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David Moya

Profesor Agregado de Derecho Constitucional, Subdirector del Instituto de Derecho Público, Universidad de Barcelona.

Licenciado en Derecho (1996) y Doctor (2004) por la Universidad de Barcelona. Premio Extraordinario de Doctorado de la Facultad de Derecho (2004). Entre 2001 y 2005 obtiene el Master en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Benjamin N. Cardozo School of Law de Nueva York. Ha realizado varias estancias de investigación en Nueva York, Lausana, Estrasburgo, Heidelberg y Bruselas. Especializado en Derechos de los Extranjeros y en los problemas jurídicos derivados del fenómeno de la inmigración y la integración, es coautor de varios libros y artículos sobre esta temática. Entre las publicaciones recientes destacan OLESTI. A y MOYA. D: La integración de la inmigración en España, Ed. Signo Barcelona 2013, BOZA, DONAIRE, MOYA: La nueva regulación de la inmigración y la extranjería en España, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2012 (2a ed.); MOYA, D y VIÑAS, A,: La participación política local de los extranjeros en Europa, Ed. Fundació Pi i Sunyer, Barcelona 2010. Es igualmente miembro de diversos grupos de expertos para distintas Administraciones públicas en asuntos de libertad, seguridad y justicia. Entre 2008 y 2013 ha sido Subdirector del Instituto de Derecho Público de la Universidad de Barcelona. Actualmente coordina el Máster Interuniversitario UB-UAB en Migraciones Contemporáneas.

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Esta tragedia no será la última...

En la noche de sábado a domingo se ahogaban en la costa Libia cerca de 700 personas camino del sueño europeo, en la mañana del lunes otras 100 personas se daban por desaparecidas ante Rodas. En estas horas de consternación los lamentos serán muchos y los oiremos en todas las instituciones y Estados europeos. Pero, ¿qué está haciendo Europa?

Europa ha sido capaz en un par de generaciones, con todas sus crisis económicas y de identidad, de crear un espacio económico y político de libertad al que ha sabido atraer a los países del Sur y del Este. Ciertamente es un proyecto en construcción, un tanto vago e indefinido, en el que hay que poner fe si no queremos quedar atrapados en constantes componendas, etc.., todo esto es cierto y forma parte de los debates que debemos abordar, pero es igualmente cierto que vista desde fuera, Europa constituye un polo de atracción muy fuerte para miles de personas que quieren un futuro mejor para ellos y sus hijos. Son personas que no pueden ser culpadas por abandonar sus hogares en pos de un futuro mejor, porque nosotros haríamos y de hecho estamos haciendo lo mismo, a una escala incomparablemente más pequeña. Por consiguiente, gestionar estos flujos es un reto europeo porque de alguna manera son el resultado y el síntoma del éxito (relativo) del sueño europeo.

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¿Podemos trasladar la prohibición francesa sobre el burka a los municipios españoles?

 Desde el pasado 1 de julio de 2014 varios municipios han retomado el debate sobre la posibilidad de adoptar ordenanzas municipales limitando el uso de prendas o vestimentas que oculten el rostro -como destacadamente ocurre con el burka-, a raíz de la decisión favorable a tales medidas contenida en la Sentencia por la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) SAS v. Francia. Sin embargo, la traslación de la prohibición francesa avalada por la sentencia SAS no puede hacerse miméticamente, pues si bien algunos aspectos de la misma pueden extrapolarse al ordenamiento español, otros no.

Para empezar, la Sentencia pone fin a una parte del debate sobre el alcance de esta medida, en concreto sobre si la prohibición supone sólo una limitación accesoria de la libertad religiosa o una verdadera restricción de la misma, es decir, si compromete el núcleo esencial de la libertad religiosa o solo afecta a aspectos no nucleares de tal libertad. Así, frente a la posición del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que se inclinaba por considerar como más bien accesoria la exigencia de mostrar el rostro en espacios no vinculados al culto religioso, el Tribunal Supremo consideró tal exigencia como una auténtica restricción de un derecho fundamental al imponer limitaciones a la manifestación externa de la propia libertad religiosa. El TEDH no solo corrobora esta lectura, sino que directamente reconoce que a pesar de la aparente generalidad y neutralidad de este tipo de normas, las mismas afectaban fundamentalmente a las creyentes musulmanas que portaban el burka (o del niqab o de cualquiera otra variante de estas prendas que ocultan total o casi totalmente el rostro de la mujer), en cumplimiento de una exigencia religiosa derivada de su interpretación de los mandatos del Islam. Este posicionamiento tan contundente es sumamente relevante porque sitúa la perspectiva de análisis justamente en el colectivo directamente afectado, en lugar de efectuar una lectura de la misma de la perspectiva de mayoría social o culturalmente predominante.

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Estado y religión: el burka, a juicio en Europa

El pasado 27 de noviembre tuvo lugar la fase de audiencia a las partes personadas en el caso SAS v. Francia en la sede del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en Estrasburgo. Este Tribunal internacional tiene por misión asegurar el respeto de la Convención Europea para la Salvaguarda de los Derechos y Libertades Fundamentales de 1950 por sus Estados signatarios, que actualmente son 47 (véase a este respecto el artículo del 21/10/2013 de la Dra. A. Queralt).

Es a esta instancia judicial internacional a la que se dirige una ciudadana francesa (que conoceremos como SAS, en aras de preservar su identidad) para que se pronuncie sobre la Ley nº 2010-1192 de octubre de 2010 que regula las condiciones de ocultación del rostro admitidas y prohibidas en los espacios públicos en Francia, concretamente sobre si esta ley vulnera la libertad religiosa de la Sra. SAS en los términos establecidos en la Convención Europea.

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