La Fiscalía investiga al Cabildo tinerfeño por la obra del enlace de San Isidro

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife investiga al Cabildo por la tramitación de 19 expedientes del área de Carreteras, entre los que se encuentra, según ha podido saber mirametv.com, el proyecto de la vía de servicio y modificación de enlaces de San Isidro-Aeropuerto Sur, que se adjudicó a la UTE Acciona y Construcciones Darias por 8,5 millones en 2006 y que finalmente se liquidó por 14,2 millones en este mandato, según recoge Mírame TV.

Entre las irregularidades detectadas, que puso en conocimiento de la Corporación insular el interventor general en su informe de noviembre de 2012, destaca el hecho de que nunca se llegase a aprobar un proyecto modificado que justificase el sobrecoste de los trabajos, que alcanzó el 53% de la cuantía inicial, o la puesta en servicio de la vía en 2010 sin llevar a cabo los trámites que establece la ley para proceder a la recepción de este tipo de obras.

El informe del interventor general advierte de que “la ocupación efectiva de las obras debió de acordarse por el órgano de contratación previa cumplimentación de la correspondiente acta de comprobación”; un aspecto que obviaron los responsables del área de Carreteras en el año 2010, cuando la vía fue abierta al uso público a pesar de las discrepancias que en ese momento existían entre el Cabildo y la UTE por el coste de los trabajos realizados fuera del contrato original. Este hecho provocó una “recepción tácita” de la obra, argumento que posteriormente utilizaron las empresas adjudicatarias para defender posibles derechos adquiridos.

Otra de las cuestiones que llama la atención del interventor es la inexistencia de un proyecto modificado aprobado, pese a que el Real Decreto 1098/2001 advierte de que “sólo podrán introducirse variaciones sin previa aprobación (...) siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10% del precio primitivo del contrato, IGIC excluido”. El sobrecoste final superó el 53%. Por este hecho, el órgano fiscalizador denuncia que “se tenía que haber tramitado la correspondiente modificación del contrato adjudicado en los términos previstos” por la normativa vigente.  

Con estos antecedentes, el Consejo de Gobierno aprobó el 3 de diciembre de 2012 el pago por un importe total ejecutado de 14,2 millones de euros, de los que 13 millones se corresponden con la obra y el resto se debe a la “revisión de precios” a la que tiene derecho la adjudicataria. En el acuerdo final, la UTE aceptó renunciar a algo más de un millón de euros que le correspondían por los intereses de demora generados.

Para justificar la decisión de liquidar el contrato, tal y como explicó a este portal de noticias el consejero de Carreteras actual, José Luis Delgado, que heredó el expediente en 2011 cuando llegó al cargo, el Cabildo argumentó la posibilidad de que la UTE solicitase un enriquecimiento injusto por la vía jurídica, lo que a la postre podría haber sido aún más perjudicial para las arcas públicas. Es decir, al existir una serie de defectos en la tramitación, y especialmente al haberse puesto en servicio público la obra, las empresas adjudicatarias tienen la posibilidad de reclamar, además de la cantidad adeudada, una compensación por el beneficio que sus trabajos le han producido a la Corporación, que puso a disposición de los ciudadanos la nueva infraestructura dos años antes de autorizarse el pago.

Así lo recomendó también el interventor general, que en su informe recordó la “reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo” sobre lo que se conoce en la doctrina como Teoría del Enriquecimiento Injusto, al existir “medios probatorios de que la prestación está ejecutada y que dichos trabajos suponen un beneficio para la Administración y un correlativo empobrecimiento para la empresa”. Todo ello como consecuencia de que “resulta evidente que no se ha seguido la tramitación legalmente establecida”. 

Discprepancias técnicas

Pero, ¿por qué nunca se llegó a aprobar un proyecto modificado y qué motivó que no se parasen las obras cuando saltaron las discrepancias entre los técnicos y la UTE? Estas son algunas de las preguntas que plantea el expediente y que obligan a realizar un repaso detallado por el rastro administrativo que dejó este contrato en el área de Carreteras a lo largo de sies años de tramitación. 

El 20 de febrero de 2006, el Cabildo sacó a licitación las obras por un montante total de 11,9 millones de euros. En junio, el contrato se adjudicó a la UTE formada por las empresas Acciona y Construcciones Darias, quepresentó la oferta más baja, 8,5 millones con un plazo de ejecución de 20 meses, y además se comprometía a llevar a cabo una serie de mejoras que suponían un ahorro para las arcas públicas de 121.416 euros.

El contrato se firmó el 10 de agosto de ese año y las obras comenzaron en noviembre, por lo que, de cumplirse los plazos establecidos, debía estar finalizada el 10 de julio de 2008. Cuando se acercaba la fecha definitiva, el 29 de mayo, la Dirección Facultativa solicitó la tramitación de un proyecto modificado. Y ahí comenzaron los problemas.

