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Unidos Podemos impugna en el Constitucional la Ley del Suelo de Clavijo

La coalición cree que el reglamento no da seguridad jurídica y reduce la protección del medioambiente en el Archipiélago con una regulación contraria y vulneradora de los principios de desarrollo sostenible y protección natural

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Diputados de Unidos Podemos en el Congreso Dani Gago/Podemos

Unidos Podemos ha impugnado este martes en el Tribunal Constitucional la Ley del Suelo promovida por el Gobierno de Fernando Clavijo, aprobada en el Parlamento el pasado mes de junio con el apoyo de CC, PP y Agrupación Socialista Gomera (ASG) y  en vigor desde el pasado 1 de septiembre, por medio de un texto basado  en el dictamen jurídico encargado por la Fundación César Manrique y elaborado por Marcos Vaquer Caballería, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid.

La coalición entiende que la ley produce, como efecto combinado de distintos elementos de su regulación, "un debilitamiento en el ejercicio de la potestad de planeamiento de los principios constitucionales de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, y una reducción de la protección del medio ambiente del Archipiélago canario caracterizado por la escasez, fragilidad, y dispersión del suelo".

Además, creen que más de 30 artículos  vulneran principios constitucionales, entre ellos los referidos a los asentamientos rurales, al silencio administrativo negativo, a la integración en malla urbana, los usos del suelo rústico, la elaboración y aprobación de planes de ordenación de los recursos naturales, la reclasificación de suelo rústico común o el aseguramiento de no perjuicio a la Red Natura 2000.

Entienden que aunque la ley impugnada afirma formalmente los principios de desarrollo sostenible, protección natural y uso racional de los recursos naturales, lo que "verdaderamente establece" es "una regulación contraria y vulneradora" de estos al ejercerse la competencia sobre ordenación territorial por parte de la Comunidad Autónoma "sin guardar la debida coherencia entre el sistema y mecanismos que se establecen y los valores que expresamente se proclaman", por lo que se está ante una "regulación vulneradora del mandato constitucional de protección ambiental" en relación con las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Para Unidos Podemos existe, aparte de motivos de inconstitucionalidad de preceptos puntuales aisladamente considerados, "motivos de inconstitucionalidad también derivados de lo establecido de manera conjunta o global en los artículos y Disposición impugnados de la ley".

Entienden que la Ley del Suelo produce un cambio de arquetipo o modelo de ordenación del territorio que hace que se construya "un nuevo régimen jurídico" ya que, al suprimirse unos instrumentos y crearse otros nuevos, "se sustituye el denominado procedimiento bifásico de aprobación por otro horizontal o monofásico en el que la administración competente, en régimen de autonomía, tiene la responsabilidad de aprobar el instrumento de ordenación sin injerencias indebidas, reduciéndose el papel de la Comunidad Autónoma a emitir un informe preceptivo y vinculante exclusivamente sobre cuestiones sectoriales que pudieran resultar afectadas, respecto de los planes insulares, los planes territoriales, y los planes generales; y para el resto de instrumentos de ordenación y ejecución no hay necesidad de informe autonómico o éste solo tiene carácter preceptivo no vinculante, como es el caso de los planes y normas de los espacios naturales protegidos y de nuevos instrumentos tan excepcionales y potentes como los proyectos de interés autonómico o insular", recalcan.

Aparte, la coalición subraya que la ley impugnada "extiende los asentamientos rurales y amplía notablemente las actividades admisibles en el suelo rústico" al tiempo que, "en vez de incrementar consiguientemente los mecanismos de control sobre el uso del suelo, efectúa una palmaria reducción de los mismos".

Unidos Podemos sostiene que con la Ley del Suelo las licencias urbanísticas pierden su papel de título habilitante por excelencia como técnica universal de intervención del suelo, de forma que se ha introducido la figura de la comunicación previa e incluso la ausencia de intervención administrativa.

También apuntan que existe un debilitamiento de instrumentos de ordenación del territorio debido a que se han derogado las Directrices de Ordenación que pasan a estar deslegalizadas, y resultando los Planes Insulares de Ordenación drásticamente reducidos en su contenido urbanístico y ambiental, introduciéndose los proyectos de interés insular o autonómico, promovidos por iniciativa pública o privada, que pueden aprobarse en ejecución del planeamiento insular, de las directrices o de forma autónoma. Esto hace que se incremente "la discrecionalidad mediante la regulación que se establece por ejemplo con las ordenanzas complementarias. Viniéndose a crear lo que ha sido denominado como sistema de “caballos de Troya” para eludir el nivel de protección estatal, conculcando la legalidad constitucional desde diversos aspectos que en ocasiones se superponen".

Entre los 54 diputados y diputadas que han comparecido a la hora de presentar la impugnación estaban los tres representantes canarios de Podemos: Meri Pita, Carmen Valido y Alberto Rodríguez. La abogada que ha asistido a todos los políticos ha sido María Teresa Durán, del Colegio de Las Palmas.

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