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Declaración institucional de Adán Martín

COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE TRAS EL ARCHIVO DE LA PIEZA SEPARADA DE 'GÓNDOLA'

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Me dirijo a todos los canarios para remarcar un hecho que alegra a todos [y así lo he sentido esta mañana por el respaldo recibido desde muchas instancias].

Y para llamar la atención sobre otras circunstancias que nos deben alentar a todos a la reflexión y a la acción en defensa de las libertades democráticas, del Estado de Derecho y también de la libertades canarias, reconocidas y protegidas por nuestro Estatuto de Autonomía.

Diez días después del anuncio por el que renunciaba a ser de nuevo candidato a la Presidencia de Canarias, se hizo aflorar a la opinión pública una insostenible e increíble historia. Una historia que ponía al presidente del Gobierno de Canarias en el centro de una trama de tráfico de influencias.

Y seis días después de que se desatara uno de los más graves infundios sobre mi persona en mis 28 años de vida pública, el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias emitido hoy estima que no hay ninguna base para considerar que haya realizado ningún tipo de tráfico de influencias.

Seis días después de que el buen nombre, la credibilidad y aún la honestidad del presidente de todos los canarios se pusiera en tela de juicio, la Justicia ha venido a restablecer lo que se ha demostrado como prejuicios desproporcionados sobre lo que puede o no hacer, sobre lo que puede o no hablar, un presidente.

Y lo ha hecho en un tiempo razonablemente diligente [lo cual agradezco] porque, a mi entender, se han dado dos circunstancias notables: la propia endeblez y simplicidad de las supuestos indicios sometidos a análisis. Y la alarma social producida, al ponerse bajo sospecha a la máxima instancia política de Canarias.

Si antes siempre he expresado mi confianza en las instituciones judiciales, ahora he de expresar también mi reconocimiento por su labor y rigor. Y no solamente por determinar el archivo del caso. Sino porque el más alto Tribunal de Canarias sienta bases importantes para el futuro.

Primero, afirma que lo que las conclusiones del propio Juzgado de Instrucción remite al Tribunal Superior en ningún caso podían ser consideradas siquiera como indicios.

El hecho de que un gobernante hable con un administrado sobre un expediente que tiene pendiente es y debe ser en un país democrático algo natural e incluso necesario, como así lo establecen las leyes.

El alto tribunal señala con claridad que no han existido indicios, ni siquiera para que le fuera elevado este asunto a su consideración. Y, por lo tanto, ni siquiera para que este presidente haya sido puesto públicamente bajo el filo de la sospecha, junto al Gobierno de Canarias; dando así un pábulo más a que Canarias, injustamente, apareciese como un vergonzoso nido de corrupción. Algo que, como presidente de todos los canarios, rechazo rotundamente.

Y no lo hago gratuitamente. En los últimos meses, he consultado con las máximas instancias competentes en estos temas. Y he constatado que esta lacra universal no es en Canarias mayor que en otros territorios semejantes. Ello no me induce a la despreocupación. Por el contrario, mi Gobierno ha impulsado medidas de control y transparencia urbanística, a través de la vigilancia aérea, cartográfica y digital que atacan de frente las arbitrariedades urbanísticas, donde se encuentra la fuente de las mayores tramas corruptas.

Hay otro punto importante que me interesa destacar: el alto Tribunal llama la atención sobre el hecho de que, decretado el secreto de las actuaciones, tal secreto ha debido ser vulnerado, afirma, como evidencian las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación.

Y en este punto es preciso aducir un hecho incontestable: las filtraciones han sido parciales y muy orientadas a incrementar las sospechas sobre el presidente que les habla, sobre el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial y el director general de mi Gabinete, a pesar de que ni siquiera existían indicios, como dice el Tribunal.

Por el contenido del auto del Tribunal, cabe razonablemente esperar que, bien desde el Juzgado de Instrucción o bien desde la Jefatura Superior de Policía de Canarias, se han de ofrecer las explicaciones debidas sobre hechos y filtraciones que dañan gravemente la imagen y el honor de la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Canarias y de miembros del Gobierno de Canarias.

Y no lo digo tanto por este presidente, al que le restan apenas unos meses de mandato. Me preocupa seriamente que con tanta facilidad se haya vulnerado la tutela policial y/o judicial efectiva de los derechos de los ciudadanos.

Y me preocupa que hechos como éste puedan producirse en el futuro para comprometer la estabilidad del Gobierno de Canarias y la confianza de los canarios en aquella institución que más está llamada a velar por su bienestar y por su futuro.

Canarias no puede estar sometida al capricho de los que juegan sin rigor alguno con el buen crédito de las personas y de sus instituciones desde las propias entrañas de los poderes del Estado.

Por eso creo que a este presidente y a todos los canarios se nos debe una explicación muy clara sobre cómo es posible que se trate de embarrar a la primera autoridad de Canarias, sin la existencia siquiera de indicios, sin que hasta ahora nadie haya ofrecido la más mínima explicación.

El auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo dice bien claro:

"No existe indicio alguno ¿cito textualmente - que evidencie que las referidas Autoridades hayan podido cometer el delito de tráfico de influencias que tipifica el art. 428 del Código Penal. Además de que no existe hecho ni indicio alguno que demuestre que los referidos miembros del Gobierno de Canarias, uno de ellos, además, la primera Autoridad del Archipiélago, hayan influido, sugerido o instigado a cualquier otra Autoridad o funcionario para que resuelvan el expediente que afecta a D. Santiago Santana Cazorla en el sentido por éste pretendido ni en ningún otro"

Y añade más adelante: "En dichas conversaciones queda únicamente puesto de manifiesto el deseo de ambas Autoridades de que el asunto quede resuelto antes de que concluya la presente Legislatura, aspiración por otra parte legítima tanto para el político gobernante como para el administrado, y se informa al interesado que su petición habrá de ser remitida posteriormente al Parlamento"

Y en concreto, al referirse a la conversación que mantuve con el citado empresario, el auto afirma que "sólo cabe extraer la conclusión de que el mandatario político ya está cansado del tema de las camas, y que para tratar de resolver dicho asunto antes de las próximas elecciones ha pedido que los diferentes técnicos intervinientes en el expediente le lleven sus informes para ver si puede llevar la cuestión a un próximo Consejo de Gobierno y remitirla después al Parlamento. Nada permite concluir que el Sr. Presidente haya tratado de influir en el trabajo de los Servicios Técnicos y Jurídicos de la Comunidad ni en el contenido que éstos hayan de dar a sus informes, y también pone el Sr. Presidente de manifiesto a su interlocutor que se plantean algunos problemas".

Son párrafos que restablecen la verdad. Es un auto que hace Justicia

Se ha esclarecido la verdad en un caso como éste, plagado de filtraciones interesadas y manipulaciones de hechos.

No es lo grave que casualmente se me haya grabado una conversación telefónica en el marco de una orden judicial de vigilancia telefónica a una de las personas finalmente imputadas en el llamado "Caso Mogán".

Lo grave es el uso y abuso que se ha hecho de una conversación con el evidente ánimo de echar por tierra una trayectoria política de la que me siento francamente orgulloso. Al margen del juicio más o menos favorable que pueda merecer a la ciudadanía, he tratado siempre de que los principios éticos que ya hace tiempo me inspiraron mis padres presidieran todos mis actos.

Han podido ser más o menos acertados, pero han sido siempre honestos, transparentes y plenamente entregados al interés general de las instituciones donde he tenido el gran honor de servir a mi tierra.

Los que desde hace mucho tiempo vienen insinuando, con unas y otras palabras, que mi Gobierno mantiene vergonzosas connivencias con intereses empresariales creo que nos deben a todos, si no una disculpa, sí al menos una aclaración pública sobre lo ocurrido.


Se ha puesto a este presidente al filo de las sospecha sin indicio razonable alguno. Se entresacaron frases de supuestas conversaciones. Se insinuaron amiguismos. Se jugó con el lenguaje de las insinuaciones indemostrables. Y hasta introdujeron y trataron de hacer pasar en el sistema judicial supuestos y novelescos elementos probatorios, a ver si cuelan.

El comunicado hecho público ayer por la Fiscalía del TSJC ya empezaba a poner las cosas en su sitio en el disparatado caso de cómo una conversación telefónica es posible presentarla como una pieza clave de una trama para el ejercicio del tráfico de influencias.

Puesto ese bulo en circulación, la sed permanente de noticias ¿mejor cuanto más graves ¿ hace por sí mismo el resto.

Los compañeros y ciudadanos que en estos seis días me han expresado su apoyo me han reiterado que no se puede poner en tela de juicio al presidente de Canarias sin causa justificada.

Las leyes y reglamentos dejan muy claras cuáles son las funciones del presidente a la hora de impulsar y ordenar la acción del Gobierno. Y también alentar a los ciudadanos hacia acciones positivas; como desalentar las acciones que considere negativas.

Para ello es imprescindible hablar mucho. Hablar mucho dentro del Gobierno y fuera del Gobierno. Sin que el creciente clima de sospecha generalizada que se respira en Canarias limite, atenace o coarte a las autoridades públicas en el legítimo ejercicio de sus funciones.

Permítaseme advertir que no podemos retroceder cincuenta años en la historia. En la sociedad de la información y la comunicación, no podemos dejar de usar el teléfono por aquello del qué dirán, del qué pensarán o del qué ocurrirá.

La inmensa, inmensísima mayoría de los canarios que no tenemos nada de lo que avergonzarnos hemos de seguir trabajando con la franqueza y transparencia de siempre.

No podemos caer en el maniqueísmo de pensar en que la inmensa mayoría de la clase política, o aún de los servidores públicos, o son corruptos o, al menos, han de ser objeto de permanente sospecha.

Debemos aspirar a seguir viviendo en una sociedad de la confianza y no de la sospecha. En esa sociedad donde el diálogo intenso de todos sirva para encontrar las mejores soluciones y no para sembrar las desconfianzas.

Decisiones judiciales como las de hoy contribuyen a que la confianza se afiance y a que todos apreciamos que existe un estado de derecho que trabaja y funciona para garantizar los derechos de todos y para perseguir las infracciones de algunos.

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