Entre las cuestiones que había que añadir al proyecto inicial, según la propuesta de los técnicos del Cabildo,se incluían el incremento de algunas unidades contempladas en el documento original por los nuevos parámetros establecidos por el Consejo Insular de Aguas, la afección de las futuras obras del tercer carril entre San Isidro y Las Américas, la demolición del puente de la autopista que se ubicaba en la zona de los trabajos y el nuevo diseño del enlace de Cocarmen. La Dirección Facultativa cifró en 2,8 millones el coste de las modificaciones.

En octubre de 2008, según se contempla en el acuerdo del Consejo de Gobierno, se produjo una reunión entre las partes, en la que la UTE comunicó verbalmente que no firmaría el proyecto modificado, “solicitando que no se continuase con la tramitación del mismo”, al discrepar en la cuantía propuesta por los técnicos de la Corporación insular. Un mes después, en noviembre, el Cabildo autorizó un nuevo plazo de cinco meses para terminar con la parte que no se había concluido del proyecto inicial, sin llevarse a cabo las modificaciones por no haber acuerdo con la adjudicataria. 

Sin que se justifique en ningún documento del expediente, las obras finalmente continuaron y la UTE llevó a cabo el resto de los trabajos, incluidos los cambios propuestos en el proyecto modificado, sin que los responsables políticos, en aquel momento la Consejería estaba en manos del PP y la Dirección del área en las de CC, parasen las obras por las desavenencias existentes en cuanto a la cuantía a pagar, lo que dejó en el aire la aprobación administrativa del proyecto modificado.

La discusión técnica, de hecho, continuó durante los meses siguientes. El 25 de mayo de 2009, la Corporación insular dio audiencia a la UTE para que presentara alegaciones al proyecto modificado, lo que la adjudicataria llevó a cabo al mes siguiente, en las que avisó de lo que consideraba un “quebranto económico a sus intereses”. En diciembre de ese año, Acciona y Construcciones Darias enviaron al Cabildo un informe en el que tasaba el valor total de la obra ejecutada en 14,7 millones de euros.

Los técnicos de la Consejería de Carreteras realizaron un contrainforme en el que, a pesar de que admitían que aún faltaban mediciones por realizar, rebajaban a 11,1 millones el coste de los trabajos. Las principales discrepancias versaban sobre el precio de algunos de los materiales, como el hormigón, que la Dirección Facultativa consideraba que había sido valorado en cantidades que sobrepasaban los precios de mercado. Una vez más, no hubo acuerdo, y el expediente quedó sobre la mesa de la Consejería de Carreteras sin resolverse, lo que a su vez generaba constantes intereses de demora y revisión de precios a favor de la adjudicataria. En aquel momento, con la consejera del PP Vicenta Díaz, ya fallecida, achacada por una grave enfermedad, las decisiones políticas recaían directamente en la directora insular de Carreteras, Ofelia Manjón (CC). Entre tanto, las obras finalizaron y la vía fue abierta al tránsito de vehículos.   

La UTE reclamó por vía administrativa

Con el cambio de mandato, después de las elecciones de 2011, el 27 de septiembre se presentó por parte de la UTE una solicitud de inicio del procedimiento administrativo para el reconocimiento y abono de la obra ejecutada, que en ese documento se valoraba ya en 18,9 millones. Fue entonces cuando saltaron todas las alarmas en el Palacio insular.

El 10 de octubre de 2011, la Dirección Facultativa emitió un nuevo informe, ya con las mediciones pendientes realizadas, en el que elevaba su valoración de los trabajos a 11,3 millones, muy lejos aún de lo reclamado por las constructoras. Curiosamente, en noviembre, el Cabildo procedió a citar a las partes para llevar a cabo la recepción de las obras. Fue entonces cuando la UTE, en un criterio avalado por el interventor, advirtió de que la recepción se había producido de forma tácita al haber transcurrido “más de un año, como han puesto de manifiesto en diversos escritos, desde que se ha producido la puesta en servicio para el uso público de la obra”. 

Con las constructoras con la sartén por el mango, los técnicos de la Coporación insular elaboraron un nueva propuesta que ascendía a 12,9 millones, de los que algo más de un millón se correspondía a la revisión de precios a la que tiene derecho la UTE. Es entonces cuando interviene el consejero actual, José Luis Delgado, que, según consta en un informe de la Dirección Facultativa de marzo de 2012, “tras reuniones mantenidas con la empresas adjudicatarias, alcanzó un acuerdo” para liquidar las obras por 13 millones, lo que suponía aceptar un sobrecoste por exceso de obra de 4,5 millones.

El Consejo de Gobierno de 3 de diciembre de 2012 aprobó de forma definitiva el pago total de 14, 2 millones a la UTE, de los que 1,1 millones se correspondían a revisión de precios y el resto a los trabajos ejecutados. El último punto del acuerdo adoptado por los consejeros de CC y PSOE resume parte de los sucedido después de seis años de atropellada gestión al “dejar constancia de las debilidades o insuficiencias detectadas en el procedimiento de tramitación del expediente, en evitación de que las mismas puedan reproducirse en futuros supuestos similares, dando traslado a los servicios del área”.