Los rebeldes se quedarán sin sueldo

Al alcalde en funciones de Valladolid, Javier León de la Riva, tendrá que renunciar a su acta de concejal por una ley que no estaba pensada precisamente para él sino para los políticos sospechosos (o así) de colaborar con el terrorismo. La apoyó con alborozo su partido en 2011 sin prever que una inhabilitación por desobediencia a la justicia, como es el caso, iba a impedir que un histórico alcalde pudiera incluso recurrir su sentencia de primera instancia ante el Supremo. Por mucho que insistan los emergentes en sostener lo contrario, la legislación contra los políticos sandungueros se ha endurecido estos últimos años una barbaridad, lo que no ha sido obstáculo, óbice ni valladar para que los espabilados que siempre hay se las hayan saltado a la torera. No hacen falta muchas más reformas legales, bastaría con que el actual ordenamiento jurídico se cumpliera a rajatabla para que algunos escándalos no se produjeran. Y hay que lamentar, por lo tanto, que la alcaldesa in péctore de Barcelona, Ada Colau, anuncie que incumplirá aquellas leyes que no le gusten (sic). En Canarias también tenemos leyes nuevas pensadas para los que tratan de tomarse la política como un juego de salón, como una pugna para ocupar el poder con el único objeto de ocuparlo. Al alcalde de Tuineje, Salvador Delgado, sin ir más lejos, le tuvieron que recordar este lunes que en abril de este mismo año se publicó una sabrosona ley llamada de Municipios de Canarias, que puede colocarlo en una posición muy comprometida si su partido, Coalición Canaria, lo expulsa por contravenir las instrucciones de pactar con el PSOE y/o con quien haga falta. La Ley de Municipios de Canarias entrará en vigor el próximo 14 de junio, es decir, un día después de la constitución de los Ayuntamientos, lo que significa que todo lo que ocurra a partir de ese día estará bajos sus efectos. Y uno de los preceptos de la nueva norma, recogido en el artículo 28, resultará letal para el alcalde de Tuineje y su grupo de concejales: los que obtengan la consideración de “no adscritos” a un grupo político no tendrán derecho a cobrar sueldo ni dietas por empresas o entidades públicas, limitándose sus emolumentos al cobro por asistencia a plenos o comisiones, como si fueran concejales de la oposición. Si Salvador Delgado y sus cinco concejales fueran expulsados de CC, como desea la dirección insular harta de desplantes e indisciplinas, sólo el alcalde tendría derecho a cobrar un salario, lo que alegrará enormemente al resto de su equipo.

Aplicable a cabildos y ayuntamientos

Pero lo bueno que tiene esta ley, que nunca agradeceremos suficientemente a Paco Spínola, con artículos tan bien pensados contra el transfuguismo y las trapisondas, es que no sólo habrá de ser de aplicación en Tuineje. Cualquier grupo municipal cuyos miembros sufran expulsión por su partido como consecuencia de indisciplinas u otras cuestiones, corre el riesgo de quedarse sin asignaciones económicas. Por lo tanto, ya se estarán palpando las carnes los concejales socialistas de Breña Alta o Tijarafe, o los consejeros de ese partido en el Cabildo de esa isla. Porque la norma también es aplicable para los grupos políticos de los cabildos. Aunque, en honor de la verdad, hay que decir que este lunes las cosas estaban bastante más encaminadas en La Palma que al término de la semana pasada. Anselmo Pestana, presidente del Cabildo en funciones, ya reconoce con la boca chica que se ha reunido con el PP pero que está dispuesto a escuchar a CC, sin descartar, eso sí, que alguna oveja descarriada se le salga del rebaño. A Pestana ya lo han llamado de las ejecutivas federal y regional, y lo ha llamado la lideresa Patricia Hernández para advertirle muy severamente de que se arriesga a quedarse colgado de la brocha ante la posibilidad a) de una expulsión irremediable del PSOE o b) la más fría y dura oposición si por su culpa no fragua el pacto regional con CC y los nacionalistas se entregan al PP en un pacto en cascada que, esta vez sí, mandaría a los socialistas a galeras.

Tenerife se reposiciona

Por lo demás, los canarios podíamos haber prescindido claramente de la reunión de la mesa de negociación del pacto celebrada este lunes en Santa Cruz de Tenerife. Los dos partidos –CC y PSOE- debieron ahorrarse esos costes si, como parece confirmarse, sólo se vieron las caras para explicar a los medios informativos que siguen pendientes del reajuste de poder en algunas corporaciones locales para, acto seguido, entrarle al reparto de consejerías y, en última instancia, al programa de gobierno, que es lo que menos preocupa, por lo que parece. Todos son gestos y fotografías. A eso responde, por ejemplo, que el PSOE haya designado fuera de concurso al presidente de su Gestora en Tenerife, el prometedor Héctor Gómez, para formar parte de la mesa negociadora a partir de este lunes. Esa designación no responde exactamente a una necesidad estructural, ni se le ha reclamado allí para que aporte sus vastos conocimientos en materia de administraciones locales o en materia económica. Y es una lástima, porque Gómez pasa por ser una de las cabezas mejor amuebladas del socialismo tinerfeño del presente y del futuro. Pero su irrupción en escena responde al resquemor que despertó en el PSOE de su isla que en la mesa de negociación estuviera el secretario general de Gran Canaria, Ángel Víctor Torres, comisionado allí por el nunca bien ponderado Chano Franquis. Nadie valoró, a la hora de ceder a las presiones, que junto a Torres se encuentran otros dos dirigentes tinerfeños, Paco Sopínola, vicesecretario regional, y Nicolás Jorge, concejal en funciones en Granadilla y mano derecha de la lideresa Patricia Hernández, ambos dos de Tenerife. El resultado de este parche de última hora es que la delegación socialista pasa a estar compuesta por tres tinerfeños, un grancanario y un gomero. Viva el vino. Por si había alguna duda.

Desaparece el Centro Canario de Nacho (CCN)

Los resultados electorales del pasado 24 de mayo siguen provocando consecuencias, unas más deseadas que otras. Sin que seamos capaces en estos momentos encuadrarla en algún dado de deseabilidad, ha dimitido José Manuel Corrales tras sus catastróficos resultados al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Nos habrá de perdonar el lector que no podamos precisar con exactitud ante qué órgano y de qué condición ha dimitido el señor Corrales, que en esta ocasión se presentaba a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife bajo el paraguas de Nueva Canarias en lo que, si los cálculos no nos fallan, era su quinto proyecto político. Sus resultados han sido catastróficos: 1.599 votos, apenas el 1,8% de los emitidos. Nos perdemos, al menos de momento (que este no se va a estar quieto), a un activo político de incalculable valor. Del mismo modo hemos de pronunciar aquí una sentida despedida a Ignacio González Santiago, que todavía se tuvo que conformar con peores resultados electorales que Corrales, concretamente dos votos menos, que tienen que joder una barbaridad (y la yema del otro). El titular del Centro Canario de Nacho (CCN) ha decidido abandonar la presidencia, dimitir, para entendernos, lo que equivale exactamente a la desarticulación del partido, dado su evidente carácter personalista, presidencialista y económicamente dependiente de él mismo. Junto a él se marcha su secretario general y candidato a La Laguna, Alfonso López Torres, víctima también de la incomprensión del electorado y de un batacazo de proporciones bíblicas.