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Bruselas sigue estudiando si la Ley del Suelo es incompatible con el derecho ambiental europeo

Un informe de la Dirección General de Medio Ambiente de la UE concluye que la norma no incumple el derecho comunitario. Sin embargo, aún queda por conocer el de la Comisión Europea, que en septiembre se negó a archivar la petición de que se investigue esta Ley

La Plataforma ‘Canarias Por un Territorio Sostenible’ agotará todos los instrumentos políticos. El jurista Santiago Pérez recuerda que la Ley ha llegado al Constitucional y que puede acabar en el Tribunal de Justicia de la UE

Los denunciantes aún pueden aportar más datos e informes que avalen la tesis de que la norma más polémica de Clavijo "no es compatible con la directriz europea y atenta contra el desarrollo sostenible"

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Representantes de la Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible en Bruselas

Representantes de la Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible en Bruselas

La lucha contra la Ley del suelo se mantiene viva tanto en Europa como en la vía judicial. La Plataforma Canarias Por un Territorio Sostenible anuncia que va a agotar todas las fórmulas políticas y que el recorrido para demostrar que esta norma no es compatible con el derecho europeo “sólo acaba de empezar”. En los mismos términos se manifiesta el jurista y concejal en La Laguna Santiago Pérez (aseor de la plataforma), quien recuerda que el Constitucional aún tiene que resolver el recurso de Unidos Podemos y advierte de que la Ley en algún momento llegará al Tribunal Superior de Justicia de La Unión Europea.

Tras conocerse un informe de la Dirección General de Medio Ambiente de la UE favorable a esta Ley y que, según La Provincia, certifica que esta norma no incumple el derecho europeo, el portavoz de la plataforma Antonio Pérez (Comisiones Obreras) ha recordado que se trata tan solo de un informe más. De hecho, después de la intervención de este colectivo y de Santiago Pérez en Bruselas el pasado mes de septiembre, la Comisión Parlamentaria no archivó (como quería el Gobierno de Canarias) la petición de revisar y estudiar si la Ley del suelo va en contra del derecho europeo, sino que pidió nuevos informes y la remitió a la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo. “Es decir, en estos momentos aún se está examinando esta iniciativa que es más bien institucional y que no es la principal garantía ya que las principales garantías de un Estado de Derecho siempre son las judiciales”, subraya Santiago Pérez.

La plataforma explica que aún queda un informe de la Comisión Europea, que es la que determinará si se archiva o no la denuncia y señala que habrá una nueva audiencia en la que los peticionarios podrán aportar nuevos documentos. “Esto es sólo una parte del proceso, ahora puede generar una mayor concreción de la denuncia”. A juicio de la plataforma, el Gobierno quiere reflejar que su norma tiene “cierta legalidad”, pero saben que tan sólo se trata de un informe más y que dar la batalla por cerrada es un error.

Para Santiago Pérez, de la misma forma que el Ejecutivo perdió en su intento de que se archivara esta petición, “cualquier pequeño triunfo que tengan van a pregonarlo a los cuatro vientos”, señala en referencia a este informe.

“La batalla jurídica acaba de empezar”

Santiago Pérez insiste en que el recorrido que la Ley del Suelo tenga lo marcarán los hitos judiciales ya que “cuando se dicten actas de aplicación de la Ley en forma de aprobación y ejecución de planes de ordenación, ahí se podrá intervenir”. El catedrático de Derecho insiste en que cuando un juez de un estado miembro tenga que resolver un asunto en el que esté en juego la aplicación de una ley que pueda colisionar con el derecho ambiental de la UE, los jueces tienen el deber de aplicar el derecho europeo directamente y apartar la ley española o dirigirse al Tribunal Superior de Justicia de la UE.

Es por ello que sostiene que, en algún momento, la polémica norma de Fernando Clavijo llegará al alto tribunal europeo ya que “las principales garantías para la protección del medio ambiente no están en los órganos políticos sino en los judiciales”.

Para Pérez, en la aprobación de la Ley del Suelo, Clavijo y CC han actuado como “brazo político” de la patronal canaria de la construcción y los promotores inmobiliarios y recuerda que esta norma salió del parlamento con el rechazo del PSOE, Nueva Canarias y Podemos.

En la elaboración y el planeamiento de esta Ley recuerda que se han suprimido los controles de legalidad, es decir, la figura de la Cotmac, que “tenía sus defectos y virtudes, pero era una garantía solvente”. El concejal en La Laguna explica que la principal garantía para la protección del medio ambiente según el derecho europeo y el español ahora la “pervierten” ya que requiere de un órgano independiente que hasta ahora era la Cotmac.

Con la entrada en vigor de la Ley del suelo de Canarias, “los cabildos y casi que los ayuntamientos pueden crear un órgano a su imagen y semejanza y esto no lo digo yo, lo dice un informe del Consejo Consultivo y los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias”. No obstante, recuerda que según la ley estatal este órgano de evaluación ambiental tiene que ser independiente y no puede ser “un órgano que tenga dependencia orgánica o funcional del órgano que está tramitando el planeamiento”. Es decir, si un cabildo o ayuntamiento crea su propio órgano ambiental se quiebra esa exigencia de independencia.

Clavijo, ASG y PP aplauden el nuevo informe

El impulsor de la Ley del suelo y sus aliados en el Gobierno de Canarias para logar sacarla adelante han celebrado este viernes el informe de la Dirección General de Medio Ambiente de la UE (al que aún no ha tenido acceso la Plataforma Canarias por un territorio sostenible). Fernando Clavijo ha defendido el trabajo “riguroso” de esta Ley en un foro organizado por Prisa Radio y Editorial Prensa Ibérica y cree que el informe es un “aval al trabajo bien hecho”.

Del mismo modo se han pronunciado Casimiro Curbelo (ASGC) y Asier Antona (PP). Ambos han celebrado que este documento de Bruselas garantice que la Ley no es contradictoria al derecho europeo.

El diputado gomero destaca que tanto la Ley de Islas Verdes, aprobada el 13 de septiembre de 2016 y la Ley del Suelo, que entró en vigor el 1 de septiembre de este año, "se basan en los principios de conservación, sostenibilidad y de preservación de nuestra identidad, lo que repercutirá en la creación de empleo y el desarrollo de las islas".

Por su parte, Antona cree que el informe respalda "todo lo que ha sostenido el Partido Popular" en cuanto a que es una ley que apunta a diversificar la economía, impulsar el crecimiento y que los cabildos y ayuntamientos puedan ser tratados como mayores de edad en materia de ordenación territorial.

No obstante, los tres partidos no mencionan que la Comisión Europea aún no ha elaborado un dictámen firme que corrobore que la Ley es compatible o no con el derecho europeo.

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