Lo primero que cabe decir de forma contundente sobre estos execrables hechos es que ETA es la única y exclusiva responsable. Es la organización armada la que planificó la acción, seleccionó el lugar y la fecha, robó la furgoneta secuestrando a su propietario, colocó el vehículo en la T4 y detonó la mortal carga explosiva en la mañana del sábado 30 de diciembre. Es la banda la que ha roto el alto el fuego permanente y puesto en la picota el proceso de paz. Es ETA la que ha regresado a la senda del terror, la destrucción y el crimen después de un largo período sin atentados mortales. Es ETA la que rompe las expectativas de la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas que quieren el silencio definitivo de las armas, tras cuatro décadas de extorsión, secuestros y asesinatos.El presidente del Gobierno español ha pecado de un exceso de optimismo en torno a la marcha del proceso, tal y como expresó en unas declaraciones pocos días antes del atentado, pero de ahí a culpabilizarlo de la vuelta de ETA va un abismo. El Gobierno siguió cumpliendo con su deber de luchar contra ETA durante esta etapa; la policía continuó deteniendo a miembros de comandos; la Justicia prosiguió juzgando y condenando a etarras. No podía ser de otra manera.Por eso, son absolutamente irresponsables, demagógicas e injustas las peticiones de dimisión de Zapatero planteadas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en la concentración del pasado martes en Madrid y en otras ciudades españolas, con la activa presencia de destacados dirigentes del PP. Petición de dimisión a la que en Canarias se sumó alegremente Ignacio González, líder del CCN, con un discurso cercano al de la extrema derecha política y mediática, la que desde un primer momento ha tratado de boicotear el proceso de paz. Y que ahora, de forma mezquina, pretende sacar rédito político del atentado de Madrid. De seguirse ese modo de actuar, ¿cuántas veces habría que haber solicitado la dimisión de Aznar o de sus ministros del Interior? Que camino más equivocado.Contrasta esa actitud con la mantenida por la AVT cuando ETA rompió la anterior tregua siendo presidente del Gobierno José María Aznar, así como con el silencio de la asociación de víctimas cuando el Ejecutivo de Aznar negociaba con los terroristas y se reunía con dirigentes de Batasuna. Era la época en que el propio Aznar se refería a ese mundo como ''Movimiento Nacional de Liberación Vasco''. Entre septiembre de 1998 y septiembre de 1999, el Gobierno del PP ordenó el acercamiento de más de un centenar de presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco y permitió el regreso a España de más de 300 exiliados de la banda. Durante el Gobierno de Aznar se produjeron más de 300 excarcelaciones de etarras, unas 60 de terroristas condenados por asesinatos múltiples a penas superiores a 20 años. Algo que se pretende borrar de los libros de historia por parte de los conservadores.Asimismo, el poner más el peso en la crítica al Gobierno que en la denuncia de la barbarie de ETA contrasta vivamente con la enorme responsabilidad con que actuaron en aquellos momentos todos los partidos democráticos, que pusieron en primer plano la unidad frente al terrorismo y el apoyo al Gobierno, obviando consideraciones partidistas de cualquier tipo. Tras el mazazo del atentado de Madrid, lo primero que correspondía era solidarizarse con las víctimas, mostrar el más firme rechazo a ETA y mantener la máxima unidad entre los partidos, las instituciones y el conjunto de la sociedad civil. Y una vez hecho esto, hay que mirar inevitablemente al futuro. Porque si bien este proceso está actualmente roto, por la irresponsabilidad de ETA, por la incapacidad del mundo abertzale de hacer triunfar las tesis de predominio de la política imponiéndose sobre la organización armada, habrá que buscar nuevas vías para lograr el fin de la violencia etarra. Y en otra coyuntura, cuando se den las circunstancias propicias, entre ellas la ausencia de acciones violentas, habrá que sentarse nuevamente a dialogar. Lo intentaron, con escasa fortuna, los gobiernos de Felipe González y de José María Aznar. Lo intentó Zapatero, sin que tampoco se culminara con éxito el proceso de paz. Y lo tendrá que volver a hacer en su momento si, como digo, se dan condiciones para ello. Lo intentará, con toda seguridad, quien en su día le sustituya en la Moncloa si, por desgracia, no se llega a un fin de ETA con anterioridad y tenemos que seguir soportando su violenta presencia.Mientras tanto, el Estado proseguirá con sus acciones contra ETA en los planos político, policial y judicial. Y el Gobierno debe presentar al Parlamento una nueva estrategia contra el terrorismo que, ojala, alcance el máximo grado de consenso, una de las debilidades del proceso de paz ahora suspendido, por el empeño del PP de poner por delante intereses distintos al logro de la paz y la unidad de los demócratas, olvidando sus actuaciones en el pasado reciente y tergiversando la realidad para tratar de captar votos con un tema tan doloroso. Confiemos en que, en esta ocasión, haya suficiente altura de miras y que el deseo mayoritario de paz del conjunto de ciudadanos y ciudadanas, en Euskadi y en el conjunto de España, sea un objetivo que pronto podamos ver cumplido.(*) Román Rodríguez es diputado y presidente de Nueva Canarias. Román Rodríguez (*)