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La juez pedirá al Parlamento canario la declaración de intereses de Fernández

ADMITIDA LA PRUEBA SOLICITADA POR JUSTICIA Y SOCIEDAD

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La magistrada Margarita Varona, instructora de la causa penal que se sigue por el llamado caso del salmón, ha admitido una prueba solicitada por la acusación popular, promovida por Justicia y Sociedad, que obligará al Parlamento de Canarias a remitir la declaración de bienes e intereses del diputado del PP Manuel Fernández, imputado junto al presidente de su partido y vicepresidente del Gobierno, José Manuel Soria.

La decisión de la magistrada Margarita Varona responde a la necesidad de aclarar el comportamiento de Manuel Fernández en relación con la declaración de interés general de la urbanización Anfi Tauro, tramitada por el Parlamento de Canarias en las últimas semanas de la anterior legislatura, cuando el diputado formaba parte de la comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Cámara. Fernández tenía en vigor entonces un contrato de prestación de servicios con la empresa Anfi del Mar entre cuyas obligaciones estaba la de servir de intermediario en las gestiones urbanísticas y administrativas ante las administraciones públicas.

El diputado es, además, secretario general del PP canario, y está imputado de un delito de negociación prohibida a funcionario público tras haber reconocido ante la magistrada que instruye la causa ser el firmante de un contrato que le unía en aquellos momentos con Anfi del Mar, empresa en la que ha sido consejero, consejero delegado y director general.

La decisión de la juez obligará a la Mesa del Parlamento a abrir el sobre que debió entregar en su día el diputado conteniendo una declaración de sus bienes y de sus intereses, un sobre cuyo contenido es secreto que sólo puede ser abierto por decisión de ese órgano parlamentario o por una orden judicial, como es el caso.

Manuel Fernández reconoció ante la magistrada en noviembre pasado la existencia y vigencia de ese contrato, que expiró el 1 de diciembre de 2008, pero negó posteriornente ante la prensa la existencia del mismo por no aparecer firmada la copia que tiene en su poder la juez instructora.

El PSOE solicitó en aquellos momentos a la Mesa de la Cámara la apertura del sobre con la declaración de intereses del diputado popular, pero los votos de Coalición Canaria y del PP lo impidieron. Los socialistas querían saber entonces si se estudió ese contrato antes de conceder a Manuel Fernández la compatibilidad para ejercer tareas privadas que pudieran chocar con la actividad parlamentaria.

Junto a Manuel Fernández está imputado en esta causa penal el vicepresidente del Gobierno canario, José Manuel Soria, que aceptó viajar con el propietario de Anfi del Mar, Björ Lyng, ya fallecido, cuando esa empresa tramitaba ese mismo expediente en su fase inicial ante el Cabildo de Gran Canaria, cuyo presidente era Soria, a quien se atribuye la comisión de un presunto delito de cohecho en concurso ideal con el de prevaricación.

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