRPF y Seguridad Social, el Gobierno ingresaba trimestralmente la cantidad a la entidad bancaria y ésta la ingresaba a Hacienda por lo que el dinero dejaba de ser de la Comunidad Autónoma y por ello no se podía obtener rendimiento del mismo.

El diputado de ese mismo grupo José Miguel Barragán se congratuló de que este asunto se haya judicializado ya que, en su opinión, en la comisión de investigación Amorós “no encontrarán justicia”.