Activar la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria (I)

La zona declarada como RB supone algo menos de la mitad del territorio insular, y en ella se encuentra la mayor parte -aproximadamente un 80%- de los territorios de la isla declarados como “espacios naturales protegidos” (eennpp) por Ley. Así en la RBGC se localiza el Parque Rural del Nublo, el Parque Natural de Tamadaba, el Parque Natural de Pilancones, la Reserva Natural Integral de Inagua, la Reserva Natural Especial de Guguy, el Monumento Natural del Nublo, el Monumento Natural Riscos de Tirajana, el Monumento Natural de Tauro, el Paisaje Protegido de Fataga, la Zona de Especial Conservación de Amurga y la Zona de Especial Conservación de Tauro II, lo que nos indica que en torno al 85% del total de la superficie catalogada como RBGC está clasificada además como eennpp, concentrándose en ellos, más de la mitad de la población afectada por la RBGC (el 56,14 %.)

Durante la última década se han ido aprobando los diferentes planes o normas que organizan territorialmente a los eennpp y que establecen la normativa, los programas y las actuaciones que se deben ejecutar en cada uno de ellos. Los eennpp sean Reservas Naturales, Parques (Naturales y Rurales), Monumentos Naturales, Paisajes Protegidos o Zonas de Especial Conservación, tienen sus correspondientes instrumentos de planeamiento (Plan o Normas) vigente (o en tramitación en el caso de las ZZEEC), validados por el Gobierno de Canarias; sin embargo, hay que señalar que la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria solo tiene una propuesta de Plan de Acción que no está en vigor, pues este plan ?nos referimos al que se presentó en 2005 para optar a la declaración de Reserva de la Biosfera- no está sustentado por ningún procedimiento administrativo.

El análisis de estos planes que pautan las estrategias de protección y desarrollo para cada uno de los eennpp, nos desvela que las actividades relacionadas con el desarrollo socioeconómico de las poblaciones afectadas están fuertemente condicionadas. Es manifiesto que todos estos planes están impregnados de una concepción conservacionista en la que, por una parte, no se contempla a la población local y sus actividades como elementos fundamentales en el logro de los objetivos de conservación y desarrollo sostenible; y, por otra, observamos como tampoco se contemplan las posibilidades que puede generar para la economía local una gestión adecuada de los equipamientos e infraestructuras de uso público, en definitiva sobre aquellos aspectos que pueden coadyuvar a la regeneración de los recursos productivos del medio rural y al desarrollo y consolidación de actividades e infraestructuras relacionadas con el uso público de los espacios naturales y de los bienes de interés cultural aquí presentes.

Nuestra valoración sobre la repercusión que la planificación vigente de estos eennpp ha tenido en la economía rural no puede ser positiva ¿Qué podemos concluir sobre la planificación y su incidencia en el desarrollo socioeconómico cuándo no se han creado sus órganos de gestión, cuándo apenas se han ejecutado las acciones previstas?, o, ¿cómo entender retrasos incomprensibles en la aprobación o revisión de algunos los planes hoy vigentes, que en algún caso cuentan con su aprobación definitiva en fechas tan lejanas que sus presupuestos están expresados en pesetas?

Es evidente que ni en la RBGC, ni en los eennpp que la integran ha habido gestión, que los programas previstos no se han realizado, en definitiva que son muy pocos los resultados concretos que se puedan contabilizar. En este sentido, podemos confirmar que la incidencia en el desarrollo económico y social de las poblaciones afectadas por los eennpp ha sido más bien escasa. Hay datos incontestables que permitan hacernos una idea de la poca atención que el desarrollo socioeconómico ha cobrado en el planeamiento vigente de los eennpp, pudiéndose constatar, por ejemplo, que la suma de las inversiones destinadas al desarrollo socioeconómico de la población rural supone menos del 10%, del total presupuestado, descendiendo este porcentaje hasta el 3%, si nos referimos al cómputo que se deriva de las cifras que reflejan las nuevas propuestas contenidas en los planes que están en revisión.

