El Gobierno de Azcón choca con la Cámara de Cuentas al escamotear dinero a la Coalición Existe e IU por el 8-F

El Gobierno de Jorge Azcón trató de rebajar en 14.370,08 euros las subvenciones electorales de la Coalición Existe y de Izquierda Unida-Sumar por las elecciones autonómicas del 8 de febrero, pero la Cámara de Cuentas de Aragón le ha cerrado la puerta. El órgano fiscalizador rechaza en su informe sobre las contabilidades electorales la única alegación que presentó el Ejecutivo autonómico: pagar a ambas formaciones solo los votos obtenidos en la provincia en la que consiguieron representación, y no los del conjunto de Aragón.

Según el mencionado informe, hecho público este lunes, las seis formaciones que obtuvieron representación el 8-F declararon algo menos de 2,3 millones de euros en gastos de campaña: 807.651 el PP; 613.374 el PSOE; 370.145 Vox; 231.660 Existe; 179.389 CHA, y 59.109 IU-Sumar. Si se suma Podemos-Alianza Verde, que se quedó sin escaño, el gasto declarado asciende a 2,4 millones. La Cámara fija las subvenciones en 1.758.156 euros, que cubren el 78% del gasto admitido.

La alegación del Ejecutivo autonómico, firmada por el director general de Relaciones con las Cortes, Miguel Ángel Lafuente, sostiene que la expresión “candidatura” que utiliza la ley electoral aragonesa debe entenderse referida a la lista presentada en cada circunscripción.

Aplicado ese criterio, a Existe solo le contarían los 8.693 votos de Teruel, en lugar de los 23.616 obtenidos en toda la comunidad, y su subvención bajaría de 43.169 a 31.827 euros. A IU-Sumar solo le computarían los 15.847 votos de Zaragoza, frente a 19.832 de las otras dos provincias, y pasaría de 27.683 a 24.654 euros. El Gobierno también recalculó a la baja los votos de Chunta Aragonesista –62.508 en lugar de 65.118, al no obtener escaño en Teruel–, aunque en su caso no tendría efecto: esta formación gastó menos que el tope de subvención con cualquiera de los dos cálculos.

Discrepancia de la Cámara de Cuentas

La Cámara de Cuentas responde que “no comparte esa interpretación”, puesto que desde su punto de vista exigir escaño en cada provincia para pagar sus votos “supone introducir una limitación que no resulta del tenor literal del precepto”. El órgano fiscalizador también apela a la finalidad de la ayuda: compensar unos gastos de campaña que “se producen en el conjunto de la campaña y en las circunscripciones en las que la formación concurre, sin agotarse necesariamente en aquella en la que finalmente se obtiene escaño”. Y recuerda que el criterio que el Gobierno cuestiona no es nuevo: “La Cámara ha aplicado en anteriores procesos electorales el criterio ahora cuestionado”. Hasta ahora, el Ejecutivo nunca lo había puesto en cuestión.

Así, la Cámara concluye que “procede desestimar la alegación”, aunque deja una puerta abierta a las Cortes: el legislador autonómico puede, “si lo estima oportuno, precisar expresamente el ámbito territorial del cómputo de votos subvencionables para futuros procesos electorales”.

La mitad del gasto del PP, en 'otros servicios'

El informe deja además sin responder qué hay detrás de la partida más abultada de la campaña del PP. De los 807.651 euros que gastaron los populares, prácticamente la mitad figuran en el apartado 'otros servicios precisos'. Es el concepto residual de la ley electoral, que el informe describe como “cuantos sean necesarios para la organización y funcionamiento de las oficinas y servicios precisos para las elecciones”. El PP acapara casi la mitad de los 810.134,97 euros que el conjunto de los partidos con escaño declaró en esa partida y el doble que el PSOE (202.170,53 euros).

La Cámara no desglosa en qué se gastó ese dinero. Se limita a señalar que los gastos del PP “han sido regularmente contabilizados, justificados y pagados, siendo admisibles en función de su naturaleza”, y es el único de los grandes partidos al que no rechaza ni un euro. Tampoco explica el resto del cuadro de gastos popular: el PP es por ejemplo la única formación con escaño que no declara ningún gasto en medios de transporte y desplazamientos. Su gasto en el apartado de resto de publicidad y propaganda se queda en 20.042,26 euros, frente a los 99.195,10 de los socialistas.

El PP es también el partido que más se acercó a uno de los topes legales: gastó 122.524 euros en publicidad en prensa y radio privadas, el 78,3% del límite de 156.407 euros.

El propio órgano fiscalizador admite que la clasificación está desfasada. Su segunda recomendación pide que, “a la vista de la evolución de los gastos electorales en los últimos años”, se revisen “las normas que los definen, clarificando su tipología, adaptando los subvencionables a la actualidad, descartando aquellos que ya no se producen y valorando tanto la posibilidad de definir en detalle los que no tienen una regulación clara”. El informe advierte además de que queda fuera de su alcance verificar “la existencia de otros gastos electorales del proceso no comunicados ni registrados en las contabilidades presentadas”, una tarea que corresponde al Tribunal de Cuentas.

Lo que cobra cada partido

La Cámara rechaza 9.243,43 euros “por ser irregulares o no estar justificados”, una cantidad mínima respecto al total de gasto. Una vez descontados los anticipos, quedan pendientes de liquidar 1.200.313,61 euros.

Al PP le corresponden 640.129,72 euros, de los que tiene pendientes 452.049,22. El PSOE recibirá 505.566,18 euros, con 320.818,78 por cobrar; CHA, 179.388,55, con 101.947,63 pendientes, e IU-Sumar, 27.682,94 euros, todos por cobrar porque no pidió anticipo.

Los partidos financiaron sus campañas con fórmulas distintas. El PP dispuso de 560.000 euros de una póliza de crédito de 600.000 con Ibercaja y aportó otros 60.000 de su tesorería. El PSOE recurrió a 304.800 euros en microcréditos y a aportaciones del partido por 211.319 euros, de los que devolvió 82.237 a la cuenta del partido en mayo “al no haberse utilizado”. Vox firmó tres préstamos por 272.800 euros con Santander, Abanca y BBVA. CHA se financió con 99.460 euros netos del partido, e IU-Sumar, con 62.329 euros de aportaciones, de los que solo 2.329 procedieron de Sumar.

Podemos-Alianza Verde, que se quedó fuera de las Cortes, gastó 122.220 euros, financiados íntegramente con 122.500 euros aportados por Podemos. No tiene derecho a subvención y devolvió el 19 de marzo el anticipo de 8.594,90 euros que había recibido.