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Los sindicatos de Justicia acusan de prevaricación a una directora general

POR UNA CONVOCATORIA DEL GOBIERNO CANARIO PARA DOS PLAZAS DE GESTOR DEL ARCHIVO JUDICIAL TERRITORIAL

De la actuación de María Dolores Alonso, responsable del área de Justicia, "pueden desprenderse responsabilidades penales", según los sindicatos.

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Todos los sindicatos con representación en la mesa Sectorial de Justicia de Canarias (Co.Bas, UGT-FSP, STAJ, CSI-F, Intersindical Canaria y CCOO) acusan de un posible delito de prevaricación a María Dolores Alonso Álamo, directora general del Gobierno de Canarias para el área de Relaciones con la Administración de Justicia.

Según informan en una nota, los seis sindicatos "han entregado a los servicios jurídicos" las resoluciones de la Dirección General de Justicia del Gobierno de Canarias número 733 y 734 del día 15 de junio de 2011, por si de ellas "pueden desprenderse responsabilidades

penales". En esas resoluciones la directora general acordaba la convocatoria para cubrir con funcionarios interinos dos puestos, uno en cada provincia, de "gestor del archivo judicial territorial".

Ahora bien, los sindicatos cuestionan que la convocatoria concuerde con las funciones que recoge la Ley Orgánica del Poder Judicial, y recuerdan que "ya existen dos archiveros contratados desde hace más de siete años". Del mismo modo, se preguntan si la colocación de estas dos posibles nuevas plazas son la razón detrás del "cese de al menos cuatro refuerzos".

"Tanto en las disposiciones normativas a nivel del Estado como autonómicas en materia de Justicia, en lo que respecta a apoyos a los órganos judiciales, entre las que se encuentra la gestión de los archivos judiciales, se explicita que se desempeñarán por personal laboral", señala la nota. Asimismo, se recalca que la Comunidad Autónoma ya convocó en 2004 un proceso selectivo para unidades de apoyo a los órganos judiciales de la Administración de Justicia mediante contratación laboral temporal de interinidad.

Con todos estos datos sobre la mesa, los sindicatos plantean que con el baremo establecido en las resoluciones del 15 de junio la directora general en funciones podría pretender "vulnerar los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen cualquier nombramiento de la Lista de Reserva de Personal Interino de la Administración de Justicia en Canarias".

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