Barajas, la dimensión de la tragedia

Del avión, por ejemplo, se ha afirmado y publicado casi todo: que es bueno, que es malo, que está en vida útil, que está obsoleto? La verdad parece menos dramática. Es un aparato como tantos otros cientos en uso y lo que importa es comprobar si las inspecciones de la dirección general de Aviación Civil han sido las correctas en número, frecuencia y precisión.

Conviene saber que el transporte aéreo está bajo el control de dos órganos del Ministerio de Fomento, AENA y la dirección general de Aviación Civil, y es cierto que, históricamente, este segundo no ha estado a la altura de los niveles de calidad del primero, pero tampoco como para dejar que sigan en activo, para el transporte de pasajeros, aviones que no cumplan todos los más exigentes parámetros de seguridad. ¿Había pasado y superado el avión destruido en la catástrofe las inspecciones con la debida regularidad y exigencia? La investigación lo determinará de manera inequívoca, pero los primeros datos apuntan al correcto cumplimiento de este factor esencial de seguridad de los pasajeros.

De la tripulación se ha dicho que estaba afectada por la crítica situación de la compañía, como si experimentados pilotos con probados altos niveles de formación y larga experiencia, que además comprometían sus propias vidas, pudieran perder, por tensiones laborales, incluso por algo tan serio como un expediente de regulación de empleo, la perspectiva de la inmensa responsabilidad humana y económica puesta en sus manos.

Cierto que Spanair atraviesa una profunda crisis empresarial, que pudiera ser irreparable, pero también hay pruebas de la intensa voluntad de SAS por salvar una compañía que lleva años compitiendo en el mercado con mucha dignidad, calidad de servicio y buenos profesionales, y cuya desaparición enrarecería el mercado español del transporte aéreo, sin duda en perjuicio de los valores y ventajas de la competencia a que tienen derecho los consumidores. Que una compañía aérea, por sus dificultades económicas, vaya a relajar o descuidar los factores de seguridad es algo que, por lo menos, necesita pruebas y no sólo sospechas para afirmarse.

Por su parte, AENA, como ente público responsable de la gestión de los aeropuertos y la navegación aérea en todo el territorio del Estado, es un organismo con muy altos niveles de exigencia en todos los aspectos y desde luego en uno tan esencial como es la seguridad de los pasajeros. Afirmar, como se ha hecho, sin dato alguno concreto que sustente tal aseveración, que no se debió dar autorización de despegue al avión “en esas condiciones”, es de una frivolidad moralmente incompatible con la entidad de la tragedia producida. ¿En qué condiciones? Sólo la compleja y minuciosa investigación determinará si el avión fue autorizado a despegar con algún problema conocido.

A estas alturas, cuando casi apenas se ha iniciado el trabajo de la comisión de investigación y aún se analizan los valiosos registros y datos de las llamadas “cajas negras” ¿sabemos siquiera con seguridad si el motor se incendió e hizo caer al avión, o si el avión cayó e hizo explotar el motor? Precisamente porque las víctimas son lo importante, tienen derecho, ellas y sus familiares, a una investigación seria, serena, técnica y solvente que, en su momento, bajo control jurisdiccional, permita determinar sin ambigüedades cómo y por qué se produjo todos los usuarios del transporte aéreo tenemos derecho a que la calidad de esa investigación y la veracidad de sus conclusiones permita adoptar medidas que mejoren la seguridad y eviten, en lo humanamente posible, la repetición de estas enormes tragedias.

Lo más importante, las vidas humanas perdidas en la tragedia, forman ya la dramática parte irreversible de este suceso. No habrá indemnizaciones, por importantes que lleguen a ser en su cuantía, que puedan compensar esa tragedia. La imagen, entre bufa y moralmente ofensiva, de ciertos profesionales buscando negocio entre las cenizas de las víctimas y el dolor de sus familiares debiera producir, no ya tanto por deontología sino por simple dignidad profesional, alguna actuación corporativa reparadora. Pero es tema menor.

En cambio, por una vez, parece de justicia reconocer que las autoridades afectadas, tanto las del sector aéreo como las instancias políticas, han estado a la altura que exigía la tragedia, y lo que conviene es animarles a que sigan estando a esa altura en la investigación técnica, en las actuaciones judiciales y en las decisiones políticas. Consciente por lo que parece el Gobierno de que la entidad del suceso desbordaba las limitadas capacidades de la titular de Fomento, el ministro del Interior, Pérez Rubalcaba, tomó el protagonismo con la ponderación, buen sentido y eficacia que le caracterizan. Su presencia ante los medios de comunicación social ha sido seria y convincente, quizá porque sus declaraciones fueron en todo momento claras y por ello, sosegadoras.

El resumen del resumen es que no es hora de acusaciones frívolas ni de afirmaciones poco fundamentadas. Ninguna imagen del suceso, ninguna presunta conversación más o menos fiable de los tripulantes, ninguna simplificación nos va a trasmitir una verdad que, como se verá al término de la investigación, será probablemente compleja y poliédrica.

Nadie devolverá la vida a los muertos, ni las indemnizaciones ?desde luego necesarias? paliarán el dolor de sus familiares. Lo verdaderamente importante es, primero, que si hay responsabilidades se depuren por el cauce judicial adecuado, y en segundo lugar, que las conclusiones de los técnicos ayuden a que los responsables del transporte aéreo puedan mejorar sus ya altos niveles, aunque no lo parezca en circunstancias como ésta, de calidad y seguridad. Tenemos muy buenos aeropuertos, compañías aéreas e instalaciones de navegación aérea. Y también excelentes ingenieros y magníficas tripulaciones que merecen nuestra confianza y aliento.

Carlos E. Rodríguez, comentarista económico de 'DiarioCrítico', fue director de Comunicación de AENA.

Carlos E. Rodríguez