La familia del acusado que mató con un hacha a su padre en Asturias llega a un acuerdo con Fiscalía y defensa para “pasar página”
Apenas han pasado dos años desde que Pablo M.C., de 48 años, mató a su padre Miguel Ángel, de 74 años, con un hacha en pleno brote psicótico y sus hermanos Laura y Miguel intentan sobrellevar la carga emocional que el crimen ha supuesto para ellos. A la pérdida de su progenitor en estas trágicas circunstancias se suman la situación personal del acusado y la inminente celebración del juicio con jurado que está señalado para este próximo viernes, día 20, en la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Oviedo/Uviéu.
Los hermanos “solo quieren pasar página” y, para lograr cerrar este capítulo que ha trastocado la vida de toda la familia, han solicitado al abogado Eladio Rico, que ejercita en su nombre la acusación particular, que alcance un acuerdo de conformidad con el fiscal y con la abogada de la defensa, Ana González Muñoz.
El deseo de la familia
La familia ha trasladado su deseo de evitar que un suceso de estas características que les causa tanto sufrimiento tenga que ser revivido en sala a través de las testificales y pruebas periciales que reproduzcan cómo se produjo el homicidio y no tener que estar sometidos a la presión de una gran exposición mediática.
El acuerdo de conformidad será ratificado el mismo viernes ante la magistrada María Luisa Barrio, adscrita a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias y designada como presidenta del tribunal del jurado, según ha confirmado Eldiario.es Asturias.
La disolución del jurado
A través de este acuerdo, las partes interesan la disolución del jurado y solicitan la absolución penal de Pablo M.C. por la aplicación de la eximente completa de enfermedad mental, ante su inimputabilidad. De esta forma, se aplicarían medidas de seguridad de internamiento en un centro penitenciario psiquiátrico y libertad vigilada.
Los letrados de la acusación particular y la defensa se han adherido al escrito de calificación del fiscal y han coincidido en que Pablo M.C. es autor de un delito de homicidio consumado, dos delitos de homicidio en grado de tentativa y un delito de atentado; una autoría que él debe ratificar en la Audiencia Provincial.
El crimen
Los hechos ocurrieron sobre las 21:55 horas del día 8 de abril de 2024. Padre e hijo convivían bajo el mismo techo en un domicilio ubicado en Ribera de Arriba, si bien Pablo, ocasionalmente, residía en la vivienda de su madre, situado en otro concejo de Asturias, ya que el matrimonio se encontraba separado.
El día del crimen, el acusado sufrió un brote psicótico y agredió a su padre inicialmente con un cuchillo de cocina. La víctima trató de defenderse agarrándolo por la hoja. Poco después, Pablo M.C. cogió otro cuchillo más grande con el que trató de apuñalar a su padre, pero al ver que no podía acabar con su vida “como era su propósito”, según las acusaciones, se dirigió hacia el garaje, que servía de almacén, donde cogió un hacha de grandes dimensiones.
Una huida desesperada
Entre tanto, el padre trató de huir y salió corriendo hacia la casa de unos vecinos de avanzada edad, que vivían a unos 50 metros de la suya, mientras “gritaba pidiendo auxilio y rogando a voces que le dejaran pasar”. Sin embargo, los vecinos, “atemorizados, y sin comprender lo que sucedía, no abrieron la puerta”, explican las acusaciones pública y particular.
Esa situación propició que el hijo, que había salido con el hacha en persecución de su padre, alcanzara a éste y le asestara varios golpes que le causaron la muerte.
En la rotonda de la N-630
Tras decapitar a su padre, Pablo M.C. echó a andar con su cabeza por el camino que lleva a la rotonda que se une a la carretera N-630. Durante el trayecto se desprendió de la ropa superior quedando con el torso desnudo.
Una vez en la rotonda, profiriendo gritos que ambas acusaciones califican como “incoherentes”, el acusado se abalanzó contra diversos vehículos que circulaban por la vía, golpeando y atacando a sus conductores con extrema violencia y utilizando el hacha, lo que puso en grave peligro su integridad física por su “clara intención de causarles la muerte”, según coinciden en señalar ambas acusaciones.
Amenazas y consignas violentas
Posteriormente, el investigado continuó su conducta violenta, arrojando la cabeza de su padre contra varios vehículos y contra un agente de la Guardia Civil que acudió en ayuda de sus compañeros de patrulla que se habían desplazado a la zona alertados por las llamadas de los conductores que se habían cruzado con el acusado, quien seguía vertiendo amenazas de muerte y lanzando consignas violentas.
