Canarias: cima del municipalismo
El segundo mandato de Paulino Rivero al frente de la Presidencia del Gobierno de Canarias y el primero de los socialistas en el Ejecutivo regional tras 18 años en la oposición ya puede decir que tendrá su página en la historia gracias a solo un hecho: la Ley Reguladora de los Municipios.
Hay fechas de suma importancia que pasan desapercibidas para el común de la ciudadanía y que, sin embargo, marcan su devenir futuro.
El 31 de julio de 2014 fue una de ellas, aunque probablemente quede engullida por otra en los venideros tratados históricos de Canarias, que se fijarán más en el día que el Parlamento apruebe la legislación que viene a cubrir uno de los más flagrantes déficits democráticos de la Comunidad Autónoma, que 31 años después de su constitución aún no tenía una norma que regulara el régimen de sus municipios.
Fue el último día del séptimo mes del inicio del postrero año de la VIII legislatura cuando se ha conseguido el consenso entre la Consejería de Presidencia que dirige Francisco Hernández Spínola y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) para dar a luz un texto legislativo que pondrá a los 88 ayuntamientos canarios en la cima competencial respecto al resto de las corporaciones municipales de España.
Un acuerdo que permitirá a Rivero mostrarse como el presidente que ha conseguido reestructurar y racionalizar los tres niveles de la Administración pública canaria y, con ello, proceder a la gran descentralización competencial de la Comunidad Autónoma.
Habiendo llegado a un acuerdo con los cabildos, únicamente quedaba la dificultad de elaborar un texto legal asumido por la práctica unanimidad de los 88 ayuntamientos canarios, con independencia del color político de cada respectivo equipo de gobierno municipal.
Contra la recentralización
Un acuerdo que supera las restricciones de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local aprobada en 2013 por el gabinete que preside Mariano Rajoy y que dejó en el aire la prestación de varias competencias hasta ahora gestionadas por los ayuntamientos, como las relativas a servicios sociales o educación.
Una legislación estatal con una visión centralista y ajena a las necesidades y demandas ciudadanas, con la que se persigue realmente alejar aun más a los ciudadanos de su Administración más cercana.
Y es que nadie dudaba de la necesidad de llevar a cabo una reordenación competencial entre todos los niveles administrativos existentes, pero el PP fue más allá y, una vez más, con la excusa de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de la Administración Local no ha respetado la distribución competencial prevista en la Constitución y los distintos Estatutos de Autonomía.
La Ley del PP pretendía la asunción por la Comunidad Autónoma de Canarias de las competencias relativas a servicios sociales y educación, sobre todo en lo referido a la asunción de la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y la cooperación con la administración educativa en la obtención de los solares para la construcción de centros educativos.
Un texto regresivo y recentralizador, propio de la ideología del PP, en el que se reasignan las competencias, desplazando las distintas leyes autonómicas, para que Canarias, en uso de las propias previsiones contenidas en la ley, vuelva a asignarse por ley como propias las que hasta ahora eran de los municipios y de las islas.
El Gobierno del PP no tuvo en cuenta que las características, tanto territoriales como poblacionales, y singularidades determinadas por el hecho insular, hacen que la realidad municipal sea completamente diferente de la que se manifiesta en el resto del Estado.
En Canarias, aunque sí en la Península, no existen entidades locales menores, el número de municipios es notablemente inferior a la media del territorio peninsular, solo un municipio tiene menos de 1.000 habitantes, la población flotante, por los turistas que reciben anualmente, quintuplica la población de derecho, con las consecuencias que conlleva en la demanda y prestación de servicios.
Además, como consecuencia del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, la Comunidad Autónoma cuenta con un modelo de financiación de los cabildos y fórmulas de financiación propias para sus municipios, lo que ha determinado que tenga un sistema de atribución competencial y de financiación acorde con su realidad, consensuado entre las tres Administraciones, que no se aplica en el resto del Estado.
Más competencias
Esos fueron los motivos, entre muchos otros, por los que el consejero Hernández Spínola insistió el 26 de noviembre de 2013 ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas celebrada en el Senado en la necesidad de incorporar una disposición con el siguiente tenor literal: “En Canarias, el régimen y los criterios de atribución de competencias a los Cabildos Insulares y a los municipios se establecerán por la legislación territorial correspondiente”.
Evidentemente, el Gobierno de Rajoy no hizo caso y, por ese motivo, la Ley Reguladora de los Municipios de Canarias acordada y pactada con la Fecam incide en ese hecho diferencial hasta el punto de que el texto no solo devuelve a los ayuntamientos las competencias arrebatadas sino que, además, las amplía.
Desde que se apruebe la Ley que entrará en el Parlamento en septiembre los municipios canarios podrán ejercer competencias en empleo y promoción económica, algo que los municipios del resto de España tienen vetado por la legislación estatal.
Modernizar, transparentar y economizar
El borrador de la Ley moderniza, economiza, transparenta y simplifica el acceso a los servicios públicos, aumenta la seguridad jurídica, reduce la improvisación y organiza y estructura a los municipios canarios.
Pactadas con los municipios, se ordenan las atribuciones de cada órgano en la estructura del ayuntamiento y se aumenta la capacidad de la oposición para intervenir en la organización de los debates plenarios.
En el texto también se aclaran las tareas de mancomunidades o consorcios y se establecen fórmulas para fusiones voluntarias entre municipios, así como segregaciones, procesos que en ningún caso podrán suponer la creación de municipios de menos de 5.000 habitantes.
Y lo más importante de todo: garantiza la suficiencia financiera de las competencias asumidas por los ayuntamientos, pues el texto incorpora la petición de la Fecam de que en el plazo de un año se elabore un nuevo sistema de reparto del llamado Bloque de Financiación.
El Bloque de Financiación Canario se conforma por los rendimientos anuales del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), del Arbitrio sobre Importaciones y Entrega de Mercancías (AIEM) y el rendimiento anual del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transportes.
Pues bien, ese sistema de reparto de la financiación ya no será el mismo que el actual cuando concluya el año 2015, lo que ha permitido el plácet de los alcaldes.
La fuerza del consenso
Pero el texto que puede convertirse en una de las más importantes normas de la Comunidad Autónoma no solo cuenta con el apoyo de los alcaldes conservadores, sino que en principio también es respaldado por el propio PP.
Así, al menos, lo aseguró en abril el secretario general del PP canario, Asier Antona, que junto a la portavoz del Grupo Parlamentario, Australia Navarro, se reunió con Rivero y Spínola para abordar, entre otros, este proyecto legislativo.
Tras la reunión, Antona recordó que el PP ha pedido desde el principio de la legislatura reformas en las administraciones públicas, que pasan para los conservadores por adecuar los cabildos y los ayuntamientos a la realidad económica y social, garantizar su suficiencia financiera y, sobre todo, por eliminar las duplicidades y clarificar las competencias de cada administración.
La única condición era “que las modificaciones que se hagan tengan el consenso de cabildos, ayuntamientos y grupos parlamentarios”.
El acuerdo con las corporaciones locales está suscrito y ratificado, y queda por ver si el PP cumple con su palabra en el ámbito parlamentario y apoya una norma que contradice las directrices aprobadas desde La Moncloa con el beneplácito de Rajoy.
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