La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) se congratula por la aprobación este jueves de una proposición no de ley en el Parlamento de Andalucía en la que se pide el traspaso de las competencias desde el Gobierno central en materia de sanidad penitenciaria. Se trata de una iniciativa del Grupo Socialista que salió adelante en los tres puntos en que había sido propuesta.
Según informa APDHA en un comunicado, la organización lleva 10 años trabajando para que se asuman dichas competencias, tal como establece la legislación (ley 16/2003) y más aún cuando la ejecución de sucesivos convenios entre administraciones central y autonómica, señalan, se han mostrado inútiles y han generado no pocos problemas a la población reclusa en lo que a la atención a su salud se refiere. Por ello, solicita que el traspaso se realice con urgencia dado que han pasado 13 años desde la aprobación de la ley, como recientemente informó este periódico a raíz de una informe del Defensor del Pueblo Andaluz.
“Se trata de parches con múltiples lagunas que se convierten en problemas muy graves para la población presa”, apuntan. La entidad recuerda los últimos casos en los que las personas presas han tenido que pasar “verdaderas odiseas” para poder acceder a los medicamentos contra la Hepatitis C.
La organización señala también que “especialmente relevante” para conseguir la petición de las transferencias por parte del Parlamento de Andalucía ha sido el mencionado último informe del Defensor, “que recoge las propuestas de la APDHA de los últimos diez años, y en el que se evidencian una sanidad de segunda en prisión”, refiriendo cuestiones como “graves dificultades para acceder a la medicación, serios inconvenientes para obtener citas de especialistas, pérdidas reiteradas de citas médicas con perjuicios en algunos casos muy considerables para la salud de los pacientes, modificación de la medicación prescrita, dificultad para el acceso de los médicos de prisiones a las historias clínicas, entre otros”.
Además, la APDHA estima que las transferencias eliminarían la imposibilidad del personal médico para denunciar o documentar los casos de malos tratos o torturas que se producen dentro de prisión, ya que pertenecen a Instituciones Penitenciarias y tienen que seguir directrices de seguridad más que médicas.
Asimismo, la proposición no de ley recoge también que se establezca un procedimiento para el pago de los más de 4,5 millones de euros (4.642.611,73 euros) que el Gobierno central adeuda a Andalucía por la asistencia sanitaria a las personas presas, desde que en diciembre de 2013 finalizara el fin del último convenio y hasta la actualidad. En ese sentido, la Junta de Andalucía reconocía desconocer esta semana por qué el Ministerio no renueva el convenio para la asistencia sanitaria a presos. El Ministerio sigue sin dar respuesta a la consulta dirigida en ese sentido por este periódico.