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Los registradores, ''más eficaces" contra el fraude

CREEN QUE SE PUEDEN PERDER 90 MILLONES

En 2011 recaudaron 6,6 veces más que el personal de la Comunidad Autónoma.- Con el 57% de los trabajadores de la Administración Tributaria, lograron el 90% del total.

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Los registradores de la propiedad advierten en el informe remitido al Gobierno de Canarias ante la retirada de la encomienda para la gestión tributaria en el Archipiélago que la lucha contra el fraude fiscal se verá mermada por el cese de actividad de las oficinas liquidadoras comarcales, donde han venido ejerciendo las funciones de recaudación de impuestos hasta el pasado 1 de enero, cuando estas pasaron a ser asumidas directamente por personal adscrito a la Comunidad Autónoma.

De los datos extraídos de las propias oficinas comarcales y del Informe de Inspección del Ministerio de Economía y Hacienda respecto a los tributos cedidos a Canarias, los registradores concluyen que su gestión es 6,6 veces más eficaz contra el fraude que la llevada a cabo por las oficinas gestoras del Gobierno regional, que hasta 2013 tenían competencia en el 25% de los expedientes tramitados en las islas frente al 75% de las comarcales.

En el año 2011 afloró en Canarias un fraude fiscal de 63,6 millones de euros en las liquidaciones que giraron las oficinas comarcales en relación al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD). En el mismo periodo de tiempo, las Administraciones de Tributos Cedidos -gestionadas de manera directa por personal adscrito a la Comunidad Autónoma- recaudaron 6,5 millones de euros., diez veces menos en términos absolutos y, en comparación con el número de expedientes tramitados, 6,6 veces menos.

Para conseguir "homogeneizar la eficiencia", las oficinas gestoras deberían recaudar 12 millones de euros más, es decir, 5,6 veces más, según aseguran los registradores y Davide, asociación en defensa del contribuyente.

Los registradores estiman que el perjuicio para la Hacienda canaria por no continuar la lucha contra el fraude fiscal con los medios y el personal de las oficinas comarcales supondrá una pérdida económica de más de 90 millones de euros anuales. Esta cifra contabiliza no solo la recaudación por el ITP y AJD, sino también por el Impuesto de Sucesiones, que ascendió a 25,9 millones de euros "gracias a la labor de revisión de expedientes", ya que esta tasa está afectada por la bonificación del 99,99% en la cuota de la mayoría de los supuestos respecto a los hechos acaecidos tras el año 2008.

Con respecto al alto coste que suponen para la Administración ?el Gobierno de Canarias prevé ahorrar 6 millones de euros en 2013 con el cambio de gestión tributaria-, el informe señala que, aparte de estar justificadas por su mayor eficacia, las retribuciones a las oficinas liquidadoras comarcales, recogidas en la partida destinada a los "agentes externos" en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma , han ido reduciéndose cada año desde 2008, al ser porcentuales a la recaudación, que ha caído desde hace un lustro por la crisis inmobiliaria e hipotecaria.

Por otra parte, señalan que "los enormes costes" de todas las inversiones realizadas en las oficinas liquidadoras comerciales y las aplicaciones informáticas desarrolladas por las mismas "quedarán inutilizadas".

57% de personal, 90% de recaudación

En relación al personal que conformó la Administración Tributaria canaria en el año 2011, el 57% (200 trabajadores) ejerció su labor en las oficinas liquidadoras comarcales y el 43% (146 empleados) lo hizo en el seno del Gobierno de Canarias o en la empresa pública Grecasa. Según los datos del informe obviado por el Ejecutivo regional, los registradores lograron más del 90% de la recaudación en la lucha contra el fraude fiscal y las oficinas gestoras el 10% restante.

"El trabajo material para la gestión y llevanza ordinaria implica una alta especialización en derecho fiscal y en aplicativo informático por parte de los empleados-usuarios y es de imposible improvisación a menos de un mes del cese de actividad", alertan los registradores, que recuerdan que el Ministerio de Economía y Hacienda advirtió del reducido porcentaje de funcionarios de alta cualificación en la gestión tributaria del Gobierno de Canarias y lamentó que auxiliares administrativos estuvieran realizando funciones liquidatorias.

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