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Jueces para la Democracia considera muy grave el veto a jueces y fiscales en el CIE de Barranco Seco

Centro de Internamiento de Extranjeros de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria.

La portavoz adjunta nacional de Jueces para la Democracia (JpD), Victoria Rosell, ha defendido este miércoles que si los jueces, magistrados y fiscales piden visitar el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria, “no es un capricho”.

El Ministerio del Interior ha denegado, por segundo año, la visita al CIE de Gran Canaria que habían solicitado realizar los jueces y fiscales que asisten en el sur de la isla al foro sobre inmigración organizado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Gobierno de la comunidad autónoma.

La portavoz adjunta de JpD ha demandado una reacción del CGPJ ante esta decisión, que considera “arbitraria y falta de transparencia” y “más grave de lo que parece”.

“Apelamos a la responsabilidad del máximo órgano de gobierno de la judicatura a fin de que, en el ejercicio propio de sus funciones, inste al Ministerio del Interior a reconsiderar tal decisión y defienda el interés legítimo de jueces, magistrados y magistradas de todo el territorio nacional”, ha añadido Rosell.

En declaraciones a Efe, la magistrada de Las Palmas de Gran Canaria ha recordado que el Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, en su informe publicado en 2013, recomendó a España promover las visitas judiciales a todo tipo de centros de detención.

El Gobierno parece olvidar, ha señalado Rosell, que “nosotros (los jueces) somos parte del Estado, que somos los que debemos velar por los derechos”.

En opinión de la portavoz adjunta de JpD, la prohibición de este año resulta “más grave”, ya que el pasado año el asunto “pilló de sorpresa” y los responsables del CGPJ intentaron hacer lo posible porque no se repitiera lo ocurrido.

Sin embargo, Rosell considera que sucedido este año es el resultado de una decisión meditada que tiene “más gravedad de lo que pueda parecer”, porque no la solicitud de visita no era “caprichosa”, sino que responde a que los ciudadanos demandan a los jueces que estén “al tanto de lo que ocurre en la calle”.

“Los jueces visitamos cárceles, centros psiquiátrico y hospitales donde hay niños víctimas de malos tratos, entre otros lugares”, ha recordado.

Se da la circunstancia de que en 2011, en el marco del mismo foro, los jueces visitaron el CIE de Aluche, en Madrid.

Incluso antes, en 2005 y 2006, “cuando la ocupación de estos centros era brutal y las condiciones bastante paupérrimas”, la Secretaría de Estado autorizó la visita del CIE de El Matorral en Fuerteventura, sin poner “traba legal alguna”, ha remarcado Rosell.

Entre los jueces afectados se encuentra el director del curso de este año, que es la máxima autoridad judicial del archipiélago como presidente en funciones del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Humberto Guadalupe.

Por su parte, el jefe superior de Policía de Canarias, Valentín Solano, se ha manifestado en la misma línea del Ministerio del Interior, “como no puede ser de otra manera”.

Un Centro de Internamiento de Extranjeros es una institución que tiene unos reglamentos que no contempla este tipo de visitas, ha apuntado a Efe Solano.

El jefe superior de Policía ha comparado la visita al CIE con la de un grupo de personas que no tienen relación con instituciones como una cárcel, o los que vayan a un hospital o a un centro de menores. “Pues es el mismo caso”, ha argumentado.

El Ministerio del Interior no tienen en sus planes visitas colectivas al CIE, porque el reglamento anterior y nuevo, que ha entró en vigor recientemente, no lo contempla, ha precisado.

Por su parte, el presidente en funciones del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Humberto Guadalupe, ha confiado en que la visita al CIE pueda realizarse el próximo año y que se asuma como “una cosa normal en unas jornadas de Extranjería”.

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, quien ofreció la conferencia inaugural en el foro judicial, visitó ayer las instalaciones y evitó de nuevo pronunciarse sobre la prohibición de entrar a unas instalaciones que calificó de “bien mantenidas”.

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