Tras varios años de ajuste ininterrumpido en el gasto público de las comunidades autónomas, y varios ejercicios de rescate y apoyo desde el gobierno central, las CC.AA., se enfrentan al año 2015, año electoral de gran trascendencia, con numerosas incertidumbres. El descontento provocado por los recortes en salud y educación, partidas que representan más del 60% del gasto de las CC.AA, puede pasar factura en mayo y los gobiernos autonómicos quieren acceder a más recursos financieros para adelantar a su ciudadanía algo de los frutos de la tan anunciada recuperación.
Debemos recordar que entre 2009 y 2012, el descenso en el gasto en sanidad y educación de las CC.AA supuso alrededor de 20 puntos porcentuales. No será fácil: la senda de consolidación fiscal establecida en el programa de estabilidad por el que España se compromete con la Unión Europea, requiere que las CC.AA cumplan con un déficit público del 0,7% de su PIB, algo que la oficina de responsabilidad fiscal ya ha puesto en duda para 9 comunidades. Este mismo año siete de ellas no cumplirán el objetivo del 1%, alcanzando en los casos de Extremadura, Cataluña, Comunidad Valenciana y la Región de Murcia más del 2%, el doble de lo previsto.
La decisión de Hacienda de reestructurar la deuda de las CC.AA, y la eliminación de los intereses del Fondo de Liquidez Autonómica y el Fondo de Pago a Proveedores, podrá aliviar en algo la situación de los gobiernos autonómicos más endeudados, pero cabe preguntarse si esto no es sino premiar a las comunidades más irresponsables cargando la factura a la ciudadanía de aquellas que han cumplido los objetivos.
Ha llegado el momento de repensar, de nuevo, el sistema de financiación autonómica, aunque ese melón parece que nadie quiere abrirlo.