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Nueva denuncia de 'Justicia y Sociedad' contra Zerolo

POR UN PRESUNTO DELITO DE PREVARICACIÓN Y MALVERSACIÓN

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El colectivo de juristas 'Justicia y Sociedad' ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra los responsables municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz por presunta prevaricación y malversación en la adjudicación a Imes SA, "sin concurso público y contra los reparos de Intervención", de la reforma del antiguo instituto Hermanos García Cabrera a la que, aseguran, ya se ha destinado más de 5 millones de euros.

Según un comunicado remitido por el citado colectivo, el expediente del García Cabrera se inició en 2005 con la adjudicación de parte de las obras por importe de 371.628 euros a Imes incluyéndolas en el contrato de mantenimiento de edificios que dicha empresa tenía con el ayuntamiento y contra el criterio del Interventor Municipal, "quién advirtió expresamente de su ilegalidad al tratarse de una obra mayor y de gran reforma, no simple mantenimiento, por lo que debía salir a concurso público, sin que, además, se hubiese tramitado expediente administrativo de contratación ni previa declaración de urgencia".

El colectivo sostiene que "pese al reparo formulado por el Interventor el alcalde, Miguel Zerolo, ordenó la continuación del expediente de pago, levantando dicho reparo gracias a un informe favorable de los asesores jurídicos del Ayuntamiento Domingo Larraz y Luis F. Prieto". Para Justicia y Sociedad, es precisamente, a raíz de este Informe Jurídico y la "atropellada" tramitación del inicial expediente de pago donde comienzan a tomar cuerpo "las graves irregularidades que justifican la denuncia presentada".

En tal sentido se recuerda por dicha Asociación denunciante, que el 'caso García Cabrera' salió a la palestra cuando, en mayo de 2006, se hizo público por la oposición un informe firmado por estos mismos letrados municipales, fechado el mismo día que el anterior y que fundado en la misma jurisprudencia llegaba a una conclusión totalmente opuesta, es decir, que la adjudicación a dedo era irregular porque se trataba de una obra mayor y no podía incluirse en el contrato de mantenimiento.

"Pese al escándalo suscitado por la publicación de ese primer informe, lo que motivó, incluso, que se creara una Comisión de Investigación, las obras continuaron ejecutándose sin contrato, ni proyecto hasta que el 26 de diciembre de 2006 la Junta de Gobierno local adopta un acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 1,7 millones de euros para las obras acometidas del 1 de enero al 31 de julio y, al mismo tiempo, se adjudica a IMES, a dedo y de forma retroactiva, esto es, con fecha 1 de agosto de 2006, las obras que se venían ejecutando y las que restaban por ejecutar", apuntan, asegurando que "las graves irregularidades detectadas fueron Reparadas por Intervención siendo levantados los reparos por el propio alcalde".

Gravedad incuestionable

Para 'Justicia y Sociedad' los reparos formulados por la Intervención de Fondos son de "una gravedad incuestionable ya que las obras han sido ejecutadas sin la previa tramitación de expediente administrativo conforme a la legislación vigente en materia de contratación pública, omitiéndose trámites legales esenciales en el expediente tramitado con posterioridad a la ejecución de obra, se ha fraccionando en fraude de ley el objeto del contrato, se han ejecutado sin la existencia y previa dotación de crédito presupuestario, así como sin la preceptiva fiscalización de los actos que han dado lugar a las obligaciones y compromisos derivados, no se ha declarado de forma expresa y previa su urgencia, restringiéndose de forma abierta y manifiestamente ilegal el principio de libre concurrencia, y todo ello, por importe total que asciende a 5.476.522,5 de euros".

Para 'Justicia y Sociedad', que también ha ejercido la acción popular, entre otras causas, en el conocido 'caso Las Teresitas', "las graves irregularidades cometidas implican por su misma gravedad, así como por su continuidad y reiteración, que estemos ante conductas que trascienden del ilícito administrativo, y ello es así, puesto que no estamos ante meros incumplimientos puntuales sino ante flagrantes ilegalidades que evidencian una sistemática, deliberada y persistente actuación antijurídica".

Como consecuencia de ello "dichas conductas han supuesto la grave vulneración del principio de libre concurrencia otorgándose un evidente trato de favor a la empresa IMES S.A. que ha visto como se le adjudica "a dedo" y de forma ilegal obras por importe superior a los cinco millones de euros (equivalentes a casi mil millones de las antiguas pesetas), sin tener que concurrir ni competir con otras empresas, y todo ello de forma manifiesta y reiteradamente ilegal", lo que justifica una investigación rigurosa por parte de la Fiscalía.

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