Más autogobierno, más progreso

Casi cuatro décadas de autogobierno permiten mirar con suficiente perspectiva lo que este ha significado para Canarias. Las transformaciones económicas y sociales que ha posibilitado, los avances experimentados en los servicios públicos, la cohesión territorial del archipiélago… Y, también, permite detectar las carencias y los errores cometidos en esta ya prolongada trayectoria, entre ellos la consolidación de un modelo desarrollista escasamente sostenible. Hoy somos más dueños de nuestro destino que nunca en nuestra historia y ello supone una oportunidad y esperanza, al tiempo que una enorme responsabilidad.

Esas circunstancias cobran mucho valor en una etapa en que desde algunos sectores surgen propuestas centralizadoras, posiciones jacobinas que no reconocen la pluralidad nacional del Estado español; una pluralidad que, a mi juicio, resulta muy enriquecedora y puede convertirse, de hecho, lo es ya en buena medida, en una enorme fortaleza económica, política y cultural.

El autogobierno y su consolidación tienen más relevancias aún en una Comunidad, como la canaria, que siempre ha destacado por las altas exigencias ciudadanas de autogobierno; y en donde, por su historia, por su ubicación geográfica a cien kilómetros de las costas africanas y muy alejada del continente europeo con el que mantenemos la más estrecha relación política, económica y cultural, se justifica plenamente la toma de decisiones desde esta tierra y para esta tierra y su gente.

Nuestra autonomía tuvo un nacimiento limitado por la vía del artículo 143 de la Constitución, lo que no nos permitió situarnos al nivel de las denominadas comunidades históricas, impidiendo asimismo que su texto fuera ratificado por la ciudadanía en referéndum. Las dos reformas estatutarias, la realizada en el año 1996, reconociéndonos como nacionalidad, y la más reciente de 2018, incorporando nuevos derechos y competencias, han ido enmendado esa limitación inicial. 

Hoy, Canarias es una nacionalidad con un elevado nivel competencial que cuenta con un Estatuto muy avanzado, de tercera generación; y con un régimen fiscal diferenciado tanto del sistema foral como del que mantienen las comunidades de régimen común. Tiene, además, un reconocimiento específico de su situación como región ultraperiférica (RUP) de la Unión Europea.

Avances democráticos

La reforma estatutaria de 2018, realizada con un elevado nivel de consenso, incidió en relevantes avances democráticos. Entre ellos, la mejora de nuestro sistema electoral, incrementando la representación de Fuerteventura dando respuesta a su realidad poblacional, reduciendo significativamente las barreras electorales de acceso al Parlamento de Canarias y generando una novedosa lista archipelágica.

Pero el nuevo texto también aporta, en el ámbito democrático, la posibilidad de emitir decretos leyes y decretos legislativos, la disolución anticipada del Parlamento de Canarias, el final de los aforamientos para los parlamentaros autonómicos y para los integrantes del Ejecutivo, la mejor definición de los procesos de participación en iniciativas legislativas y el sometimiento a referéndum de futuras reformas estatutarias.

En el ámbito institucional, reafirma nuestra condición de región ultraperiférica (RUP) de la Unión Europea y el trato diferenciado que ello conlleva en una UE poco propensa a establecer diferenciaciones entre sus territorios. Asimismo, consagra las aguas territoriales como parte de la Comunidad canaria, y plantea, en consonancia, la necesidad de armonizar la legislación de pesca, costas, etcétera. Y, asimismo, considera a La Graciosa como la octava isla.

Derechos de ciudadanía

Buena parte del texto se dedica al reconocimiento de derechos y deberes de la ciudadanía canaria: de las familias, de los jóvenes, de las personas mayores, de discapacitados y dependientes, a la orientación sexual, en el ámbito de la salud y de la educación, en el mundo laboral, derechos medioambientales… reconoce, también, el derecho a la memoria histórica, a los cuidados paliativos y a la muerte digna, así como a la protección de los animales. 

También el derecho de una renta ciudadana, reforzando la idea de un Estatuto de Autonomía con un marcado carácter social, garantista, y que aspira a construir una Comunidad Autónoma activa en la búsqueda de la equidad. Asegurando, además, que “los poderes públicos canarios velarán por erradicar los efectos de la pobreza y la exclusión social en las personas que viven en Canarias a través del desarrollo de los servicios públicos”. En este ámbito, considero muy positivo el Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Gobierno central, un avance que Canarias deberá complementar.

El Estatuto ahonda en el concepto de descentralización gracias al que hemos vivido un progreso histórico nunca antes registrado, superando un enorme atraso social y unos débiles servicios públicos. Transitando desde las casas de socorro a los grandes hospitales y a una completa red de centros de salud; del pañuelo por la ventanilla del coche a las ambulancias y helicópteros medicalizados; de los centros educativos escasos y obsoletos a una amplia red de colegios e institutos en todas las islas, produciéndose, además, un relevante desarrollo universitario. Aspectos todos ellos en los que hay seguir profundizando y mejorando.

Por otra parte, el reformado Estatuto ancla y blinda el Régimen Económico y Fiscal (REF) y desvincula a este de la financiación autonómica, dejando bien claro que el REF es un derecho reconocido a Canarias para compensar el sobrecoste de la lejanía y la insularidad, no un privilegio, como a veces se ve desde fuera y por lo cual siempre hemos de estar en alerta ya no sólo para reivindicar su cumplimiento, sino para que no se dude de su propia existencia. Se trata, sin duda, de decisiones trascendentales para nuestro presente y futuro.

El actual Estatuto tiene que ser desarrollado en el próximo periodo. Así ocurre con la aprobación por el Parlamento, de una ley electoral propia, acabando con la transitoriedad de la actual normativa. Otras competencias incluidas en el nuevo Estatuto que la Comunidad canaria debe desarrollar en el próximo período se encuentran relacionadas con asuntos como protección civil, defensa de la competencia, puertos y aeropuertos, transporte marítimo, transporte aéreo, seguridad privada, costas, salvamento marítimo o gestión de las telecomunicaciones. El proceso de negociación de las competencias pendientes será uno de los asuntos a abordar en el marco de la Comisión Bilateral Canarias-Estado.

Máximo nivel de autogobierno, puesta en marcha de las nuevas competencias y buena gobernanza constituyen elementos claves para seguir avanzando en la economía y en el empleo, para insistir en un modelo de desarrollo sostenible que preserve nuestro territorio y medio natural, para garantizar el bienestar a los hombres y las mujeres de esta tierra, para proteger a las personas más vulnerables. En esa senda de consolidación del autogobierno, continuaremos defendiendo que se avance hacia un estado federal asimétrico en una posible, y deseable, reforma de la Constitución.