El escándalo por las denuncias de acoso sexual contra el alcalde de Algeciras amenaza el bastión del PP en Cádiz

Algeciras ha convivido durante años con historias que reunían todos los elementos de un escándalo sexual y político pero, hasta hace 48 horas, no han adquirido la envergadura de la crisis que ha acabado con la carrera de José Ignacio Landaluce, el todopoderoso alcalde de la décima ciudad más poblada de Andalucía (125.000 habitantes) y un bastión de la derecha en Cádiz desde hace 15 años.

Landaluce era un tótem en el PP andaluz, lo era en tiempos de Javier Arenas, lo fue con Teófila Martínez, con Juan Ignacio Zoido y con Juanma Moreno. Ha sido diputado en las Cortes y senador, de hecho, hasta hace nada era miembro de la Diputación Permanente de la Cámara Alta. Tenía (y tiene) línea directa con el vicepresidente de la Junta, mano derecha de Moreno y expresidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, que sabe todo lo que se cuece en su provincia.

Una de las cosas que el PP sabía –porque se ha publicado, se ha denunciado y se ha debatido en el Parlamento andaluz– son las sospechas de abuso sexual y de poder de Landaluce con mujeres de su entorno, del Ayuntamiento y del partido.

Las denuncias presentadas por dos mujeres vinculadas al PP han situado ahora esa controversia en el centro de la vida municipal y han desencadenado una crisis política que vaticina el final de la larga etapa del regidor al frente del Ayuntamiento, tras una moción de censura firmada este miércoles por el propio PP, con respaldo de Vox y apoyo de los concejales socialistas, aunque estos últimos no la han rubricado.

En una entrevista con Onda Cero, Landaluce ha insistido en su inocencia, pero ha admitido que “la situación no tiene vuelta atrás” porque tiene “perdida” la moción de censura, aunque seguirá en el cargo “trabajando” hasta ese día “por respeto a los vecinos” que lo eligieron. “Yo no sé si hay una o dos denuncias, ni dónde están, ni si son verdad. Ningún documento me ha llegado y eso me produce mucha indefensión, eso es una injusticia”, ha asegurado.

El terremoto político se ha producido después de que 12 de los 15 concejales del PP en el Gobierno local renunciaran a sus responsabilidades ejecutivas, aunque conservaron sus actas, tras el ultimátum de la dirección provincial del partido. Landaluce se ha negado a dimitir y decidió seguir al frente de la Alcaldía, acompañado por los tres ediles que mantenían su apoyo. El presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, terminó anunciando desde Bruselas que la formación impulsaría una moción de censura, que horas después empezó a concretarse en Cádiz.

El presidente del PP gaditano y alcalde de la capital, Bruno García, cerró un acuerdo con los 12 concejales fieles al partido para designar sustituto a Jacinto Muñoz, concejal y exdiputado en el Parlamento andaluz. A partir del registro de la moción de censura, la votación para culminar con la destitución de Landaluce será el próximo 29 de octubre.

El PP de Moreno se ha resistido hasta el último minuto a dejar caer al todopoderoso senador y alcalde de Algeciras, una ciudad cuyo peso político en la provincia de Cádiz es fundamental para conservar la Diputación en las próximas elecciones municipales. No hace ni un año que el presidente de la Junta elogiaba a Landaluce delante de los 500 compromisarios en el congreso regional del PP que le reeligió como líder del partido.

Pero, además de la cicatriz política, esta crisis ha reabierto una pregunta incómoda en la ciudad: cómo se llegó hasta aquí y qué sabían quienes durante años escucharon comentarios sobre los supuestos abusos sexuales del alcalde. En los círculos políticos y periodísticos de Algeciras, el asunto llevaba mucho tiempo presente en las conversaciones. Había informaciones publicadas. Había denuncias en los tribunales (que no prosperaron), había conversaciones grabadas y la oposición a Moreno llevó el caso de Landaluce hasta el Parlamento andaluz.

Durante meses, en el Pleno municipal y la prensa local, habían aparecido referencias al supuesto acoso sexual del alcalde con trabajadoras del partido y del Ayuntamiento, pero ninguna mujer había denunciado en los tribunales. En una ciudad donde las relaciones personales, políticas y profesionales se entrecruzan, la frontera entre lo que se comentaba en privado y lo que podía hacerse público resultaba especialmente delicada.

