Celo fiscal con la esposa del fiscal jefe de Las Palmas
La presencia en el caso Lifeblood de Lourdes Quesada, esposa del fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, iba a traer demasiada cola, porque no se investigaba solo a la entonces secretaria general del Servicio Canario de Salud.
La primera de ellas fue la medida solicitada por los denunciantes del caso de que la investigación se llevara a cabo, de ser admitida a trámite por Anticorrupción, por fiscales procedentes de Madrid, para evitar la contaminación de los subordinados en Las Palmas de García-Panasco, como pudo haber sucedido con el fiscal Antonio López en el caso ambulancias.
La segunda, al menos que haya quedado documentalmente reflejada, ha sido, a pesar de la distancia que tomó el ministerio público con el entorno laboral de García-Panasco, la propia controversia creada entre los colegas de Madrid del fiscal jefe grancanario y la juez instructora, precisamente, por haber imputado a Lourdes Quesada.
El auto de sobreseimiento provisional de las actuaciones recoge fielmente esa controversia, al no compartir la juez la postura del ministerio fiscal, en el escrito donde pidió hace dos semanas el archivo de la causa, de que Lourdes Quesada no debió ser nunca imputada “si se hubiese manejado la información correcta” por parte de la investigación.
Cuestiona la magistrada ese aparente celo gremial, con la lógica de que “la información correcta” en todo proceso de instrucción no se tiene a priori, sino que se va conformando durante la investigación, “no pudiendo trasladarse las conclusiones ex post al análisis ex ante. (O dicho vulgarmente, a toro pasado, todos somos Manolete)”, escribe la juez Rosell.
Y es que la imputación de Lourdes Quesada, así como la del exgerente del Servicio Canario de Salud Guillermo Martinón, conecta de forma directa con el misterio sin resolver que deja este caso con un rastro sospechoso de, cuanto menos, tráfico de influencias: quién redactó en los pliegos de prescripciones técnicas del concurso los criterios de adjudicación. Una cuestión clave para ganar el concurso Lifeblood de la que nadie se hace responsable.
Todas las sospechas y hasta las declaraciones como testigos de técnicos y empleados del Servicio atribuían a Lourdes Quesada la autoría de los criterios de adjudicación, o incluso de cláusulas decisivas para la empresa ganadora de Artiles Camacho como la aportación de un local externo a las instalaciones del Hospital Doctor Negrín, para cubrir un previsible aumento de demanda del servicio, requisito que no se recogía expresamente en las bases del concurso.
Del mismo modo, de Lourdes Quesada se entendía que fue la decisión de eliminar la exigencia de solvencia económica y experiencia en el sector -que no tenía Lifeblood- para optar al servicio de hemodiálisis, como así aseguró en su declaración la doctora encargada del servicio de Inspección y Conciertos que entendía que iba a realizar esos criterios.
Lo cierto es que, a diferencia del ministerio fiscal y del propio Gobierno de Canarias personado en el caso para defender a los cargos que fueron imputados, la juez instructora no da credibilidad alguna a la doctora Leo Palop, la jefa de la Unidad de Nefrología imputada en el caso que solo en una tercera declaración llegó a admitir que tuvo en su poder los criterios de adjudicación, en un pen drive y en un formato informático distinto al utlizado por Sanidad, cuando durante meses, y en dos declaraciones anteriores, había negado en rotundo haber tenido nada que ver con ellos.
Las declaraciones previas a la de Lourdes Quesada de funcionarios públicos señalaban a la exsecretaria general como autora de esos criterios y la eliminación de los requisitos habituales de solvencia y experiencia, incluso la jefa de sección de la Unidad de Apoyo de la Secretaría General Técnica de la Consejería así lo hizo constar en sede judicial, que esos criterios los recibió “de Lourdes” en octubre de 2009.
Sin embargo, con la declaración de Quesada en sede judicial como imputada, después de diez meses de acopio de documentación y testimonios, el misterio de quién manipuló los criterios de adjudicación se convirtió en un pasarse la pelota de un lado a otro: Lourdes Quesada admitió haber entregado los criterios, pero que nunca manipuló su contenido, sino que los recibió, en un pen drive, de Guillermo Martinón. Y Guillermo Martinón dijo que tampocó abrió el contenido del pen drive, y que lo recibió, a su vez, de la doctora Palop.
Lo cierto es que las partes -ministerio fiscal y defensa de los imputados- dan por buena la teoría de que los criterios de adjudicación fueron redactados por Leocadia Palop, elaborados en su domicilio y llevados en un pen drive, sin posibilidad de acceso ni intervención de terceros interesados en el concurso, pero la juez no se lo cree mucho, al restar toda credibilidad a la tercera declaración de Palop, en la que, después de haber evacuado ya Quesada y Martinón en sede judicial, cambio su postura radical de no haber tocado nunca ese documento y admitió que se lo entregó a Martinón en el pen drive, pero insistiendo que no eran los definitivos.
