La Fiscalía rebaja a 15 años de cárcel la pena para dos guardias civiles de la aduana de Gando

La Audiencia de Las Palmas acoge el juicio ante Jurado contra diez guardias civiles. Efe/Ángel Medina G.

Efe

Las Palmas de Gran Canaria —

La Fiscalía ha rebajado este martes de 18 a 15 años de cárcel las penas reclamadas para los dos principales acusados en la presunta trama de corrupción de los guardias civiles de la aduana del Aeropuerto de Gran Canaria, debido a las dilaciones acumuladas en este caso que data de 2008.

En este juicio, que se celebra en la Audiencia de Las Palmas, la acusación pública imputa a estos dos guardias civiles, José Santiago A.S. y José Juan P.M., delitos de cohecho y falsedad en documento oficial, porque presuntamente exigían sobornos a pasajeros que llegaban de aeropuertos africanos con grandes sumas de dinero en efectivo a cambio de no verificar la cantidad que declaraban.

En concreto, a José Santiago A.S. se le atribuyen dos delitos de cohecho y dos de falsedad en documento público y a su compañero José Juan P.M. tres cohechos y dos cargos de falsedad en documento oficial.

El letrado de este último solo ha reconocido como cierto uno de los cohechos, el ocurrido el 12 de agosto de 2008, por el que ha propuesto que se le imponga una multa de 50 euros y una suspensión de empleo y cargo público por un periodo de seis meses.

La defensa de José Santiago A.S. también ha admitido que su cliente es culpable de un único soborno, por haber pedido dinero “para café”, y por ello sugiere que le impongan una multa de 35 euros, que fue la cantidad que recibió, y una suspensión de empleo y cargo público de tres meses de duración.

Ambos letrados consideran que debe aplicarse a estos dos agentes una atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas en esos dos delitos concretos y reclaman que se les absuelva del resto.

Concluida toda la prueba con varios días de antelación sobre el calendario previsto inicialmente para este juicio, la Fiscalía ha hecho varias modificaciones relevantes en sus conclusiones.

Además de rebajar de 18 a 15 años las solicitudes de condena para los principales procesados, la acusación ha retirado su petición de cárcel para el sargento al mando de la unidad fiscal del aeropuerto en 2008, Salvador E.M., y para el agente Alfonso R.P., que se enfrentaban hasta hoy a posibles condenas de tres años de reclusión.

En el primer caso, se debe a que el fiscal considera que el sargento no cometió el delito de amenazas que inicialmente le achacaba, pero sí un cohecho, y en el segundo, a un cambio de calificación en la gravedad del cohecho. Tanto Salvador E.M. como Alfonso R.P. se exponen a ahora a posibles multas de 1.500 euros y de cinco meses de inhabilitación para empleos y cargos públicos.

La Fiscalía también ha rebajado de nueve años a seis años y medio su petición de prisión para el agente Miguel M.O. tras retirarle uno de sus cargos por cohecho, porque admite que no estaba en la unidad fiscal uno de los días en los que supuestamente se pagaron sobornos, sino que se encontraba en la terminal de carga del aeródromo.

Su defensa sigue manteniendo que tampoco participó en ninguno de los demás supuestos delitos que se le atribuyen.

En cambio, el Ministerio Público ha elevado de seis años a seis años y medio las condenas de cárcel que propone para tres agentes, por un cambio de calificación en los presuntos cohechos: José Antonio B.C., Eladio L.C. y José Manuel S.P.

Los otros dos agentes encausados en este juicio, Luis Manuel Q.M. y José Manuel R.G., se siguen enfrentando a propuestas de multa por un delito de cohecho, pero de menor cuantía (la fiscal ha rebajado hoy de 280 a 140 euros sus propuestas de sanción).

En cambio, los dos únicos pasajeros extranjeros imputados en la causa que han comparecido en este juicio, Mahjob A.B. y Salem A.A., se siguen enfrentando a posibles penas de un años de cárcel cada uno, acusados de haberse prestado a pagar sobornos a los agentes.

Está previsto que la fiscal del caso comience este miércoles por la mañana a exponer su informe final ante el Jurado que deberá dictar el veredicto, al que luego contestarán las diferentes defensas.

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