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Los biólogos denuncian la gestión ineficaz de la biodiversidad canaria

El Colegio Oficial de Biólogos de Canarias señala que los programas de recuperación de especies carecen de financiación adecuada 

Critica los "reiterados incumplimientos" de los mandatos legales, como la Ley 2007 del Patrimonio de la Conservación y de la Biodiversidad

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Un ejemplar de chorlitejo patinegro, especie protegida de la Charca de Maspalomas.

Un ejemplar de chorlitejo patinegro, especie protegida de la Charca de Maspalomas.

El Colegio Oficial de Biólogos de Canarias ha denunciado este miércoles la instrumentalización política que se realiza en torno a la biodiversidad, así como la falta de una gestión eficaz y de inversiones en la conservación de especies y espacios protegidos.

Además, y con motivo del Día Internacional de la Biodiversidad, que se celebrará el viernes, el Colegio Oficial de Biólogos de Canarias pregunta por el Catálogo de Especies Amenazadas.

Afirma el colegio de biólogos que, de forma demagógica, algunos políticos han usado la biodiversidad como "estandarte", cuando la realidad es que no han ejercido sus funciones en esta materia, y como ejemplo pone las polémicas plataformas petrolíferas.

Así, señala que el conocimiento que había de los fondos profundos y su biodiversidad era prácticamente nulo, y tuvo que llegar una fundación privada norteamericana a hacer un estudio detallado de los fondos porque en Canarias "no invertimos en este tipo de cosas".

Se refiere también a que se observa "amargamente" cómo cada día en las instituciones de las islas se abandonan los últimos proyectos de conservación que quedaban en departamentos universitarios, los jardines botánicos, Centro Superior de Investigaciones Científicas, museos de Ciencias.

Y tras esos cierres los investigadores y técnicos, con años de experiencia y con una cualificación de excelencia, dejan sus puestos que de por sí eran precarios, para dejar toda la investigación y la gestión en manos del voluntarismo.

Ante esta situación el Colegio Oficial de Biólogos de Canarias hace un llamamiento a la sociedad y a los políticos en particular para que se exijan al próximo gobierno las inversiones que precisan los estudios de biodiversidad, los planes de conservación de especies y la gestión de los espacios protegidos.

Critica que mientras que cada año se descubren, de media, seis especies, muchas de las cuales necesitan un plan de conservación y otras, seguimiento específico, los últimos gobiernos de Canarias han hecho "dejación" de funciones en la conservación de la biodiversidad de las islas.

Asegura el colegio de biólogos que la biodiversidad ha sido a menudo un obstáculo en el desarrollo, a consecuencia de una escasa planificación e información.

Afirma que se ha intentado bordear la legalidad con interpretaciones forzadas, y comenta que la máxima de esta práctica fue la aprobación en 2010 del catálogo de especies amenazadas, sin ningún consenso profesional, académico, ni social y con gran "revuelo mediático", pero sin que desde entonces se haya movido algo.

El Colegio Oficial de Biólogos de Canarias (COBCAN) se ofreció a mediar entre los sectores implicados (Administración, universidad, centros de investigación, agrupaciones ecologistas), "aunque se nos hizo caso omiso".

Con el cambio de gobierno de la legislatura que ahora finaliza, la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias organizó en abril de 2013 una reunión cuyo objetivo era depurar los criterios para la evaluación de especies amenazadas, con el fin de llevar al Parlamento el nuevo catálogo prometido en las elecciones, recuerda el colegio de biólogo.

Pero, añade, dos años después y finalizada la legislatura, la realidad es que no habido ningún avance, y aquel revuelo social, político y mediático ha quedado en nada.

Explica que los programas de recuperación de especies en las administraciones públicas canarias carecen de financiación adecuada y el nuevo catálogo de especies amenazadas prometido no ha visto la luz.

Señala el colegio de biólogos que incluso, en la única iniciativa clara que ha previsto el gobierno canario en biodiversidad, "como fue la creación con fondos públicos (300.000 euros) de la "Base de datos de Biodiversidad Canaria -Atlantis-, presenta problemas y no presta el servicio requerido.

Y para el Colegio de Biólogos de Canarias se trata de una herramienta "fundamental" para el conocimiento y para la correcta gestión de la biodiversidad canaria, así como para la actualización periódica del catálogo.

El colegio de biólogos se ofreció para difundir esa base y usarla entre los profesionales, pero "no se nos ha tenido en cuenta y la realidad es que languidece, y su acceso público es restringido, tosco y sin procedimientos jurídicos transparentes".

También destaca que atrás queda el intento de crear una Ley de Biodiversidad en 2004, en la que se proponían medidas interesantes para la conservación, entre ellas un Instituto de Biodiversidad Canario y de la Macaronesia, y que hubiera permitido aumentar el conocimiento científico de las especies y hábitat, y adoptar medidas de gestión adecuadas.

Además, critica los "reiterados incumplimientos" de los mandatos legales, como la Ley 2007 del Patrimonio de la Conservación y de la Biodiversidad, que da la prevalencia de la conservación de la biodiversidad, por encima de la ordenación territorial, y los planes de ordenación de los recursos naturales, que incumplen algunas administraciones canarias.

Asimismo se refiere a la obligación de la Comunidad Autónoma de mantener la Red Natura 2000 en un estado de conservación favorable, "incumpliendo las obligaciones que le incumben en virtud de las disposiciones mencionadas de la Directiva 92/43/CEE "Hábitats" (Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Cuarta), de 22 de septiembre de 2011, asunto C-90/2010) y que en alguna ocasión ha sido motivo de multa por la Unión Europea".

El colegio de biólogos alude también a sentencias del Tribunal Constitucional por incumplimiento de la normativa básica estatal del Catálogo de Especies Amenazadas, la insuficiente dotación de personal funcionario para cumplir los servicios ambientales que exige la legislación.

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