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Casitas La Palma busca “una solución definitiva” para las 4.500 plazas alojativas sin regular

El colectivo señala que, junto con la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, está estudiando “un primer borrador de Decreto propuesto por el Gobierno de Canarias” para encajar las viviendas turísticas en la normativa.

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De izquierda a derecha, el presidente de Casitas La Palma, el viceconsejero de Turismo, el  consejero de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Canarias y la alcaldesa de Los Llanos, en la reunión celebrada recientemente.

De izquierda a derecha, el presidente de Casitas La Palma, el viceconsejero de Turismo, el consejero de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Canarias y la alcaldesa de Los Llanos, en la reunión celebrada recientemente.

La Asociación Casitas La Palma, en un comunicado, señala que está en estudio “un nuevo Decreto” para regular las viviendas de uso turístico en la Isla. Esta entidad, que representa “a más de 300 propietarios de alojamientos turísticos no regulados en la Isla, con el objetivo de encontrar una solución definitiva que resuelva esta antigua problemática que afecta a más de 1.000 unidades y unas 4.500 plazas alojativas”, viene celebrando reuniones de trabajo “con todas las administraciones con competencias en materia turística, tanto insulares como regionales”. En tales encuentros, añade, están “planteando y discutiendo las diversas alternativas para encontrarle una pronta solución a esta situación”.

En este sentido, apunta que “no debemos olvidar que dicha problemática ha mantenido durante cerca de dos décadas a muchas familias y pequeños empresarios del sector sumidos en la incertidumbre y la inseguridad a la hora de posibilitar el desarrollo de su actividad”.

En la nota se expone que “fruto” de los citados encuentros, “la Asociación Casitas La Palma y la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav), con la que mantenemos una estrecha colaboración, estamos estudiando un primer borrador de Decreto propuesto por el Gobierno de Canarias a través de la Viceconsejería de Turismo representada por el Ricardo Fernández de La Puente, con el que nos hemos reunido en La Palma recientemente”. En el aludido documento “se plasmarán las directrices mínimas para su desarrollo, no solo en nuestra Isla sino en todo el ámbito territorial canario, regulando de manera global las diversas modalidades que puedan caber dentro de esta actividad alojativa, tanto en el ámbito del turismo rural como del alquiler vacacional, facilitando de esta forma un nuevo marco normativo básico, claro y viable donde poder encajar dicha problemática, que afecta al sector en general y a nuestra Isla en particular”.

Problemática, explica, originada por “mantener en vigor un conjunto de normas múltiples y complejas en sus diversos ámbitos, interrelacionadas entre sí, y que han tejido una tupida tela de araña, sumiendo al sector en una situación de bloqueo a la hora de poder desarrollar su actividad (barreras administrativas y urbanísticas), así como de otras de índole económica derivadas o no de las anteriores (cambios de uso, proyectos varios, licencias de todo tipo y sobretodo el canon a la actividad), no acordes con estos difíciles tiempos donde debe primar una filosofía de la administración, que facilite y dé la cobertura necesaria y suficiente al desarrollo de todas aquellas actividades económicas que posibiliten creación de empleo y riqueza para nuestro entorno, lo que redundaría, también, en mayores ingresos para la propia administración, pero fruto del desarrollo de dicha actividad y no de la implantación de la misma, acorde con la corriente europea que dimana de la Directiva Bolkenstein”.

“De igual manera y de forma complementaria al estudio de este posible Decreto de regulación de la actividad turística”, concluye, “la Asociación Casitas La Palma continúa manteniendo reuniones de trabajo periódicas con nuestros representantes políticos insulares y los técnicos en la materia, con el fin de adecuar los planeamientos que nos rigen en el ámbito insular, como el PIOLP (Plan Insular de Ordenación de La Palma), y en mayor medida el PTE (Plan Territorial Especial) o los planes generales de ordenación de los diversos municipios, con el fin de poder facilitar el encaje necesario e imprescindible de nuestra actividad en ellos”.

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