Garzón y la (in)justicia: la que está en juego… por Juan Manuel Brito Díaz

No deja de ser muy preocupante que los presuntos delincuentes del caso Gürtel -cada vez menos presuntos, según se ve en el desarrollo del juicio contra Francisco Camps-, logren sentar en el banquillo a un juez que los investiga; pero más preocupante es aún la reacción de una parte de la judicatura y que el partido que gobierna actualmente (el PP por si hay alguien que todavía anda despistado) apoye esta lamentable situación.

El juez Garzón comparece acusado en esta ocasión de prevaricación y violación de derechos constitucionales, por haber ordenado interceptar las conversaciones en prisión entre los cabecillas de la trama Gürtel -Pablo Crespo y Francisco Correa- y sus abogados, ya que había sospechas desde la policía judicial y la fiscalía anticorrupción de una posible connivencia para poner a buen recaudo 20 millones de euros sustraídos ilícitamente del erario público, que estaban en cuentas suizas. Lo que es inadmisible y lamentable, es que a un juez de la Audiencia Nacional se le pueda sentar en un banquillo haciendo caso a argumentos poco fundados, arbitrarios, ilógicos y absurdos, que tienen la clara pretensión de plantear la nulidad del proceso y dejar impunes los actos de corrupción que se han sucedido.

Y es que esta situación no se puede entender al margen de lo que implica la corrupción a gran escala, que afecta a partes importantes de las instituciones y de los actores políticos. No hay que olvidar que los negocios de Francisco Correa estaban basados en la obtención irregular de grandes contratos públicos que se produjeron en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana, ambas gobernadas por el Partido Popular desde hace años.

Ya es bien conocido que Garzón se había ido generando no mucho amigos en la carrera judicial en los últimos años, y que había muchos esperando para saldar algunas deudas pendientes. Es por ello, por lo que estamos asistiendo a una ofensiva judicial, a un ajuste de cuentas en el seno del poder judicial, y a una ofensiva política para expulsar a Baltasar Garzón y, de paso, mandar un aviso para navegantes, para jueces incómodos, que en un momento dado asuman causas de corrupción. Hasta tal punto llega el problema de la corrupción y el clientelismo político, el problema de la excesiva vinculación entre el poder judicial y los poderes políticos en nuestro modelo democrático actual.

Garzón se enfrenta, además, a otras dos causas simultáneas abiertas contra su actuación como juez, y se juega el futuro de su carrera judicial, lo que incluye la inhabilitación y, en la práctica, la expulsión de la judicatura, pero lo que ocurra en estos procedimientos trasciende al futuro del propio juez.

Esta semana, comenzará un nuevo episodio del caso Garzón. El Tribunal Supremo sentará nuevamente en el banquillo de acusados al único juez que se ha atrevido a exigir al Estado que encuentre a los desaparecidos de la brutal represión de la dictadura franquista, honrándolos, a la vez que denunciando a los responsables. Sin embargo, se quiere cerrar el caso en un acto de injusticia para las víctimas y para sus familias, lo que es una clara muestra del déficit democrático que arrastramos desde la transición.

Por todo ello, lo que realmente está en juego es la credibilidad del poder judicial español, ya muy cuestionado por la opinión pública, incluso a nivel internacional, y más concretamente la credibilidad del Tribunal Supremo, una instancia judicial de enorme peso e importancia, compuesta por miembros vitalicios, que debería estar libre de toda sospecha de parcialidad, pero que actualmente se proyecta socialmente como una casta de poder de dudosa credibilidad en sus actuaciones. Lo que está ocurriendo con Garzón es tomado por una parte importante de la ciudadanía como un asunto más que sumar al movimiento de indignación que sigue estando latente en nuestra sociedad.

Lo que suceda en los próximos días, puede ser desastroso para el futuro de la institución judicial, y por añadidura para el futuro de nuestra democracia. Viendo como se están sucediendo las cosas, como se están instruyendo las causas en el caso Garzón, es de temer que estemos ante un episodio más, esta vez protagonizado por el poder judicial, de debilitamiento de nuestro modelo democrático. La práctica de la justicia que debe sustentar una democracia, se debe basar en el principio de igualdad ante la ley, pero también en el hecho de que las decisiones que se tomen deben ser sólidas desde el punto de vista argumentativo. Si una parte importante de la ciudadanía, en su mejor esfuerzo, no ve como justa, razonable y comprensible una decisión judicial, esta pierde capacidad de ser aplicada y su trascendencia social es muy cuestionable. En una democracia no sólo debe aplicarse la ley sino, además, debe verse que se ha hecho justicia. La crisis de credibilidad del sistema judicial parte de la opinión muy extendida de que la actuación judicial no trata a todos los ciudadanos por igual, y que se están cometiendo muchas torpezas e injusticias en la aplicación de las leyes, sobre todo en lo que tiene que ver con casos de corrupción política. Más allá de lo que ocurra en estas semanas con el juez Garzón, nuevamente es la calidad de nuestra democracia la que está en juego.

* Miembro de acciónenred-Canarias y promotor de la Red ciudadana Democracia en movimiento

Juan Manuel Brito Díaz*