Nuevas denuncias

La difusión en octubre de 2024 de unos mensajes privados atribuidos a concejalas del PP hizo aflorar una dimensión pública a aquella controversia. En las conversaciones aparecían referencias a presuntos tocamientos y comentarios machistas del alcalde. “Esta mañana para apartarme de la mesa del chocolate me tocó el culo delante de todo el mundo...”, escribió una concejala popular en su WhatsApp. Y contestaba: “Ya me ha metido mano por debajo de la mesa, se ha dado cuenta todo el mundo”. Y otra: “Se enfadó conmigo porque entró al baño y yo estaba lavándome las manos con la cremallera del pantalón bajada para hacer pis, y me dijo: 'A ver, que quiero mirar'. Cerré la puerta de un golpe”, detalla también esa segunda concejala.

Las concejalas aludidas negaron posteriormente haber sufrido acoso o abusos sexuales por parte de Landaluce. Pero el PSOE utilizó después esos antecedentes para presentar, en diciembre de 2025, una denuncia poco trabajada ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por posibles delitos de acoso o abuso sexual, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. La Fiscalía archivó las diligencias en enero de 2026 al no apreciar indicios suficientes para continuar con aquella investigación.

Ese archivo correspondió a aquella denuncia concreta, que no suscribían las propias afectadas, pero la crisis actual se sustenta en dos denuncias posteriores distintas, presentadas por mujeres afiliadas al PP, que atribuyen al alcalde presuntas agresiones sexuales. Una de ellas pidió hace dos meses amparo a la dirección del PP pero, al no obtener respuesta, optó por denunciar en los tribunales.

La primera denuncia recoge dos episodios que la víctima sitúa en 2020 y 2021: uno en un consultorio médico y otro en su despacho municipal. La segunda se refiere a un supuesto episodio ocurrido el 10 de julio de 2026 en el despacho de la Alcaldía. La denunciante, vinculada laboralmente al Ayuntamiento como cargo de confianza, sostiene que Landaluce le tocó los senos con el pretexto de examinarle un lunar.

La aparición de las nuevas denunciantes ha provocado también una revisión de la actitud mantenida por parte de quienes consideraban que las acusaciones anteriores respondían a una operación política. “Una cortina de humo”, lo llamó el portavoz del PP en el Parlamento, Toni Martín, que confrontó la denuncia del PSOE contraatacando con el caso Koldo y Ábalos. La sucesión de los acontecimientos ha cambiado el escenario y ha reabierto el debate sobre la nula credibilidad que se concedió a los primeros indicios.

Equilibrio político quebrado

El temor a las consecuencias personales y profesionales de denunciar a una persona con poder institucional constituye otra de las claves del caso. En una localidad donde las redes familiares, laborales y políticas pueden coincidir, dar el paso de denunciar públicamente puede tener consecuencias que van más allá del procedimiento judicial. La posibilidad de quedar señalada, sufrir represalias o afrontar el cuestionamiento del entorno más próximo puede influir en la decisión de acudir a la Justicia.

Ese contexto ayuda a comprender por qué no basta con reclamar que las posibles víctimas denuncien: en el entorno se reclama también que es necesario garantizar que puedan hacerlo sin verse sometidas a un juicio paralelo. Las descalificaciones y los comentarios difundidos en redes sociales durante los últimos días muestran hasta qué punto las acusaciones pueden convertirse en una disputa pública sobre la credibilidad de las mujeres, antes incluso de que los tribunales hayan examinado los hechos.

La crisis del PP en Algeciras se libra ahora en tres pistas: el propio municipio, donde la moción de censura abrirá en canal a los vecinos afines a Landaluce y a los fieles al partido, con visos de chocar en dos candidaturas enfrentadas en las municipales de mayo de 2027. Segundo, el riesgo de que este escándalo haga perder al PP la Diputación de Cádiz, que depende mucho de sus votantes en Algeciras.

Y tercero, el silencio de la dirección regional del partido de Juanma Moreno, al que la oposición en bloque de izquierdas le reprocha ya su “complicidad” y le afea que la única referencia al caso Landaluce que hizo tras ser denunciado y dejar el partido es que se había enterado “por un teletipo”.