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La aprobación de la ley educativa,"un gran error"

PÉREZ PIDE REFORMAS DURADERAS EN EL TIEMPO

El consejero de Educación del Gobierno canario advierte que "no se arregla así el sistema educativo".

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El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad, José Miguel Pérez, ha calificado este viernes de "gran error" la aprobación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, ya que considera que "la educación necesita reformas acordadas y que duren en el tiempo".

José Miguel Pérez afirma en un comunicado que es un "gran error" la decisión del Consejo de Ministros de aprobar hoy la LOMCE, que cuenta sólo el apoyo del Partido Popular, y advierte de que "no se arregla así el sistema educativo".

"El sistema educativo necesita reformas, pero reformas acordadas, no sólo por las fuerzas políticas, sino por el conjunto de la comunidad educativa, y necesita reformas que puedan aspirar a durar en el tiempo y durar mucho, hasta ahora eso no lo estamos viendo", asegura José Miguel Pérez.

Según el vicepresidente y consejero, se trata de una ley "que no está bien meditada y que va en dirección opuesta, en su contenido general, a lo que hoy Europa recomienda sobre sistemas educativos, que es mirar hacia el futuro y no hacia el pasado".

Para José Miguel Pérez "esta ley nos retrotrae muchas décadas atrás, tiene un fortísimo componente ideológico, es la imposición del mayor conservadurismo, que en estos momentos está presente en la vida pública, en el ámbito educativo".

A su juicio, esta ley va a traer un muy serio problema a las comunidades autónomas a la hora de ponerla en marcha porque, contrariamente a lo que dice la norma respecto a que no tendrá coste, lo tendrá, como se indica en su memoria económica contradictoria, y este coste lo cargará a las espaldas de las comunidades autónomas".

"Sólo en el período de consolidación, hay que calcular que el mínimo que habría que tener si el sistema que prevé la ley tuviera éxito sería de 900 millones de euros. Lógicamente nos correspondería una parte importante a las comunidades autónomas", lamenta Pérez.

El Gobierno de España "lo que ha hecho aquí es improvisar absolutamente una medida" que va a generar muchísimos problemas a la futura gestión educativa por anteponer el criterio economicista y el criterio del que tenga dinero que se lo pague, agrega.

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