Los vecinos de San Sebastián son los que soportan mayor deuda pública de Canarias

Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera

La Gomera Ahora

San Sebastián de La Gomera —

El informe elaborado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas sobre el coste efectivo de los servicios básicos desvela que en 2013, los vecinos de San Sebastián de La Gomera fueron los que más soportaron deuda pública hasta sumar 272 euros por cada uno de ellos. Este estudio publicado recientemente analiza la deuda de cada ayuntamiento, las prestaciones que ofrece a sus ciudadanos y compara lo que dedica a materias como limpieza, saneamiento, agua o protección social.

En el estudio se indica que la deuda pública de San Sebastián se elevó ese año a 2,3 millones, a los servicios públicos esenciales se dirigieron 4,2 millones, a las actuaciones de protección y promoción social algo más de un millón, a la producción de bienes públicos de carácter preferente 1,3 millones, a las actuaciones de carácter económico, casi 180.000 euros y a las de carácter general algo más de tres millones. Estos datos apuntan a que el Ayuntamiento de La Villa invirtió 111 euros en actuaciones de protección y promoción social, mientras que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria gasta 121. Pero aún así resulta más elevada que en el caso de La Laguna donde la cifra se sitúa en 106 euros y bastante más que en la capital tinerfeña con 86.

En cuanto a deuda pública en Canarias después de San Sebastián se encontraría Santa Cruz de Tenerife, con 53 millones, lo que supone 259 euros por persona. A mucha mayor distancia se encuentra Las Palmas de Gran Canaria donde los 18,8 millones de deuda implican que cada habitante soporte 49 euros. En el ámbito nacional Madrid ocupa el primer lugar en cuanto a deuda pública por habitante con 414 euros, mientras que Badajoz está en el último con 35. Estos datos se extraen de las liquidaciones de los presupuestos de cada una de las corporaciones locales y el Ministerio se ha comprometido a hacerlos públicos cada año. El objetivo es seguir avanzando en la austeridad y racionalidad del gasto, dictaminado por el Gobierno central y Europa.

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