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La Asociación de Empresarios del Suroeste califica de “grave” la situación de las inversiones turísticas en la Isla

Este colectivo empresarial considera que el Cabildo de La Palma y el Gobierno de Canarias “deben coordinarse para poner las soluciones necesarias de la manera más rápida posible”.

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La Asociación de Empresarios del Suroeste de La Palma (Esuropal) advierte en un comunicado “de la gravedad de la situación en que se encuentran las diversas inversiones turísticas previstas para La Palma”, así como de “la imposibilidad actual de autorizar cualquier otra de menor tamaño”.

Este colectivo empresarial considera que “el Cabildo de La Palma y el Gobierno de Canarias deben coordinarse para poner las soluciones necesarias de la manera más rápida posible”.

La reciente Sentencia firme del Tribunal Supremo de 18 de mayo por la que se anuló el Decreto 123/2008, de 27 de mayo de la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias mediante el cual se aprobaron definitivamente la mayor parte de los ámbitos y actuaciones turísticas que habían sido suspendidas mediante el anterior Decreto 95/2007, de 8 de mayo, del Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de La Palma, aseguran, “ha supuesto la anulación radical entre otras de los cinco campos de golf planificados, de seis actuaciones convencionales aisladas y de varios núcleos turísticos, entre los que destacan los de Santa Cruz de La Palma, Los Cancajos y el Puerto de Tazacorte”. Tal anulación, prosiguen, significa “la imposibilidad de colocar unas ocho mil plazas alojativas turísticas en los espacios previstos en el Plan Territorial Turístico para tal fin”.

Dicen que “ante un panorama tan desastroso se ha venido a sumar otra reciente Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 2 de junio de 2015 que anula el Plan General de Ordenación de Los Llanos de Aridane, retrotrayendo las situación a las condiciones legales existentes en el año 1987. Tal sentencia impide la ejecución de importantes actuaciones turísticas planificadas para el municipio, especialmente en aquellas zonas donde se habían previsto inminentes inversiones, como Puerto Naos y Charco Verde”. La anulación, subrayan, supone “la imposibilidad de colocar unas cinco mil plazas alojativas turísticas en los espacios previstos en el Plan Territorial Turístico dentro del municipio de Los Llanos de Aridane”.

Por otra parte, apuntan, “de la información recabada por esta asociación respecto a las consecuencias y efectos de estas sentencias judiciales en las previsiones de inversión turística para la Isla en el corto y medio plazo, que la propia administración ha venido anunciando reiteradamente, entendemos que la totalidad del Plan Territorial Turístico queda afectado, ya que la anulación del Decreto 123/2008 deja sin efectos los otros dos Decretos 95/2007 y 120/2010, que sirvieron para aprobar el Plan Turístico de La Palma”.

Señalan que “sin perjuicio de que la información recabada se confirme finalmente, lo cierto es que se ha generado en la actualidad un escenario de total incertidumbre e inseguridad jurídica que paraliza las inversiones e impide la ejecución de los proyectos turísticos previstos para la isla desde hace más de dos décadas, y además dificulta cualquier realización de iniciativas turísticas por pequeñas que sean”. “Nos encontramos ante una grave situación carente del más mínimo marco legal de ordenación del turismo para la isla de La Palma que ampare cualquier proyecto empresarial que se pretenda realizar, tanto aquellas que hayan sido específicamente previstas como aquellas que se pretendiesen implantar conforme a la normativa municipal vigente”.    

Apuntan que “no es el momento de buscar responsabilidades respecto a la gravísima situación creada -aunque sean exigibles desde el punto de vista técnico, jurídico y político- ni respecto al daño irreparable ocasionado a la economía de la isla, especialmente en esta última década. Es el momento de actuar de forma enérgica y segura, aprendiendo de los errores pasados, para lo que se hace necesario, en primer lugar, el reconocimiento de la difícil y comprometida situación a la que nos hemos visto abocados; y en segundo lugar, la acción inmediata encaminada a resolver la problemática creada por las recientes sentencias, con la máxima agilidad y desde la más estricta seguridad jurídica, como único modo de recuperar el tiempo perdido en el desarrollo turístico de la Isla”.

La Asociación de Empresarios del Suroeste de La Palma ‘Peruco Lorenzo’ hace un llamamiento “al Cabildo Insular y a todos los ayuntamientos para que de forma responsable y conjunta, tomen conciencia del problema existente, y se apliquen de manera coordinada a encontrar una solución rápida y segura”. En tal sentido, entienden que “ha de ser el Cabildo Insular la administración, que conjuntamente con el Gobierno de Canarias, asuma íntegramente la dirección de los trabajos y gestiones necesarias para solventar la problemática sobrevenida”.

Asimismo, se insta al Gobierno de Canarias a que “dentro de su marco competencial lleve a cabo las iniciativas de gobierno y legislativas necesarias para coadyuvar, coordinadamente con el Cabildo Insular, en la solución del problema creado a un sector estratégico para la economía de la Isla como es el turismo”.

 

 

 

 

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