El Ayuntamiento deberá asumir el coste de las indemnizaciones por el derrumbe de 2010 en Montaña Taco
Todo apunta a que finalmente será el Ayuntamiento de Santa Cruz el que tendrá que hacer frente a las indemnizaciones derivadas del derrumbe de parte de Montaña Taco producido en el mes de marzo de 2010.
En aquellas fechas tuvieron que ser desalojadas cuatro viviendas y una nave industrial al haber resultado afectadas por los desmoronamientos, cuyo efecto se multiplicó por las lluvias torrenciales. Ya han presentado peticiones de indemnización dos de ellas, solicitando alrededor de 500.000 euros, a lo que habría que sumar el lucro cesante en el caso de la nave industrial y los daños en los vehículos.
El Ayuntamiento parece tener todas las papeletas para verse obligado a afrontar los daños dado que este terreno es propiedad municipal y además ha sido la Corporación local la institución encargada de conceder las licencias para extraer áridos. Actividad que se considera responsable de la debilidad del terreno.
De hecho, el Ayuntamiento no fue capaz de adjuntar ningún informe en el que se demostrara que realiza un control efectivo sobre estas labores extractivas. Lo que sí se comprobó es la ausencia de una adecuada protección y mantenimiento de los taludes.
En principio las reclamaciones se dirigieron hacia la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, al sospecharse que el derrumbe fue originado por la construcción de la vía Ofra-El Chorrillo. La Consejería realizó un informe en el que se descarta que pueda deberse al tránsito de vehículos pesados ya que estos circulaban por las vías ya establecidas y fuera del entorno donde se produjeron los hechos.
En concreto, la llegada y salida de camiones se produjo por el polígono de Los Majuelos, lejos de la zona en cuestión. Además, los vehículos no pudieron acceder al interior de la piconera “por lo estricto de sus parámetros trazados para ellos”. A lo que se suma que durante aquellas fechas las obras habían quedado paralizadas.
El Cabildo también elaboró un informe en el que descartaba tener responsabilidad alguna sobre los hechos. Por lo tanto, los juristas del Consejo Consultivo recomiendan que las peticiones se dirijan a partir de ahora al Ayuntamiento de Santa Cruz.
