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La Justicia condena a Caja Rural por prestarse a especular con la casa de una anciana en Corralejo

La jueza entiende que la entidad bancaria no actuó con la diligencia suficiente que le hiciera acreedora de la condición de tercero de buena fe

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Vivienda en el casco antiguo de Corralejo

Vivienda en el casco antiguo de Corralejo que era propiedad de Euleuteria Umpiérrez Cedida a Canarias Ahora

El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Puerto del Rosario ha anulado una hipoteca concedida por Caja Rural de Canarias y obliga a la entidad a pagar las costas de los procedimientos por prestarse a especular en el caso del Casco Viejo de Corralejo, en Fuerteventura.

Según explica el comité de afectados, esta cuestión afectaba a la propiedad de los herederos de la vecina Euleuteria Umpiérrez, fallecida en julio de 2014 a los 94 años. Así, la entidad mercantil Plalafusa SA, administrada por el abogado Alberto Laud, vendió en 1995 el terreno donde se asienta el inmueble a la esposa del que fuera apoderado de esta compañía y este posteriormente, en 2003, se lo traspasó a la sociedad Javal Unión S.L., administrada inicialmente por el empresario de Villaverde Feliciano Alonso y posteriormente por José Manuel Jiménez del Valle, a través de una hipoteca firmada por la Caja de Ahorro de Canarias que fue cancelada por la ampliación de una nueva hipoteca con la Caja Rural de Canarias.

El fallo judicial del pasado 28 de junio, además de anular la hipoteca entre Caja Rural y Javal, también cancela las inscripciones registrales contradictorias a la misma en el Registro de la Propiedad y condena también a los demandados a estar y pasar por la anterior declaración.

La jueza María de la Sierra Soria apunta que la entidad actuó desconociendo la situación real de la finca, discordante con la del Registro, pese a habitar en un pueblo pequeño y a las numerosas publicaciones en los periódicos locales, y concedió la hipoteca a favor de Javal confiando plenamente en la realidad registral y no en la extraregistral.

Así, la magistrada Soria considera que Caja Rural de Canarias no puede estar protegida por el paraguas de la fe pública registral ya que el director de la sucursal en Corralejo, Octavio Cabrera, afirmó en la vista que conocía que José Manuel Jiménez del Valle era objeto de muchas portadas de la prensa por los casos de especulación en la localidad.

La jueza no entiende cómo la entidad financiera se "descuidó tanto" con la operación crediticia concedida a Javal Unión por valor de 350.000 euros "al tener tantas lagunas el expediente hipotecario". Y es que una empleada de Caja Rural solicitó una tasación de la finca y el "modelo 425, 347 completo, 190 del ejercicio 2004” y la respuesta del tasador fue que “dada la gran cobertura de riesgo entre la tasación y lo solicitado, daríamos por válida la tasación de SIVASA. En otro orden de cosa, te envío los balances firmados por el cliente, al mismo tiempo que te informo que dado que la sociedad estaba sin actividad, no podremos facilitarle los modelos que me solicitas”.

Desde Caja Rural además conocían que  los balances del solicitante de la hipoteca mostraban pérdidas continuadas, de hecho en un correo electrónico una empleada solicitaba que se explicara por qué el avalista de la operación presentó una nómina de la sociedad de Sincronía 99, administrada por José Manuel Jiménez del Valle, por importe de algo más de 1.200 euros.

Por esto, la magistrada estima la acción de los damnificados porque advierte que la entidad no actuó con la diligencia suficiente que le hiciera acreedora de la condición de tercero de buena fe ya que hay más que indicios de que la entidad podía tener los conocimientos extraregistrales de que la finca hipotecada tenía dueño y no era precisamente el que constaba en el Registro, tales como la visita de los vecinos del casco antiguo de Corralejo al Director General de la entidad financiera, o la mera lectura de la prensa local pues era un hecho notorio la litigiosidad en la titularidad de los terrenos de Corralejo.

Desde el Comité de Afectados del Casco Viejo de Corralejo animan a aquellos afectados en la trama del pueblo a acudir a la Fiscalía y que " den cuenta de la maquinación económica de las empresas que se han quedado con dinero fácil y han dejado un problema a la entidad bancaria". Estiman que los bancos han perdido casi tres millones de euros por esta trama inmobiliaria en la que empresas sin actividad alguna, empresas denominadas fantasma, solicitaban un crédito a una entidad financiera hipotecando una propiedad de un vecino del pueblo y, transcurrido unos meses, dejaban de pagar las cuotas financieras obligando a los bancos a ejecutar judicialmente la hipoteca.

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