De lo legal y lo legítimo

Para empezar, nadie niega la legalidad del Gobierno paulinés como quiere Soria que creamos. La mentira es su arma predilecta. La cuestión no es de legalidad, que la tiene, sino de calidad democrática, de la que escasea y que no es materia del Constitucional. Es un Gobierno legal, sí, pero también es cierto que se ignoraron los votos de más de 100.000 canarios que quedaron sin representación parlamentaria y al margen de la formación del Ejecutivo. Ese es el asunto.

Podrá decirse, con razón, que unos ganan y otros pierden, que así es el juego. Sin embargo, resulta tremenda anomalía, por ejemplo, que en Gran Canaria obtuviera ATIcc un acta de diputado con 50.000 votos menos que Nueva Canarias (NC), que no consiguió entrar en la cámara. Tampoco es de recibo que los votos de los canarios no tengan el mismo valor al depender de en qué isla se emiten. Es justo evitar que las islas más pobladas arrollen a las periféricas, pero no a cambio de una nueva injusticia. Aparte de que dudo del afán de tutelar a las islas no capitalinas cuando, por otro lado, se les priva de voz al disponerlo todo de modo que sus partidos propios se vean forzados a integrarse en formaciones regionales, que los condicionan y al final son las que deciden. No es preciso insistir, aunque a veces lo parezca, en que las deficiencias de representatividad degradan la democracia y hasta dejan sin sentido al sistema. No puede esperarse de los excluidos y maltratados apego a las instituciones.

El alegato a favor de tal legalidad poco representativa se basa en que los psocialistas apoyaron la ley electoral en su día. Creo recordar que incluso la promovieron para evitarse el dolor de cabeza de los pequeños partidos insulares. Un argumento que sólo sirve para poner al PSC ante las consecuencias de aquel torpe oportunismo en que prevalecieron los intereses partidistas del momento sobre la realidad sociopolítica canaria derivada de su constitución física de archipiélago. Grave pecado de quienes mantienen la vitola federal.

En resumidas cuentas: CC aprovechó la ley electoral para enrolar a los partidos insularistas y reforzar los caciquismos locales. Resultó CC la principal beneficiaria, en lo que Mauricio se abría a la derecha pepera compinchado con ATI para que lograra hegemonizar CC. Y mientras los psocialistas cazaban mariposas, la derecha se reencontró en CC-PP, una vez depurada la coalición nacionalera de querencias izquierdosas, hasta el punto de que Soria, que abominó en tiempos de la norma electoral y prometió dar la batalla de su reforma, hoy la defiende. Como defiende la tele autonómica y la guanchancha, a las que también denostó.

Es verdad que en un pacto las partes han de ceder para facilitar el acuerdo; aunque deban tragarse un sapo cada mañana. Comprendo que Soria tascara el freno, no que se convirtiera en valedor de lo que poco antes denostaba. Pero él es así. En lugar de entretenerse con lepidópteros y otras evanescencias, como los psocialistas, Soria descubrió cuanto le convenía la confluencia en CC-PP y tras romper con CC, se atorró en el Cabildo grancanario postergando los intereses de la isla frente al suyo de no incomodar a los áticos a la espera de tiempos mejores.

Si la sorprendente victoria de Zapatero en 2004 detuvo la confluencia primera de la derecha maquinada por Mauricio, que quedó en ensayo general frustrado al echar Adán al PP del Gobierno, Paulino la puso en escena ofreciendo una nueva ilustración del fracaso autonómico, tan patente que ni capacidad tienen los mandamases para parchear la norma electoral, mejorar la representatividad y tirar un tiempito más. No le conviene tocar nada al poder real al que sirven los políticos: ¿Hay que recordar las leyes urbanísticas? ¿O la de desprotección de las especies para colar el puerto de Granadilla? ¿O el PGO santacrucero que no por estar en otro ámbito impide entrever quien manda? ¿O lo ocurrido en Lanzarote? Dicho sea por mentar lo más reciente.

Entre un PSC autodescabezado y un penoso Gobierno quiere terciar Soria de aspirante a la presidencia. Carlos Sosa invita en su blog a sumar los euros que nos han costado a los canarios, a los grancanarios, sus caprichos y despropósitos gestores; desde La Favorita hasta los 75 millones de la potabilizadora de vapor que irá a la chatarra, pasando por Isolux, el Canódromo, etcétera. Sumé 215 millones de euros, de los que 90 corresponden a sentencias condenatorias del Ayuntamiento de Las Palmas por decisiones suyas y de su ex presa, tan falta ella de aguas como el embalse que ya saben antes de que lloviera. Esa cantidad de euros alcanza casi los 46.000 millones si le aplicamos el patrón de las antiguas pesetas. No enumeraré otros asuntillos suyos por razones de espacio. Sí afirmo, en cambio, que si aspira a presidir Canarias y se barajan seriamente sus opciones, algo no fulula aquí.