Las cuentas no salen

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2019 es histórico. Desafortunadamente, no lo es porque sea el que va a cambiar el modelo productivo de Canarias; no lo es porque vaya a ser el que desparezca las enormes desigualdades que existen en esta tierra, ni porque haga disminuir sensiblemente el desempleo, ni porque produzca un mejor reparto de la riqueza.

Son unos presupuestos históricos porque no cuadran. Esto está reconocido en los escritos, no uno, sino dos, de corrección de errores en los que el Gobierno trata de remendar de aquella manera lo que no dejó previsto en el proyecto de Ley o, peor, las trampas que dejó previstas y que ahora no tiene más remedio que enmendar.

No solo no cuadran, sino que, además, incumplen con varios preceptos legales y, por tanto, no deberían tramitarse. Por un lado, la condonación de la deuda a las sociedades de estiba (Sagep), que podía haber arreglado en vía administrativa, que no deja contentos ni a los propios beneficiados, pues les hace tener que posicionar unos recursos que no tienen, para que después le sea condonado y además tributar por ello. La cuantía de esta condonación no la especifica ni la memoria económica del proyecto de presupuestos ni el propio texto articulado, lo que contraviene lo estipulado en el artículo 75 de la Ley General Tributaria (la condonación, hecha en virtud de ley, debe determinar cuantía y requisitos).

Por otro lado, los expertos valoran en 50 millones la recaudación que el Gobierno haría de entrar en vigor la exención de IGIC eléctrico, dado que las eléctricas no podrían deducirse el impuesto soportado, lo que, de hecho, afecta en mayor medida a las renovables. Pues bien, visto el plumero, a través de un escrito de corrección de errores pretende modificar el impuesto y mantener la exención para consumidores y situarla a tipo cero para las empresas. ¿Dónde está el problema? El problema está en que la consejera no dice de dónde va a sacar esos 50 millones, algo que desequilibra el presupuesto de ingresos y gastos. En otras palabras: no se sabe cómo va a quedar.

Por si esto fuera poco, el Gobierno plantea una rebaja lineal del IGIC para que el Partido Popular le apruebe los presupestos. Sin embargo, se olvida de incluir en la memoria económica el impacto presupuestario de la misma. Podríamos entender que esto es políticamente criticable, que es una irresponsabilidad sin precedentes, lo que sea. En mi opinión, se trata de una (otra) vulneración de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que obliga al Gobierno, en su artículo 27, a acompañar los presupuestos de la información precisa para relacionar el saldo resultante de ingresos y gastos.

Pregunté sobre este descuadre a la consejera, pero ella prefirió contestarme sobre Sánchez, probablemente porque no tiene respuesta.