Les hemos comentado días atrás que el director general de Ordenación del Territorio, Rafael Castellano, se puso insolidario cuando le pusieron delante el convenio que viabilizaría la terminación de la GC 1, entre Arguineguín y Puerto Rico. Se puso insolidario, para ser precisos, con su compañero Domingo Berriel, director general de Obras Públicas (Carreteras). Entendemos que es de persona que se viste por los pies y es competente, además de bípeda, racional, parlante y política -Aristóteles dixit- poner todo su encanto y capacidad para resolver los problemas y cargar el esfuerzo en la cuenta de su propio crédito. Si se es temeroso, inseguro o no se tiene crédito, lo mejor es no apuntarse en ciertas colas, parece evidente. Estos días el Ayuntamiento de Mogán ha concedido unas licencias de primera ocupación condicionadas a la firma de ese convenio-protocolo que Castellano no firma. Para entendernos, si las licencias son actos reglados, ¿verdad que no puede una licencia estar condicionada a que el director general firme un convenio? ¿O es que el señor Castellano forma parte, per se, del ordenamiento jurídico español? Para que no digan que somos unos ingratos, ahí van unas pistas de manual de supervivencia para el director general: a) rompa ese convenio porque, a la vista de lo que se barrunta, debe ser malo, malón; b) pare la carretera porque se está haciendo en contra del planeamiento, y c) no se preocupe, que le tenemos presente en nuestras oraciones.