CHA-Frente Amplio propone fijar por ley el SMI en el 60% del salario medio y gravar a las firmas que no suban sueldos

CHA-Frente Amplio Aragón quiere que la ley garantice que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) alcance de forma progresiva el 60% del salario medio neto. También quiere un gravamen del 30% sobre los beneficios extraordinarios de las empresas que facturan más de 50 millones de euros, aplicable cuando sus salarios no crezcan al ritmo de la inflación. Son las dos medidas centrales del paquete laboral que la coalición presentó este viernes en Zaragoza. Su cabeza de lista al Congreso, Marina Rodríguez, lo definió como “un ambicioso paquete de medidas para mejorar los salarios, garantizar unas condiciones laborales dignas y avanzar hacia un modelo de trabajo que permita ganar tiempo para la vida”.

En el acto participaron también el número dos de la lista, Jesús García Usón, y representantes de los partidos que forman la coalición, que integra a CHA, IU y Sumar.

En materia salarial, Rodríguez propuso además impedir que los complementos absorban las subidas del SMI. También planteó mecanismos de revisión de los convenios colectivos vinculados al IPC para proteger el poder adquisitivo de las plantillas. “El crecimiento económico y los beneficios empresariales deben traducirse en mejores salarios”, defendió la candidata. Sobre ese argumento apoyó el nuevo gravamen.

La coalición pide también igualar las retribuciones en contratas y subcontratas y reforzar la prevalencia de los convenios sectoriales. Además, quiere que las empresas que reciban ayudas o contratos públicos estén obligadas a respetar las condiciones laborales y salariales.

Jornada de 32 horas

La reducción del tiempo de trabajo es otro de los ejes del programa. García Usón defendió “reducir progresivamente la jornada máxima hasta las 32 horas semanales sin disminución salarial”. También apostó por generalizar la jornada continua y limitar las partidas, y por garantizar que las horas extraordinarias no sirvan para compensar las reducciones de jornada.

El número dos de la lista se refirió también a la digitalización del empleo. Propuso reforzar los derechos de quienes trabajan en plataformas digitales, combatir los falsos autónomos y regular el uso de algoritmos y sistemas de inteligencia artificial en las empresas. En materia de despido, la candidatura plantea reforzar la protección frente al despido injustificado y recuperar la autorización administrativa previa para los despidos colectivos. Esa autorización se suprimió con la reforma laboral de 2012. También pide garantías específicas ante los procesos de automatización.

Desempleo al 80%

En protección social, la coalición propone elevar al 80% la prestación contributiva por desempleo durante los seis primeros meses, frente al 70% actual, y aumentar un 25% sus topes máximos. Plantea también aprobar un reglamento de riesgos psicosociales, reforzar la prevención de accidentes laborales y proteger a las plantillas ante los efectos del cambio climático.

El paquete se completa con medidas para fortalecer la negociación colectiva y la representación sindical, especialmente en las pequeñas empresas. Incluye además el teletrabajo voluntario con los gastos a cargo de la empresa, la prohibición de las prácticas no remuneradas y mejores condiciones para las trabajadoras del hogar y los cuidados.

Según García Usón, el objetivo es “avanzar hacia un modelo laboral más justo, en el que los avances económicos y tecnológicos se traduzcan en mejores salarios, más derechos y una distribución más equilibrada del tiempo de trabajo y de vida”.