La insolvencia de los responsables públicos, la estrechez de miras de los planificadores que no incluyeron más planes y programas concretos, que complementaran medidas de apoyo a la economía rural, y el embrollo normativo que regula las actividades productivas, particularmente en lo que afecta al sector agropecuario, explican a grandes trazos el contexto en el que se han diseñado y (no) gestionado los instrumentos de planificación aludidos. Ítem más, respecto al uso público de los eennpp las actuaciones previstas no han tenido, prácticamente, repercusión en el desarrollo socioeconómico de la zona, ya que no han sido entendidas como un activo sustancial para la actividad económica de las poblaciones afectadas por los eennpp, sino que se han planteado sin profundizar en las opciones y posibilidades que el uso público atesora, de tal forma que nos encontramos con unas propuestas disociadas y concebidas al margen de opciones que pueden activar el desarrollo local, como se ha demostrado en otros contextos similares. Es llamativa, la nefasta gestión que cobran para los eennpp las estrategias, programas e infraestructuras destinadas al uso público. En general, se puede observar que las propuestas relacionadas con el usos público, en las que hay que destacar una serie de infraestructuras (Centros de Interpretación, Aulas de la Naturaleza, Parques Arqueológicos, ?) que han sido abandonadas al albur, dejan mucho que desear, particularmente en lo referido a las funciones que están llamadas a cumplir, no solo como elementos fundamentales para el disfrute del medio por parte de la ciudadanía insular (en el que hay que incluir la educación e interpretación ambiental), sino también en aquellos otros aspectos que le vinculan a la oferta turística complementaria.

Por otra parte, debemos señalar que estos planes, que rezuman un “sesgo conservacionista” poco apropiado para las circunstancias que convergen en este territorio, no han sido asumidos por la sociedad civil que no encuentra en ellos posibilidades para su desarrollo. Quizá si se hubiesen realizado actuaciones y se hubiese ejecutado alguno de los programas previstos, no serían cuestionados, podríamos decir que “algo se ha hecho”, pero la ciudadanía, particularmente la población local, lo que ha percibido, lo que en cierta manera ha vivido, es que la declaración de eennpp solo supone el imperio de una normativa restrictiva que condiciona sus actividades cotidianas. El aprovechamiento consuetudinario del monte, pastorear el ganado o construir un cuarto de aperos, por citar algún ejemplo entre otros, supone entrar en una vorágine burocrática difícil de asimilar para muchos de los vecinos. Si a esto añadimos otros factores como la inexistencia de contacto entre los responsables de los eennpp y los ciudadanos, podemos comprender que esta planificación ha provocado, entre otras cuestiones relevantes, que se haya generado una cierta animadversión del habitante rural ante el “medioambiente”.

Para nosotros este no es un tema menor, al contrario, es una cuestión fundamental, pues no podemos olvidar que, en un territorio fuertemente antropizado, la protección y salvaguarda del patrimonio en él depositado está condicionada por la implicación de la población local. Al respecto, entendemos que no es casual que en los diferentes procesos de planificación la participación de la población local se haya situado prácticamente en el campo de las alegaciones, la mayoría de las cuáles han presentado un “argumentario frentista”, siempre contra las propuestas de los planificadores.

Como primera conclusión destacamos tres aspectos que deben ser valorados y reestructurados para conseguir que un futuro no lejano los eennpp tengan una proyección adecuada para el desarrollo socioeconómico de las poblaciones de la RBGC.

En primer lugar, en lo que suponemos sería un proceso planificador complejo, habría que reordenar y simplificar el maremágnum administrativo que atañe a la planificación y gestión de los eennpp de la zona, el cual deberá ser redimensionado, adaptando la planificación y gestión de todos estos eennpp al planeamiento y la organización de la gestión que, de forma consensuada entre las administraciones públicas y la sociedad civil organizada, se conciba para la RBGC.

En segundo lugar, los planes vigentes y, particularmente, los que se encuentran en revisión y/o tramitación aportan unos presupuestos que podemos situar fuera de la realidad, y sirva como ejemplo para entenderlo un dato: la suma de los presupuestos que proponen esos planes triplica el de la Consejería de Medio Ambiente de la corporación insular para el ejercicio actual (2011). En este sentido, pensamos que es imprescindible que por parte de los responsables públicos de las administraciones con competencias en la planificación, se marquen las directrices para que los planificadores, en los planes que están en revisión y aquellos que entre en este proceso en un futuro próximo (todos los aprobados antes de 2006) se ciñan a la disponibilidad presupuestaria.

Por último, y en tercer lugar, entendemos que hay que transformar las concepciones metodológicas en la planificación y en la gestión, incorporando, como un eje central de sus estrategias y funcionamiento, la participación de la población local.

*Carlos García es geógrafo.

Carlos García*