Tras una intervención policial que resultó compleja y ante la persistente agresividad del investigado, éste fue reducido mediante el uso proporcionado de la fuerza, defensas reglamentarias y aerosoles, logrando su detención.
Las escenas vividas afectaron a los conductores hasta el extremo de que alguno de ellos tuvo que someterse a tratamiento con ansiolíticos por migrañas y un trastorno de ansiedad.
La enfermedad
La Fiscalía reconoce que Pablo M.C. cumple con los criterios diagnósticos de Trastorno Esquizoide de la Personalidad y, tanto el día del crimen como en las jornadas siguientes, presentó un brote psicótico, Trastorno Psicótico Breve DSMV301.20, que requirió ingreso psiquiátrico urgente y contención mecánica hasta la remisión de la fase aguda. Admite, además, que aunque en la actualidad ha remitido como resultado del tratamiento farmacológico que recibe, persiste el Trastorno Esquizoide de la Personalidad.
Este brote psicótico grave y agudo provocó en el acusado el día del crimen “una afectación completa de los factores que conforman la imputabilidad. Se trata de una patología crónica, que puede cursar generando nuevos brotes, por lo que es imprescindible el control y tratamiento psiquiátrico”, corrobora el fiscal.
La eximente completa
El fiscal Juan José Martínez-Junquera ha calificado los hechos como constitutivos de un delito de homicidio consumado con la agravante de reincidencia, otros dos delitos de homicidio, en grado de tentativa, y un delito de atentado. Respecto de todos los delitos aplica la causa de exención de la responsabilidad criminal.
La acusación pública solicita por el delito de homicidio consumado el ingreso del encausado en un centro adecuado para el tratamiento de la enfermedad que padece durante 14 años, la prohibición de aproximarse a sus dos hermanos, a su domicilio, lugar de trabajo, esparcimiento o cuales quiera otros por ellos frecuentados a menos de 200 metros, así como a comunicarse con ellos por cualquier medio o procedimiento durante 20 años.
Comunicar los cambios
Además, interesa la imposición de la medida de libertad vigilada consistente en la obligación de comunicar al Juzgado los cambios de domicilio, prohibición de ausentarse del lugar donde resida o de salir fuera de la Comunidad Autónoma donde radique su domicilio sin autorización judicial y la de someterse a tratamiento médico externo durante cinco años.
Por cada uno de los dos delitos de homicidio en grado de tentativa, interesa el ingreso del encausado en un centro adecuado para el tratamiento de la enfermedad que padece durante siete años y seis meses.
Libertad vigilada
Además, añade la medida de libertad vigilada consistente en la obligación de comunicar al Juzgado los cambios de domicilio, prohibición de ausentarse del lugar donde resida o de salir fuera del a Comunidad Autónoma donde radique su domicilio sin autorización judicial y la de someterse a tratamiento médico externo durante dos años y seis meses.
Por el delito de atentado, pide el ingreso del encausado en un centro adecuado para el tratamiento de la enfermedad que padece durante un año y nueve meses.
Las indemnizaciones
Asimismo, pide la medida de libertad vigilada consistente en la obligación de comunicar al Juzgado los cambios de domicilio, prohibición de ausentarse del lugar donde resida o de salir fuera del a Comunidad Autónoma donde radique su domicilio sin autorización judicial y la de someterse a tratamiento médico externo durante dos años. A todo ello suma el pago de sendas indemnizaciones de 25.000 euros para cada uno de sus hermanos.
El fiscal reclama que a estas indemnizaciones se sume el pago de las cuantías a los conductores afectados por los desperfectos ocasionados.
Los informes
El escrito de calificación del abogado Eladio Rico describe lo ocurrido en la noche del 8 de abril de 2024 y advierte de que, en el momento de la comisión del hecho delictivo, Pablo M.C. sufría “un trastorno delirante y psicótico, fruto de una esquizofrenia indiferenciada de muchos años de evolución, sin tratar ni recibir atención ni tratamientos médico-psiquiátricos, por lo que tenía su capacidad de entender totalmente anulada y no siendo responsable de los hechos realizados”.
