Una red europea de lenguas minorizadas pide que el catalán sea declarado oficial en la Franja
La European Language Equality Network (ELEN), una red de 174 organizaciones que representan 50 lenguas minorizadas de 25 estados europeos, ha aprobado por unanimidad una resolución que pide la oficialidad del catalán en la Franja y el derecho a estudiar en esta lengua en todos los niveles educativos. La petición choca con la política lingüística del Gobierno de Aragón: el acuerdo de coalición entre PP y Vox se compromete a “librar Aragón de la imposición del catalán” y a suprimir el Instituto Aragonés del Catalán.
El texto lo presentó Plataforma per la Llengua y se votó este sábado en Belfast (Irlanda del Norte), en una asamblea que reunió a representantes de más de cuarenta comunidades lingüísticas. La resolución insta a los gobiernos aragonés y español a aplicar las recomendaciones del Comité de Expertos de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias (CELRoM) del Consejo de Europa. Para Plataforma per la Llengua, la votación es “un nuevo aval europeo a las reivindicaciones de los catalanohablantes” de la Franja.
La resolución recuerda que el catalán no tiene ningún tipo de oficialidad en la Franja, aunque es la lengua histórica y la más hablada del territorio. En la mayoría de los centros educativos solo se ofrece como asignatura optativa, y muchos alumnos terminan la etapa obligatoria sin haberlo estudiado. Además de pedir la educación en catalán en todos los niveles, el texto reclama al Gobierno de Aragón encuestas periódicas de usos lingüísticos. La asamblea aprobó también un manifiesto que pide estudios de impacto lingüístico para los grandes proyectos urbanísticos y más regulación de las viviendas turísticas y las segundas residencias.
Una lengua mayoritaria que retrocede
La petición de encuestas tiene una razón: la última radiografía completa del catalán en la Franja es de 2014. No la hizo el Gobierno de Aragón, sino la Generalitat de Cataluña y la Universidad de Zaragoza. Según aquella encuesta, el 94% de los 47.631 habitantes de la zona entendía el catalán y el 80% sabía hablarlo, frente al 89% de 2004. Era la lengua habitual del 50% de la población, por delante del castellano (41%).
En esos diez años, sin embargo, el catalán perdió terreno. El porcentaje de vecinos que lo tenían como primera lengua pasó del 71% al 52%, en parte por la llegada de población inmigrante. Entre los jóvenes de 15 a 29 años, el castellano ya superaba al catalán como lengua de uso en casa (44% frente al 40%). La transmisión familiar, en cambio, seguía siendo sólida: el 89% de quienes hablaban catalán con sus padres lo hablaban también con sus hijos. Los autores señalaban la escuela y la falta de una política lingüística planificada como los principales puntos débiles.
El Comité de Expertos aprobó en junio de 2024 dos recomendaciones de acción inmediata para Aragón, el nivel de exigencia más alto de su sistema de seguimiento. La primera pide adoptar medidas inmediatas y decididas, junto con los hablantes, para proteger el catalán y su cultura. La segunda pide incluir la denominación “catalán” en el Estatuto de Autonomía. El plazo para cumplirlas terminó el 1 de febrero de 2026.
En el informe de seguimiento que España envió el 26 de mayo, el Gobierno aragonés no menciona ninguna iniciativa para nombrar el catalán en el Estatuto, y se limita a recordar que la norma ya protege las “lenguas y modalidades lingüísticas propias” de Aragón. Como medidas, enumera dos: que las funciones de la antigua Dirección General de Política Lingüística dependen ahora de la Dirección General de Patrimonio Cultural y que, desde el curso 2023-2024, se autoriza a centros educativos a impartir las lenguas propias. Cita además un acuerdo sobre herramientas digitales del programa Linguatec, que no incluye el catalán.
Lo que el Gobierno presenta como una medida fue, en realidad, un recorte. La Dirección General de Política Lingüística se suprimió en agosto de 2023, en la estructura del primer Ejecutivo de Azcón, y sus competencias pasaron a Patrimonio.
Un pacto para borrar el nombre
El acuerdo con el que PP y Vox invistieron a Jorge Azcón en abril prevé reformar la Ley del Patrimonio Cultural Aragonés, que es la norma que hoy reconoce el “catalán de Aragón” como lengua propia. También prevé suprimir el Instituto Aragonés del Catalán, creado en 2018 dentro de la Academia Aragonesa de la Lengua. El propio pacto fija los plazos: primeros avances antes de que termine 2026 y reforma completa a lo largo de 2027. Por ahora, el Gobierno no ha llevado ningún texto a las Cortes.
No es el primer intento. En 2013, con el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi, la ley de lenguas del PP y el PAR sustituyó el nombre del catalán por “lengua aragonesa propia del área oriental”, conocida como Lapao. La denominación “catalán de Aragón” volvió a la ley de patrimonio en 2016. En la legislatura pasada, las Cortes aprobaron una resolución que instaba al Gobierno a eliminar de esa ley “cualquier referencia a que el catalán es una lengua propia de Aragón”. Ahora la medida forma parte del acuerdo de coalición.