La Junta de Andalucía ha empezado a reordenar sus entes instrumentales sin esperar a recibir los informes encargados a varias empresas privadas, por los que va a pagar más de cinco millones de euros y que aún no han sido entregados. La administración ha anunciado ya la creación de una nueva agencia y la fusión de siete entes instrumentales, que estaban entre aquellos que las consultoras debían evaluar. De hecho, la Junta de Andalucía mantiene una licitación abierta para contratar por tres millones de euros una consultoría que le asesore en el “diseño y definición” de la estrategia de reordenación de la llamada “administración paralela”.
La Junta de Andalucía anunció en diciembre la creación de una Agencia Digital. Además, en las dos últimas semanas ha anunciado la fusión de las fundaciones Barenboim-Said, Legado Andalusí y Tres Culturas, y de las cuatro agencias de apoyo empresarial: la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), la Agencia Andaluza del Conocimiento, la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda) y la Fundación Andalucía Emprende pasarán a formar Andalucía Trade.
Las tres fundaciones culturales se integrarán en una sola, “a fin de evitar duplicidades y ganar eficiencia”, según la Junta de Andalucía. Y las cuatro agencias de apoyo empresarial integrarán Andalucía Trade, “para ordenar más eficientemente el sector público andaluz”.
“Hoy se hace más necesario aún reordenar los entes instrumentales”, dijo Rogelio Velasco, consejero de Transformación Económica. “El momento es ya, es ahora”, añadió.
Estas siete entidades aparecen expresamente recogidas entre las que una consultora deberá evaluar estratégicamente, según el pliego de condiciones del contrato “Servicio de consultoría estratégica y de recursos humanos y asesoramiento legal para el diseño y definición de las estrategias a realizar en el sector público instrumental de la Junta de Andalucía y ejecución del plan diseñado”. La licitación, abierta en diciembre y valorada en tres millones de euros, aún no ha sido resuelta. La web informa de que la apertura del sobre tres, prevista para el 27 de enero, se ha suspendido y se volverá a programar, sin ofrecer más información. En esta licitación participan despachos y consultoras como Ernst & Young, PriceWaterhousecoopers, KPMG, Deloitte, Cuatrecasas o Montero Aramburu, casi todas en unión temporal de empresas.
Aunque el pliego está redactado con términos imprecisos, el objetivo es contratar a una consultora que asesore en la toma y ejecución de decisiones sobre todos los entes instrumentales. La empresa que se haga con el contrato deberá realizar “labores de consultoría estratégica y de recursos humanos y asesoramiento legal necesarias para el diseño y definición de las estrategias a realizar en el sector público instrumental”. Entre las tareas, está la elaboración de un plan de actuaciones para su “proporcionado dimensionamiento” y adecuar los entes que se mantengan o reestructuren. El plan de actuación incluye a su vez un plan de reordenación.
Además, en las decisiones que ya ha tomado la Junta de Andalucía tampoco se han tenido en cuenta los informes de auditoría de 54 entes, divididos en 16 lotes y encargados en diciembre de 2019 a PriceWaterhouse Coopers, Ernst & Young, Deloitte, Accenture, Cremades & Calvo Sotelo-Novotec y Grant Thornton, por un total de 2.280.000 euros.
Esos informes se esperaban a lo largo de 2020, pero fuentes de la Vicepresidencia de Regeneración confirman que aún no se han entregado, y los retrasan a marzo. El pasado diciembre explicaron que los retrasos se debían a la pandemia. Tan solo se ha conocido, por cauces extraoficiales, el que recomienda el cierre de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Hasta ahora, se han entregado los informes provisionales a las 54 entidades para que presenten alegaciones. Con esa respuesta se elaborarán los informes definitivos.
La Consejería de Regeneración (en manos del vicepresidente Juan Marín, de Ciudadanos) y la consejería de Presidencia (Elías Bendodo, PP) comparten la tarea de diseñar, impulsar y ejecutar la declarada intención del gobierno andaluz de reordenar lo que, cuando estaban en la oposición, denominaban “administración paralela” o “chiringuitos”.
Fuentes de Regeneración achacan a la pandemia el adelanto del proceso, y lo enmarcan en la urgencia económica, que ha alterado el calendario de reordenación establecido en 2019. “Todo esto nos está obligando a anticipar algunas decisiones”, admiten, si bien las limitan a la creación y fusión de las “agencias de impulso económico”.
La Consejería de Transformación Económica, en la que se integrará Andalucía Trade, explica que el proceso culminará a finales de año y que las auditorías, cuando estén listas, servirán para afinarlo: “Guiarán con mayor precisión las líneas de actuación, necesidades, duplicidades detectadas, etc. de la nueva agencia”. Según la consejería, la situación económica “requiere que se actúe ya” para aprovechar el nuevo marco de financiación europea (2021-2027) y ejecutar los fondos extraordinarios Next Generation, liberados por la Unión Europea para reactivar la economía. “Los fondos del anterior marco comunitario (2014-2020), en anteriores legislaturas, no se pudieron aplicar a los fines a los que debían dedicarse hasta tres años después de su inicio”, recuerdan.
Por su parte, la Consejería de Presidencia, responsable del contrato de consultoría, no aclara si la reordenación iniciada va a ignorar el resultado de la consultoría, ni qué asesoramiento va a prestar la adjudicataria en relación a las agencias y fundaciones que ya han sido integradas. Tampoco explica si se va a modificar el contrato o si las integraciones ya anunciadas van a provocar que su precio, tres millones de euros, se rebaje para adaptarse al trabajo que finalmente deba hacer la consultora.
La Consejería de Presidencia tampoco aclara por qué se suspendió la apertura del sobre 3, ni da fechas para la resolución. “Nos remitimos a lo publicado en el portal de contratación”. Allí no se explican los motivos de la suspensión.
PP y Ciudadanos llegaron al gobierno andaluz anunciando su firme propósito de acabar con el modelo socialista de entes instrumentales. Sin embargo, el proceso está siendo más lento de lo que anunció. Uno de los principales escollos es laboral: los tribunales están protegiendo a trabajadores interinos o contratados que acumulan años en el sector público. El sector instrumental andaluz emplea a más de 27.000 personas. La Secretaría General de Regeneración, Racionalización y Transparencia de la Consejería de Regeneración pretende elaborar un inventario de puestos de trabajo del personal laboral propio en estas entidades.
La Junta de Andalucía se esfuerza ahora en transmitir que la reordenación afectará lo menos posible a estos trabajadores. Rogelio Velasco, consejero de Transformación Económica, ya explicó que negociaría con los sindicatos, aunque estos aún no han sido informados. En el caso de las fundaciones culturales, el gobierno andaluz explicó de que había creado una “comisión de coordinación para abordar todas las cuestiones operativas y legales necesarias” y un grupo de trabajo técnico con personal de la Viceconsejería, la Secretaría General de Acción Exterior, la Secretaría General Técnica y el Gabinete Jurídico. Los sindicatos han advertido de que se opondrán a cualquier reordenación que no respete los derechos adquiridos del personal de los entes instrumentales.
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