Gran Canaria ni amaga ni amenaza a Bankia
El Cabildo de Gran Canaria no se plantea amenazar a Bankia con la retirada de fondos para evitar el anunciado cierre de 28 oficinas en la isla y el despido de 167 trabajadores en todo el Archipiélago. Ni siquiera amagará con hacerlo, como sugirió este lunes en el pleno insular el portavoz de CC, Fernando Bañolas. “Es muy malo sacar la espada si no la vas a usar”, replicó el presidente de la institución , Bravo de Laguna, que defendió la postura de su grupo y dijo que una medida de presión de ese tipo no conseguiría más que “agravar” la situación de la entidad financiera, en pleno proceso de reestructuración, y generar incertidumbre en los empleados isleños.
Con estos argumentos, el PP ha rechazado dos mociones de CC y NC que pretendían que el Cabildo sumase su voz a la de varios ayuntamientos de Gran Canaria que han exigido a Bankia que reconsidere su postura bajo la amenaza de una retirada de depósitos municipales de la mencionada entidad.
Carmelo Ramírez, portavoz de Nueva Canarias, recordó en su exposición que Bankia ha recibido en los últimos años unos 25.000 millones de euros de ayuda pública para sanear sus arcas y evitar la quiebra y que, a pesar de ello, a principios de 2013 inició un proceso de reorganización de su red de oficinas que prevé la supresión de 1.143 sucursales en toda España -54 de ellas en Canarias- e impulsó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 4.500 trabajadores en todo el territorio nacional y a 167 en la comunidad autónoma canaria.
Para Ramírez, la actuación de Barnkía “es inadmisible” y requiere una respuesta contundente del Cabildo de Gran Canaria, que es un “importante cliente” de la entidad, donde tiene más de 35 millones de euros (47,5 millones contando con los fondos de los organismos autónomos).
Por su parte, Fernando Bañolas, de CC, ha incidido en que la isla de Gran Canaria es la más afectada por los planes de recorte de Bankia y ha advertido que esta reestructuración perjudica sobre todo a los usuarios de las zonas rurales y a los de avanzada edad.
El consejero nacionalista considera que el acuerdo alcanzado para mantener en funcionamiento las oficinas de Artenara y Tejeda -abrirán dos días a la semanas y se instalarán cajeros avanzados- tampoco resuelve el problema, ya que, a su juicio, los pensionistas van a tener problemas a la hora de usar los nuevos cajeros y no van a disponer de una atención personalizada, además de tener que soportar el inconveniente de las colas que se pueden generar a principios de mes con los cobros. Bañolas ha subrayado que hay otras zonas, como las medianías del norte, que también se verán “gravemente perjudicadas” por la supresión de sucursales..
Por otro lado, el PSC ha reclamado que se restaure el sistema de subastas que fue suprimido por Rosa Rodríguez, exconsejera de Economía, nada más llegar a la corporación en 2011. Augusto Hidalgo, viceportavoz socialista, ha propuesto una fórmula para decidir la entidad en la que se depositan los fondos de la entidad en la que se valorarían no sólo la solvencia y la liquidez, sino también la extensión de oficinas en el territorio insular. “Con las subastas, Bankia no tendría ahora ni un solo euro del Cabildo”, ha afirmado Hidalgo.
En su intervención final, Bravo de Laguna defendió que la institución que preside ha reducido en estos dos años en un 40% los fondos depositados en Bankia y ha explicado que el sistema de subastas supondría “un engorro sin beneficio adicional” para el Cabildo, ya que el Banco Central Europeo ha impuesto un techo de interés a todas las entidades financieras. “En este debate, nuestro grupo tiene la actitud responsable, no hay que lanzar la alarma ni incertidumbres porque no va a arreglar el problema”, ha concluido.
