El Gobierno canario apuesta por la ilegalidad

Recordemos. El Cabildo Insular de Lanzarote bajo el mandato de D. ª Manuela de Armas, preparó y presentó al Consejo de la Biosfera de la isla, un muy pormenorizado estudio y propuesta de ley para intentar dar solución a las hasta veintidós ilegalidades que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias había sentenciado en respuesta a sus demandas. (Recordemos también, a estos efectos, la nunca bien reconocida defensa del Medio Ambiente hecha por la Fundación César Manrique). Además, es de destacar que esta propuesta se hizo con luz y taquígrafos, arrumbando la tradicional estrategia del chalaneo a escondidas, tantas veces denunciada por el vilipendiado Cuadernos del Sureste

Dentro de los veintidós casos, había enormes diferencias, desde los más desvergonzados (ocupación de espacios verdes, de viales, afección al dominio público marítimo y sus servidumbres, aumento de edificabilidad, incremento de alturas?) hasta casos menos lesivos para el conjunto de la sociedad (excesos sobre los límites máximos de camas establecidos por el Plan Insular). Y en todos ellos, los promotores habían actuado en contra de la legalidad vigente, faltándole al respeto a toda la sociedad conejera (afortunadamente muy sensibilizada en la vital defensa de sus recursos naturales) y, en mayor medida si cabe, al resto de promotores honestos que se atuvieron a la legalidad y que no apostaron por construir contra la ley y la sociedad.

La clase dominante conejera supo, desde el primer momento, que si perdía esta batalla ante los intereses superiores de toda la sociedad isleña, más nunca volvería a dominar la isla como hasta ahora. De ahí que se empleara a muerte y forzara mociones de censura en Cabildo y Ayuntamientos, obligando a la clase “dirigente” política (en el límite, comprándola) con alguna excepción, a tragarse los sapos y a que asumiera su absoluta subordinación.

Por eso, en el Cabildo se producía un distanciamiento de sus propuestas anteriores. Aquellas que se centraban en que “los que se saltan la legalidad, tienen que recibir una lección de quienes defienden la civilización”. Y que tendrán que pagar, con derribos en su caso, o con aportaciones de suelo para descalificar y compensar al conjunto del pueblo de Lanzarote.

Al tiempo una nueva Ley de Medidas “Urgentes”, la segunda, se cabildeaba por la clase dominante conejera, bien compinchada con las fuerzas parlamentarias PP y CC mayoritarias. Llevando hasta el paroxismo todas las trapisondas y marrullerías legales, hasta las inimaginables, para resolver el tema a favor de los ilegales condenados por el TSJC.

Por eso, ahora, el consejero de Política Territorial tiene que buscar una explicación a su barbaridad, invocando la mejora de la cualificación de la oferta turística. Pero hay que recordarle que la calidad de una sociedad se mide, en primer lugar, por su grado de civilización. Y que apoyar las ilegalidades es el mayor deshonor en el que puede quedar enterrado cualquier político. En cuanto al incremento del empleo, que también se utiliza con el fin de legitimar la medida, hay que aclarar que el que se cree en estos hoteles, va a ser a costa del que se destruya en otras instalaciones conejeras, habida cuenta del exceso de oferta insular.

De otra parte, el consejero dice que “no le consta que haya establecimientos que se vean obligados a derribar algunas plantas de más o a retranquear parte de lo construido”. Pero el consejero sabe de sobra y pretende olvidarse de que los técnicos redactores del Informe del Cabildo, entonces presidido por D.ª Manuela de Armas, hicieron una propuesta de ley de Regularización en colaboración con los técnicos de la propia Consejería, buscando una solución decente al asunto, que diferenciara los niveles de vulneración y atendiera al interés general

A todas estas hay un hecho bochornoso. La sobreexcitación visible del Gobierno de Canarias (haciendo leyes urgentes y promoviendo mociones de censura) defendiendo a estos ilegales, contrasta de forma indecente con el tratamiento que reciben los ciudadanos corrientes de un montón de emplazamientos costeros (Cho Vito, El Berrugo?.) donde la piqueta entra sin piedad.

Un gobierno que legitima a los de cuello blanco (es un decir) y que machaca a los de mono azul, está dejando detrás de sí un rastro de impudicia y desolación. Y está apostando por el enfrentamiento social, la desconfianza más enfermiza y el más demoledor de los individualismos insolidarios.

¿Cómo permitimos que la indecencia impere entre nosotros?