El Gobierno autonómico acumula reveses judiciales por imponer servicios mínimos sin motivar en las huelgas de Aragón TV

El patrón se repite: técnicos de Aragón TV y Aragón Radio convocan una huelga, el Gobierno autonómico fija unos servicios mínimos, el comité o los sindicatos los recurren y los tribunales acaban dándoles la razón meses después del paro, que ya se ha quedado sin efecto. Hasta el punto de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha llegado a reprochar al Ejecutivo que “no sólo no” ha respetado sentencias anteriores, sino que ha incrementado el “número” de trabajadores obligados a cubrir los mínimos.

Ahora, con la huelga general de este 11-N, puede suceder lo mismo: CCOO ha trasladado a este periódico que va a recurrir los servicios mínimos establecidos para la CARTV por el paro de esta semana y que los servicios jurídicos del sindicato ya están preparando la demanda.

El TSJA ha anulado por tercera vez desde 2024 los servicios mínimos que el Gobierno de Aragón impuso en los paros de los técnicos que operan en la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, la CARTV. Las dos secciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo han dejado sin efecto, en marzo y abril de este año, las órdenes dictadas para los paros de octubre de 2025, y han condenado al Ejecutivo a indemnizar con 3.000 euros a la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en cada caso. El motivo es el mismo en ambas: las órdenes no explicaban por qué hacían falta los trabajadores designados.

El Gobierno ya había perdido el pleito de 2023 por esa misma razón, pero no corrigió el criterio. Según la comparativa que la Sala asume, en 2025 aumentó en 19 personas los mínimos de la televisión y en dos los de la radio.

Todo el informativo como “servicio mínimo”

El antecedente directo es una sentencia de abril de 2024 que estimó íntegramente el recurso del comité de empresa de NOW Audiovisual, una contrata técnica de la CARTV, contra la orden que dictó el Gobierno de Jorge Azcón, y que fijaba dos operarios diarios en la radio y entre tres y 14 trabajadores por jornada en la televisión para los paros parciales de octubre de 2023. El tribunal concluyó que, con esos efectivos, se podía elaborar y emitir el informativo completo. Así, la huelga resultaba “inocua”: se había designado como mínimos a todo el personal necesario para los informativos, sin valorar siquiera la posibilidad de reducirlo. La Sala impuso las costas a la Administración, con un límite de 1.500 euros.

No era la primera vez. Ese fallo se apoyaba en otro de julio de 2020, dictado con el Ejecutivo de Javier Lambán, que anuló por las mismas razones los mínimos de otra huelga en el servicio informativo.

En octubre de 2025, los trabajadores de la UTE Inevent-Telson, sucesora de NOW Audiovisual en la explotación técnica de Aragón TV y Aragón Radio, convocaron dos tandas de paros parciales por el bloqueo de su convenio colectivo. La primera fue del 5 al 13 de octubre y la segunda, del 28 al 30 de octubre y el 1 y 2 de noviembre. Para cada una, la vicepresidenta y entonces consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, dictó una orden de mínimos a propuesta de la directora general de la CARTV.

CCOO recurrió ambas. Aportó una comparativa según la cual los mínimos de 2025 no solo no respetaban la sentencia de 2024, sino que la superaban en dos personas en la radio y en 19 en la televisión, para el mismo número de días. El sindicato alegó también que en algunas franjas de paro no había informativos previstos, y que los mínimos se usaron para emitir la programación ordinaria.

Decisiones sin motivar

El Gobierno defendió en el juicio que la comparación no era válida. Argumentó que en mayo de 2025 había entrado en vigor un nuevo contrato de explotación técnica con nuevas prestaciones, y que los paros no eran equivalentes. Precisó además que la UTE adscribe 168 profesionales al contrato y que los designados como mínimos oscilaron entre 6 y 18.

La sentencia de 13 de marzo de 2026, de la Sección Segunda, rechaza esa defensa por una razón formal que es también de fondo. Esa motivación “no consta en la propia Orden”, y la doctrina del Tribunal Constitucional impide subsanar después, en el pleito, lo que no se justificó al dictar el acto. La orden se limitaba a invocar el carácter esencial del servicio audiovisual y el personal “mínimo imprescindible”, sin explicar los criterios para fijar el número de efectivos.

El Ministerio Fiscal apoyó a CCOO. Había defendido la desestimación en el pleito de 2023, pero esta vez cambió de postura y añadió que la orden carecía de informes técnicos y se remitía a una propuesta de la directora de la CARTV que no se explicitaba.

Las Fiestas del Pilar como argumento

La orden de la primera tanda de paros, del 5 al 13 de octubre, añadía un argumento propio: los paros coincidían con las Fiestas del Pilar y el Gobierno consideró relevante garantizar que la radio y la televisión públicas pudieran difundir comunicados oficiales en caso de aglomeraciones o alteraciones del orden público.

La Sección Primera anuló esa orden el pasado mes de abril con la misma indemnización de 3.000 euros. Asumió íntegramente lo resuelto por la Sección Segunda, al tratarse de “la misma huelga”, y añadió una consideración propia: llega a poner en duda que una televisión pública, que compite con otras públicas y muchas privadas, tenga un carácter esencial “tan definido” como la sanidad o la educación.

CCOO reclamaba 25.000 euros por daño moral en cada pleito. El Tribunal Supremo sostiene que anular unos servicios mínimos no da derecho por sí solo a una indemnización al sindicato, y la Administración alegó que es solo uno de los cuatro sindicatos con representación en la UTE y no el mayoritario.

La Sala aprecia, sin embargo, un perjuicio indemnizable. Si en un caso anterior lo había fijado en 1.500 euros, esta vez lo duplica y justifica la cuantía en “la reiteración” de una motivación deficiente en sucesivas órdenes de servicios mínimos en el ámbito audiovisual.

Ambas sentencias pueden recurrirse en casación.

Fallos que llegan cuando la huelga ya ha terminado

Las anulaciones tienen un efecto práctico limitado: llegan entre cinco y seis meses después de los paros, y la vía cautelar no ha tenido éxito. En 2023, el TSJA denegó la suspensión de la orden de mínimos por falta de objeto, porque cuando resolvió ya había pasado el último día de huelga. En octubre de 2024 denegó otra medida cautelarísima contra los mínimos de nuevos paros en la CARTV.

Tampoco entra la Sala en otras quejas del sindicato. CCOO denunció la sustitución de huelguistas, la emisión de programas grabados antes de los paros y órdenes que encomendaban tareas no cubiertas por los mínimos. El tribunal las remite a la jurisdicción social, porque afectan a la conducta empresarial y no a la orden de mínimos. Según el Gobierno, la Sala de lo Social del TSJA tramita una demanda de OSTA por hechos similares.

Los reveses de la CARTV no son aislados. En 2026, el TSJA también ha anulado, total o parcialmente, los mínimos fijados por el Gobierno de Aragón en la huelga de médicos de diciembre de 2025, con 1.500 euros de indemnización para el Sindicato Médico. Lo ha hecho igualmente en las escuelas infantiles públicas de 0 a 3 años y en las residencias afectadas por la huelga de limpieza. El Ejecutivo ha ganado, en cambio, otros recursos de esa misma huelga de limpieza y el de las escuelas infantiles privadas, con costas para los sindicatos.