Las alfombras de Sanidad

Bañolas dijo en el Parlamento que no comparte el reparto de más de 662.000 euros en pluse de productividad entre funcionarios y personal laboral de la consejería de Sanidad. El consejero intentó echarle el muerto a Mercedes Roldós cuando dijo que los incentivos se dieron antes de su incorporación a la consejería de Sanidad. Roldós pidió la palabra y aclaró que de las 15 resoluciones para dar los plus 11 fueron firmadas cuando ella ya no estaba en la consejería. Bañolas llegó a reconocer que se enteró por la prensa, en un cariñoso gesto hacia este periódico que lo contó primero.

El caso es que los dos tienen razón. El caso es que la mayoría de los complementos de productividad que violan los criterios de las leyes de presupuestos de los últimos años y que no pasaron por el consejo de gobierno fueron firmados cuando Bañolas todavía se estaba presentando al personal de la consejería. Comenzaron a firmarse siendo Roldós consejera y siguieron dándose con Bañolas en el despacho de Sanidad. Pero fueron firmados por el número dos de la consejería, que viene a ser la mano derecha de Roldós. Desde el momento en que Bañolas decidió ratificar al director de Servicio Canario de Salud Guillermo Martinón y la secretaria general de la consejería Lourdes Quesada, dos altos cargos puestos por el PP, el nuevo consejero es el responsable de lo que hagan los altos cargos de la consejería y no puede decir que se entera por la prensa. En este caso Mercedes Roldós tiene razón.

Desde hace muchos años el gobierno no paga plus de productividad, tan solo en casos muy excepcionales que tienen que ser ratificados por el consejo de gobierno. Estos plus huelen muy mal. En teoría los complementos salariales se dieron dentro de un plan para incrementar la inspección para combatir las bajas laborales. Se desconocen los criterios empleados en el reparto del dinero, no se contó con los sindicatos. Algunos han cobrado hasta 12 mil euros como complementos. Uno de los beneficiarios fue Santiago Rodríguez Hernández, que cobró 8420 euros en dos pagas. Santiago Rodríguez viene a ser, fitetú qué casualidad, candidato por Coalición Canaria a la alcaldía de Santa Lucía de Tirajana.

El portavoz de Intersindical Canaria Bernardo Medina dijo ayer en CANARIAS AHORA RADIO que detrás de los pluses de productividad podrían esconderse premios políticos. Medina dice que si el gobierno quiere reducir las bajas laborales lo mejor que puede hacer es organizar mejor el trabajo en la comunidad autónoma y valorar a su personal, en lugar de privatizar los servicios. En este periódico hemos contado casos de trabajadores públicos que se quedan sin funciones porque el gobierno externaliza los servicios y mantiene al personal.

En una época de recortes, repartir 660.000 euros en concepto de pluses de productividad en muy poco tiempo pues es mucho dinero. Pero si lo comparamos con los casi 125 millones de lifeblood es pura calderilla. Ayer conocimos que la jueza Victoria Rosell aprecia indicios de al menos cuatro delitos -tráfico de influencias, prevaricación, negociación prohibida a funcionarios públicos y malversación- en la adjudicación por parte de Roldós del concurso del servicio de hemodiálisis de dos hospitales canarios. También aquí Fernando Bañolas se enteró por la prensa. Pero después de la cantidad de sospechas que se publicaron varios periódicos la primera reacción del nuevo consejero fue cerrar filas y mostrar su confianza en los altos cargos que heredó del PP. Esa defensa es cada vez más débil y lo pudimos comprobar este miércoles en el Parlamento.

Quedan cuatro meses para las elecciones. Si a Bañolas le prohíben levantar las alfombras de la consejería de Sanidad, tendremos que esperar que sea la administración de Justicia la que llegue al fondo. Este jueves conocimos el auto de la jueza Victoria Rosell que aprecia indicio de cuatro delitos en el caso Roldós, el concurso que ganó la inmobiliaria durmiente Lifeblood.También puede suceder que dentro la administración de Justicia algunos intenten impedir que se levanten las alfombras. Nuestro trabajo consiste en que si los que están obligados a investigar no lo hacen, los periódicos contemos todo lo que sepamos. Quizá estemos condenados a que los consejeros del gobierno canario se sigan enterando por la prensa de los chanchullos que se organizan dentro de sus departamentos.

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Juan García Luján