La polvareda que se ha montado con las filtraciones y la necesidad de algunos de hacer mucho ruido nos está distrayendo de lo sustantivo. En el viaje del salmón, el de la querella de Justicia y Sociedad, tiene un asuntillo que está por resolver: el del órgano del Cabildo que aprobó el interés general. Lo hizo el Consejo de Gobierno insular y dicen los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias que está muy bien que así haya sido. Sin embargo, en el caso de Tenerife, ha sido el pleno de la Corporación, lo que empieza a sonar algo desafinado. Desde el Cabildo grancanario, el PSOE insiste en que la Ley de Grandes Ciudades obliga a que sea el presidente quien apruebe un asunto de este calibre.