Aragón insiste en su 'no' a declarar zonas tensionadas pese a perder la transferencia estatal por incumplir la Ley de Vivienda
El Gobierno de Aragón no declarará zonas tensionadas, aunque eso deje a la comunidad fuera de los fondos que el Estado reserva a quienes aplican esa figura de la Ley de Vivienda. Así lo ha reiterado este miércoles el consejero autonómico de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, tras el Consejo de Gobierno. López ha calificado la ley estatal de “lesiva y negativa” y ha restado valor a la transferencia. Según sus cálculos, el Gobierno de España destina menos de 29 euros por habitante a los municipios con zonas tensionadas, lo que en Aragón supondría 132.000 euros en total.
Las declaraciones llegan un día después de que el Consejo de Ministros aprobara un real decreto con 180 millones de euros en ayudas directas a las comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado en virtud de la ley de vivienda de 2023. Cataluña recibirá la mayor partida, con 119,4 millones para sus 271 municipios tensionados; le siguen País Vasco, con 31 millones para 18 municipios; Navarra, con 13,3 millones para 21; Galicia, con 10,2 millones para A Coruña y Santiago de Compostela, y Asturias, con 5,9 millones para cinco municipios. Aragón, que ha descartado hacerlo, queda fuera.
Frente a la cantidad estatal, Octavio López ha opuesto los 7,3 millones de euros que el Ejecutivo aragonés ha invertido en las localidades que plantearon la declaración. El consejero ha calificado de “irrisorias” las cifras del Gobierno central.
Cinco ayuntamientos aragoneses, que suman 4.640 habitantes, han solicitado la declaración hasta el momento: Alpartir y Sabiñán, en la provincia de Zaragoza, y Aínsa, Biescas y Canfranc, en la de Huesca. Según el consejero, Canfranc “retiró la solicitud cuando conoció el plan del Gobierno de Aragón”.
Más oferta en lugar de intervenir precios
López ha recordado que aplicar el artículo 18 es “discrecional” para las comunidades autónomas. Ha justificado la negativa en que Aragón “no es Madrid, Barcelona ni Baleares” y en que el Ejecutivo apuesta por aumentar la oferta de vivienda en los municipios a los que llegan trabajadores, no por intervenir el mercado. Como contraejemplo ha citado Cataluña, donde, a su juicio, parte de las viviendas han salido del mercado del alquiler tras la declaración.
Sin embargo, el rechazo a la ley no es total. La Consejería sí ha aplicado otros artículos, como el que permite destinar suelos dotacionales a la promoción de vivienda. López ha cifrado en más de 3.700 las viviendas en alquiler asequible que el Gobierno de Aragón tiene en marcha, con el objetivo de llegar a 7.000 en esta legislatura. También ha destacado el plan para las zonas turísticas, que afecta a 460.000 habitantes y ha supuesto una inversión cercana a los 90 millones de euros en 43 municipios.
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado la cesión gratuita al Ayuntamiento de Alcolea de Cinca de cuatro viviendas situadas en la avenida de la Autonomía. Proceden del patrimonio del extinto Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón (ISVA) y tienen un valor conjunto de 240.105,99 euros. El Consistorio asumirá su rehabilitación y después las ofrecerá en régimen de arrendamiento asequible.