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Cambio por Sataute insta al Ayuntamiento de Santa Brígida a que resuelva el contrato del 'mamotreto'

El partido de Guadalupe del Río agotará la vía administrativa para buscar una solución al centro comercial situado en Santa Brígida

Según la Ley de contratos del Sector Público corresponde a la Mesa "las competencias en materia contractual"

El partido recalca que si contratación no se pronuncia en el plazo de un mes se reserva el derecho a interponer una querella y demanda en el juzgado

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Casco antiguo en Santa Brígida donde se ven las obras paralizadas del centro comercial.

Casco antiguo en Santa Brígida donde se ven las obras paralizadas del centro comercial.

Cambio por Sataute (CxS) ha remitido a la contratación del Ayuntamiento de Santa Brígida un recurso de reposición contra la resolución tomada en el pleno del pasado 26 de diciembre en el cual el Partido Popular se negó a resolver el contrato del mamotreto e iniciar la recuperación del mismo para el pueblo.

El partido explica que recurre al órgano de contratación porque la Ley de contratos del Sector Público en su Disposición Adicional Segunda dice que corresponde a este "las competencias en materia contractual". En esta ley también se refuerza la obligación de las entidades locales sobre la supervisión de proyectos, la cual podrá efectuarse por la oficina técnica de la propia entidad contratante y la falta de dicho informe conllevaría especiales responsabilidades a los funcionarios responsables del incumplimiento por posibles defectos del proyecto que no hubieran sido advertidos así como del órgano de contratación.

Para CxS esto permitiría clarificar "de una vez por todas" este asunto ya que deberá ser la Mesa la que se pronuncie sobre varias cuestiones "que siguen sin respuestas", entre ellas la de "quién asume por parte de la Administración la responsabilidad del proyecto". De no existir técnico municipal vinculado al mismo, el partido de la oposición también pregunta si será el propio órgano el que informe de los posibles defectos y modificaciones advertidas en la ejecución del Proyecto que no han sido advertidos.

En este sentido, Guadalupe del Río, portavoz del partido, adelanta que "de no existir responsable del contrato, es potestad del órgano de contratación hacer que las obras ejecutadas se realicen con estricta sujeción a lo contenido en el pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) y en el proyecto". Así, recuerda que estas obras no obedecen al proyecto aprobado y ni tan siquiera se asemejan al anteproyecto que sirvió de base para la adjudicación.

Del Río sostiene que sobre este tema la UTE Santa Brígida "siempre ha mantenido una actitud especulativa con el centro comercial" y que queda demostrada la actitud "genuflexa" del Partido Popular ante las exigencias de los empresarios "que han secuestrado el mamotreto y la voluntad del Grupo de Gobierno".

Desde la oposición señalan que están a la espera del pronunciamiento del órgano ya que este "nunca ha acordado modificación alguna sobre el proyecto aprobado", por lo que el informe técnico que deberá acompañar la decisión del órgano "tendrá que dar respuestas  acerca de si existe consentimiento tácito por parte de la Alcaldía y/o de la oficina técnica municipal para modificar el objeto del contrato" ya que la FCC dejó de construir el multicines para instalar en el centro comercial una unidad de alimentación.

Así, califican de "nuevo escándalo" el hecho de que se modificara el objeto del contrato ya que esto podría llevar aparejada la extinción del mismo "por vulneración de los principios básico consagrados en la legislación europea referente a la igualdad de trato y no discriminación". Del Río subraya que no se debe "perder la perspectiva" porque en la fase de concurso dos empresas informaron al Consistorio su intención de desistir a la licitación debido a que la construcción de un multicines era inviable, y como esta condición era sine qua non a la hora de elaborar sus ofertas decidieron no presentar súplica. Sin embargo, "el Ayuntamiento nada más empezar las obras se olvidó del pliego y de las condiciones pactadas en el mismo y han consentido a FCC construir algo distinto a lo adjudicado", rememora la concejala.

Por último, Del Río adelantó que en caso de que el órgano de contratación "no se pronuncie en el plazo de un mes" su partido se reserva el derecho que le asiste para la interposición de una querella y demanda penal ante el juzgado "contra todos y cada uno de los responsables que hayan participado, por acción o por omisión (art. 10 Código Penal), en dicha presunta tropelía".

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