Decreto para la prensa patrocinada

Cuando la policía detenga a un empresario amigo de este gobierno por un caso de tráfico de influencias se culpará a Juan Fernando López Aguilar. Si hay un auto de la Audiencia Provincial de Las Palmas legitimando esa detención, no se podrá publicar en prensa, radio o televisión, el que desobedeciere esta orden podrá perder el patrocinio del presupuesto público. Si algún periódico digital o alguna radio informan sobre ese auto judicial, los medios patrocinados deberán acusar a los periodistas herejes de ser portavoces de Juan Fernando López Aguilar.

Cuando una sentencia judicial absuelva del delito de desobediencia a José Manuel Arnáiz Bra y argumente que “no todo incumplimiento de una orden integra el delito de desobediencia” según doctrina del Tribunal Supremo, y también utilice como argumento que el secretario general de Transportes del Ministerio de Fomento no argumentó “los eventuales perjuicios que podían producirse si continuaba adelante el concurso restringido de la Gran Marina”. Los argumentos del juez para absolver al expresidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas se ignorarán y se insistirá en que la sentencia reviste de legalidad el concurso de la Gran Marina, también se correrá un estúpido velo sobre la anulación del concurso de la Gran Marina aprobada por el Consejo de Estado (del que formaba parte José María Aznar) y la denuncia ante las instituciones europeas presentada por el Colegio de Arquitectos. Los medios patrocinados repetirán que se perdieron más de 2000 millones de pesetas por culpa de López Aguilar. Aunque en ninguno de los 17 folios de la sentencia se analice la legalidad o ilegalidad de la Gran Marina y de sus pulseritas verdes.

Cuando el juez firme una sentencia que absuelva a Arnáiz, se dirá que el magistrado es bueno y los denunciantes son malos. Si se produce la jodida casualidad de que estamos ante el mismo magistrado que en su día ordenó detener al alcalde de Telde y a todos los concejales del Partido Popular que estaban en el gobierno municipal por delitos vinculados a la corrupción política, entonces pasemos otro estúpido velo y no recordemos esta casualidad, porque en el caso Faycán ese juez debió actuar bajo las órdenes de Juan Fernando López Aguilar y en el caso de Arnáiz redactó la sentencia por inspiración divina.

Aprovechamos este decreto para declarar secreto de Estado las obras de reforma de la residencia oficial del Presidente. También retiraremos el patrocinio a los medios que cuestionen el gasto de 20 millones de pesetas en la reforma de los cinco baños de la residencia y de varias manitas de pintura. La población debe entender que un gobierno que está batiendo el récord autonómico de cagadas por año debe contar con unos inodoros siempre disponibles para la evacuaciones de sus dignos gobernantes.

Se suprimen las subvenciones a editoriales canarias que promuevan emisoras de radio que critiquen al gobierno o insinúen que en Bananaria hay corrupción. También se prohíbe poner publicidad institucional en el periódico CANARIAS AHORA y la emisora CANARIAS AHORA RADIO. En las consejerías del PP esta orden se aplicará a rajatabla, en las de Coalición Canaria se combinará la publicación de anuncios con excepciones que se justificarán como despistes. Estas actuaciones arbitrarias irán acompañadas con una campaña de acoso y derribo al director de estos medios, pedimos la colaboración de nuestros patrocinados en esta campaña. En todos los países del mundo los sepultureros de la libertad de expresión siempre han contado con patrocinadores oficiales, Bananaria no puede ser una excepción.

Juan García Luján