Esta circunstancia aparece reflejada en los informes psiquiátricos que obran en la causa y en el informe de los médicos forenses, fechados el 23 de mayo de 2024, y de la psiquiatra del Hospital Psiquiátrico de Alicante que le atendió el 20 de noviembre de 2024.
El tratamiento psiquiátrico
La acusación particular contempla la concurrencia de la eximente de anomalía o alteración psíquica junto con el agravante de parentesco.
En sus conclusiones provisionales, el letrado se decanta igualmente por la libre absolución penal y su sustitución por el internamiento en centro psiquiátrico adecuado, durante un periodo no superior a 20 años, y libertad vigilada con obligación de someterse a tratamiento externo y control médico psiquiátrico periódico por un periodo de 10 años y privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante 10 años.
“No estigmatizar la salud mental”
El abogado Eladio Rico solicitó, el pasado 12 de noviembre, a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial que dicte una sentencia de estricta conformidad con los escritos de acusación sin necesidad de constituir formalmente el Tribunal de Jurado.
El letrado considera que el acuerdo de conformidad que ha alcanzado con la Fiscalía y la defensa es una buena práctica para “no estigmatizar los problemas de salud mental en este tipo de delitos”.
Eladio Rico asegura que “remar en la misma dirección la acusación particular, la Fiscalía y la defensa es fundamental para que los familiares puedan pasar página, no tengan que sufrir una exposición mediática durante el tiempo que dure el juicio estimado en una semana, ni escuchar declaraciones donde se van a detallar los hechos además gastar en unos recursos que pueden evitarse a través de esta conformidad”.
La desconexión con la realidad
La abogada de la defensa, Ana González Muñoz, se adhirió al relato fiscal el pasado 9 de noviembre, interesando la disolución del Tribunal del Jurado por conformidad.
En su escrito, asegura que el acusado reconoce haber matado a su padre, si bien en su caso concurre la causa de exención de la responsabilidad criminal al presentar un cuadro severo de esquizofrenia indiferenciada, que le provocó una “alteración psicopatológica profunda y una desconexión con la realidad que abolía por completo sus facultades volitivas e intelectivas”.
Sin comunicarse con sus hermanos
La defensa mantiene que esta situación impidió a su representado comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprension. En su caso, pide la libre absolucion e imponer las siguientes medidas: por el delito de homicidio consumado, el ingreso de Pablo M.C. en un centro adecuado para el tratamiento de la enfermedad que padece durante 14 años.
También se decanta por la aplicación de una medida de prohibición de aproximarse a sus hermanos, a su domicilio, lugar de trabajo, esparcimiento o cuales quiera otros por ellos frecuentados a menos de 200 metros, así como a comunicarse con ellos por cualquier medio o procedimiento durante 20 años.
Las penas solicitadas
También pide para Pablo M.C. una medida de libertad vigilada consistente en la obligación de comunicar al Juzgado los cambios de domicilio, prohibición de ausentarse del lugar donde resida o de salir fuera de la Comunidad Autónoma donde radique su domicilio sin autorización judicial y la de someterse a tratamiento médico externo durante cinco años.
Por cada uno de los dos delitos de homicidio en grado de tentativa, ingreso del encausado en un centro adecuado para el tratamiento de la enfermedad que padece durante siete años y seis meses.
Ingreso en un centro adecuado
La defensa reclama una medida de libertad vigilada consistente en la obligacion de comunicar al Juzgado los cambios de domicilio, prohibicion de ausentarse del lugar donde resida o de salir fuera de la Comunidad Autónoma donde radique su domicilio sin autorización judicial y la de someterse a tratamiento médico externo durante dos años y seis meses.
Por el delito de atentado, el ingreso en un centro adecuado para el tratamiento de la enfermedad que padece durante un año y nueve meses. A esta medida suma otra de libertad vigilada con la obligación de comunicar al Juzgado los cambios de domicilio, prohibición de ausentarse del lugar donde resida o de salir fuera de la Comunidad Autónoma donde radique su domicilio sin autorización judicial y la de someterse a tratamiento médico externo durante dos años.
La comparecencia en la Audiencia
Pablo M.C. comparecerá este próximo viernes en sede judicial y tendrá que mostrar su conformidad con el acuerdo alcanzado entre su abogada defensora y las acusaciones, pública y particular.
La cuantía del tiempo que permanecerá ingresado en un centro penitenciario psiquiátrico será fijada posteriormente por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias, donde está señalada la vista oral del juicio.